Lo ocurrido el pasado día 21 en Bruselas es un anuncio de la radical disminución que van a sufrir las ayudas europeas que España viene recibiendo, según Luis Miguez.

TIERRA Y MAR
El nuevo Gobierno socialista español, que defiende el retorno de nuestro país al alineamiento con el eje franco-alemán como base de su política exterior, rectificando el giro atlantista llevado a cabo por el Presidente Aznar, se ha topado nada más tomar posesión con la primera lección de política europea: el Consejo de la Unión ha aprobado una nueva regulación de los mercados del aceite de oliva, del lúpulo, del algodón y del tabaco gravemente perjudicial para nuestros agricultores.

Es inútil, además de pueril, tratar de endosarle la culpa al Gobierno anterior. La opinión pública debe saber que el complejo juego negociador que precede a las reuniones del Consejo de la Unión tiene un objetivo fundamental, determinar qué decisiones se pueden tomar por consenso y cuáles son controvertidas. En relación con estas últimas, lo único que al final vale es llevar a la reunión del Consejo las ideas claras y una posición firme. Por tanto, toda la responsabilidad de lo ocurrido el pasado día 21 en Bruselas recae en la nueva Ministra de Agricultura.

Lo que ha ocurrido no es más que un anuncio de la radical disminución que van a sufrir las ayudas europeas que España viene recibiendo, debido a dos motivos. Por una parte, la reforma de la política agraria común, por las presiones a favor de la liberalización del comercio internacional, que la Unión se ve cada vez más incapaz de resistir. Por otra parte, la adhesión de diez nuevos miembros a la Unión, que se producirá este sábado 1 de Mayo, y que significará para España el final de buena parte de los fondos de desarrollo regional, dado el menor nivel de renta y desarrollo de los nuevos socios.

Estas circunstancias hacen inviable el “decíamos ayer” que en política exterior en general y en política europea en particular ha anunciado el nuevo Gobierno socialista. En otras palabras, no es posible volver a la época de los Gobiernos de Felipe González, cuando España iba a remolque de Francia y Alemania a cambio de cuantiosas ayudas comunitarias, por la sencilla razón de que esta contrapartida ya no puede sernos ofrecida.

Cuando se negoció el Tratado de Niza, que trató de adaptar las instituciones de la Unión Europea a la ampliación que hoy se hace efectiva, yo manifesté públicamente mi opinión de que España tenía que empezar a cambiar su mentalidad en relación con el proceso de integración, abandonando el europapanatismo subsidiado hasta entonces imperante. Puesto que la pérdida de ayudas europeas era inevitable, había que compensarla exigiendo una cuota de poder acorde con nuestro peso económico, histórico y cultural.

La negociación que emprendió el Gobierno del Partido Popular en Niza siguió esa dirección y se consiguió un compromiso, a la par con Polonia, bastante favorable para nuestros intereses. El ulterior bloqueo por nuestro país del nuevo Tratado de la Unión, llamado “constitucional”, no fue más que la defensa de lo conseguido en Niza.

Es de desear que, a la vista de esta primera y dura lección de política europea, el nuevo Gobierno socialista medite sobre lo absurdo de sus planteamientos acerca de la Unión Europea y descubra que en ésta, como en todas las demás escenas de la política internacional, cada Estado defiende ante todo y sobre todo sus propios intereses nacionales. En especial, habría que evitar cuidadosamente manifestaciones como las que el Ministro de Asuntos Exteriores Moratinos repite una y otra vez, anunciando el propósito del Gobierno español de desbloquear la aprobación del nuevo Tratado de la Unión mediante la cesión sin más a las pretensiones franco-alemanas.