La prosperidad o pobreza de una nación no se explica por los genes de sus habitantes, ni por su cultura, su religión, su raza o sus recursos naturales, sino que está determinada por el sistema filosófico, político y jurídico que rige a la sociedad que la conforma.

Denis Pitté Fletcher
La decadencia incesante que comenzara a recorrer nuestro país a partir de
mediados del siglo XX, ha despertado el interés de filósofos, políticos,
economistas, juristas y, sobre todo, del ciudadano argentino que ensaya una y
otra vez diversas explicaciones para explicar lo aparentemente
inexplicable.

Varios ensayos se han elaborado para explicar el ascenso y
el descenso de la Argentina, comenzando por la famosa invocación de la “pampa
húmeda” como determinante de la riqueza experimentada en los primeros setenta y
cinco años de historia a partir de Caseros.

Se trata éste de un
argumento falaz, a poco que se considere que Rusia tenía mucha más y mejor pampa
húmeda que la Argentina y, sin embargo, jamás logró salir de la pobreza extrema.


Además, este argumento nos llevaría a la conclusión, también falaz, de
que la Argentina comenzó a decaer porque la pampa se secó… Aquí viene bien
recordar lo que dijera Armando Ribas, en el sentido de que los recursos
naturales, mientras son naturales, no son recursos.

Obsérvese,
finalmente, que Japón se construyó a partir de una gran roca sin pampa húmeda, y
actualmente es uno de los países más ricos del mundo. También Chile, entre
nosotros, que con una franja inerte ha comenzado a recorrer el camino del
desarrollo y la prosperidad.

Otro tópico común es el de adjudicar el
altísimo grado de crecimiento de los Estados Unidos –el país más avanzado del
planeta– a su religión protestante y a su raza anglosajona. Otra falacia
descomunal, que se demuestra con el simple expediente de observar que la
Argentina llegó a ocupar el séptimo lugar entre las naciones, y no fue
construida por los WASP sino por gallegos y católicos.

También
observando que cuando los países de raza anglosajona y religión protestante
cambiaron sus principios filosóficos de gobierno, como es el caso del laborismo
en Inglaterra y del manicero Carter en los Estados Unidos, su decadencia no se
hizo esperar y no hubo religión ni raza que la detuviera.

Otro argumento
al que se suele acudir es el que adjudica a la cultura de los pueblos, a su
idiosincrasia, la razón de su riqueza o de su pobreza, olvidando que, tal como
dijera Paul Johnson, culturas puede haber muchas pero civilización hay una sola,
y ésta se da en donde se respetan los derechos individuales.

Una misma
cultura puede tener dos destinos completamente distintos, como las dos Alemanias
de posguerra, donde la caída del Muro de Berlín dejó al descubierto la prueba de
laboratorio más contundente de todos los tiempos: de un lado el sistema de las
garantías de los derechos individuales; del otro, el sistema de los derechos
sociales.

Todo lo cual nos lleva necesariamente a concluir que no está en
los genes de los individuos que conforman ese universal denominado pueblo, ni en
su cultura, ni en su religión, ni en su raza, ni en su suelo, la razón que
explica el comportamiento de esos individuos dentro de un determinado
territorio, ni la razón que explica el avance o retroceso de sus economías
nacionales.

Es bastante obvio que esa razón se encuentra en el sistema
filosófico, político y jurídico que rige a una determinada sociedad, y que los
individuos adaptan su conducta a ese sistema que los rige. Tal como señaló en su
“Tratado de la naturaleza humana” David Hume –ante quien debiéramos
descubrirnos– toda ciencia social debe partir de la ciencia del hombre, es
decir, del conocimiento de la verdadera esencia del ser humano. Sabiendo cómo
sienten y actúan realmente los hombres es que se deben diseñar las instituciones
sociales, en lugar de partir de una teoría idealista del ser humano –el famoso
“hombre nuevo” que lo único que logró es el asesinato de millones de “hombres
viejos”– para luego pretender que esas acciones encajen en ella.

¿Qué
motiva voluntariamente a los hombres a emprender actividades tendientes a
producir bienes y servicios, a generar fuentes de trabajo? ¿Lo hacen por amor al
prójimo, por solidaridad, o por la ambición egoísta de mejorar su propia vida?
Sobre la respuesta a esta pregunta se han montado dos sistemas filosóficos
antagónicos y antitéticos: el primero, derivado de Rousseau y la Revolución
Francesa, con vértice en el idealismo y el nazismo; y el segundo, derivado de la
Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688 y la Revolución Norteamericana de 1787
–al que adhirió la Constitución argentina de 1853– que, con vértice en el
realismo, generó sistemas de libertad, de tolerancia, de respeto por la
propiedad privada y de seguridad jurídica. El primero, fundado en la envidia; el
segundo, en el propio interés. El primero parte de un hombre que no existe ni
existirá, en tanto que el segundo parte de la percepción realista de la
falibilidad del hombre.

Juan Bautista Alberdi lo dijo sin ambages: “Los
pueblos del Norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de sus
gobiernos, sino al poder de sus individuos. Son el producto del egoísmo más que
del patriotismo…” Es cierto que al propio interés deben fijársele límites para
ser compatibilizado con otros valores, pero no a costa de pretender eliminar ese
poderoso motivador de la creatividad y el emprendimiento pues en esto, como en
ningún otro caso, es peor el remedio que la enfermedad. Fue John Locke en su
“Segundo ensayo sobre el gobierno civil” quien aportó un concepto de vital
importancia, contrariando anticipadamente a toda la vertiente
romántica-rousseauneana-hegeliana-kantiana-marxista sostenedora de la falaz idea
de que en el pueblo se encuentra la concupiscencia y la eticidad en el gobierno,
criterio con el cual se le debe traspasar todo el poder al gobierno y que
desembocara en los totalitarismos europeos del siglo XX.

Locke observó
esta obviedad: que la falibilidad no sólo está en el hombre común sino también
en los gobernantes, y de allí derivó la idea de limitar su poder. Gran Bretaña
recogió este principio en la Revolución Gloriosa de 1688, y los Padres
Fundadores de los Estados Unidos en sus escritos y en la Constitución de 1787.


También, entre nosotros, Alberdi y la Constitución de 1853, de la mano
de Urquiza. Esta idea del límite al poder y del consiguiente respeto por los
derechos individuales –específicamente el derecho a la vida, el derecho a la
libertad, el derecho de propiedad, y, a mi juicio el comprensivo de todos éstos,
el derecho a la búsqueda de la propia felicidad–, es la clave para que una
determinada sociedad civil dentro de un territorio también determinado logre
alcanzar los máximos niveles posibles de prosperidad y felicidad individual.


Y el límite al poder debe abarcar también al poder de las mayorías,
pues, tal como dijera Madison, cuando el individuo está sometido al arbitrio de
las mayorías se ha vuelto al estado de naturaleza en que el más débil está a
merced del más fuerte. Realidad ésta también advertida por Lord Acton: “lo que
el esclavo es en manos del amo, el ciudadano es en las manos de la
comunidad.