En el curso de la presente semana se realizó en la ciudad de México un interesante foro internacional patrocinado por la Unesco denominado “Gobernabilidad democrática y libertad de expresión en América Latina”, al cual tuve oportunidad de asistir invitado por el señor Alejandro Alfonso, consejero de comunicación de ese organismo internacional.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
En el curso de la presente semana se realizó en la ciudad de México un
interesante foro internacional patrocinado por la Unesco denominado
“Gobernabilidad democrática y libertad de expresión en América Latina”, al cual
tuve oportunidad de asistir invitado por el señor Alejandro Alfonso, consejero
de comunicación de ese organismo internacional.

Este importante evento
se llevó a cabo con motivo del día mundial de la libertad de prensa y contó con
representación de diferentes países, en particular de los situados al sur del
Riogrande.

Cuando el foro estaba iniciando sus deliberaciones se conoció
la estadística divulgada por el Comité de Protección a los Periodistas, en el
sentido de que nuestro país es, después de Filipinas e Irak, el más peligroso
para el ejercicio de la labor de comunicador. La cifra es pavorosa: en
Filipinas, 18 periodistas fueron asesinados a partir del año 2000, en Irak,
trece y en Colombia, 11, todos ellos por informar sobre la corrupción, el
narcotráfico y actividades delictivas de organizaciones al margen de la ley.
Reporteros sin Fronteras ha manifestado su preocupación por la situación de los
periodistas colombianos y el respeto a la libertad de expresión en Colombia. En
nuestro país, según dicha ONG, fue asesinado en el 2004 el periodista Óscar
Alberto Polanco, tres comunicadores fueron secuestrados, 28 agredidos y 25
amenazados, lo que se ha convertido en una constante.

La mayoría de los
crímenes contra los periodistas siguen en la impunidad. No es necesario citar a
todos los que han caído en los últimos años como mártires de esta labor de
informar, y cuyos nombres están escritos en el mural de la infamia contra el
periodismo colombiano, para darnos cuenta de la amenaza. Se estima que en
Colombia 114 periodistas han muerto en ejercicio de su labor y la situación
continúa, pues las organizaciones violentas siempre tratan de imponer la ley del
silencio, con intimidaciones en algunas oportunidades y en otras, como es el
caso de la corrupción, con halagos de diversa índole para callar o comprar la
opinión y la voluntad de los comunicadores.

De allí que sea fundamental,
para contrarrestar este grave problema, la garantía de la participación y el
control ciudadano de las actuaciones públicas como fuente primigenia de lucha
contra la corrupción estatal y de los hechos que tienen repercusión social, como
los desplazamientos forzados, el abuso del poder y la cultura del secreto que es
en últimas lo que más favorece este ambiente de silencio cómplice.

Por
ello me he propuesto impulsar en el Congreso Nacional la Ley de acceso de los
ciudadanos a la información pública, que se basa en los estudios y experiencias
de la Unesco en América Latina realizados por el señor Alejandro Fuenmayor
E.

Este proyecto se identifica con el número 154 de 2004 y pretende, como
se señala en su artículo primero, establecer los principios, bases y
procedimientos que deben regir y garantizar el derecho constitucional del
ciudadano al libre acceso a la información, así como desarrollar las normas que
deben asumir las personas vinculadas al servicio público, garantizando la
participación ciudadana en el control del manejo adecuado y transparente del
patrimonio público del Estado.

En el artículo 10 del proyecto se
garantiza el ejercicio de la labor de periodista y por tal razón se declara que
“en virtud del carácter fundamental y primordial que representan los medios de
comunicación social, es inviolable el derecho de buscar, recibir y difundir
informaciones y por ello éstos deben recibir apoyo por parte de los servidores
estatales y de los órganos y entes de la administración pública que dirigen y
representan. En consecuencia, se reconoce de manera expresa y primordial la
legitimación de los medios de comunicación social, de sus comunicadores y
periodistas al libre acceso a Ia información pública”.

Pero aparte de
esto considero que la labor del comunicador debe ser prohijada, guardada y
preservada por todos sus estamentos, por la sociedad entera, no sólo como
declaración y realización del derecho fundamental a informar y ser informado,
sino, además, como garantía de conservación de los principios fundamentales del
modelo de sociedad democrática.

En donde quiera que no haya oportunidad
de proporcionar abundante información, que permita una opinión pública
ilustrada, no hay democracia y por ello los colombianos debemos procurar que se
ejerza con la más absoluta libertad, sin presiones ni restricciones sobre la
expresión, bien sea de tipo político, económico o de otra índole, como condición
indispensable y básica del estado social de derecho.

Fuente:
El Colombiano