En México, donde 45 por ciento de su población vive con menos de dos dólares al día, un funcionario utilizó 12.500 dólares de la firma estatal que dirige para pagar una liposucción a su esposa, la casa presidencial compró un juego de sábanas en 5.300 dólares y un diplomático abonó 11.700 dólares por seis colchones y siete almohadas.

Esos gastos son algunas de las perlas del despilfarro, que muchas veces llega a
la corrupción, descubiertas en los círculos cercanos al presidente Vicente Fox
durante su gestión de tres años y 10 meses.

Aunque no hay ninguna
evidencia que involucre al mandatario en esos actos, opositores y analistas
sostienen que los casos demuestran el descontrol que existe en materia de gasto
público.

El gobierno “perdió hasta la estética” en materia de
corrupción, declaró a IPS el historiador Lorenzo Meyer, al comentar el caso de
la liposucción practicada a la esposa del director de Pemex (Petróleos
Mexicanos), Raúl Muñoz, y que fuera pagada con dinero público, según publicara
el lunes el diario local Reforma.

Aunque Muñoz afirmó que devolvió a
PEMEX el dinero de las cirugías de su esposa, entre los opositores a Fox
surgieron pedidos para que renuncie el funcionario involucrado y se efectuaron
duras críticas contra el gobierno por su presunta incapacidad para controlar los
gastos de sus colaboradores.

Fox, quien dijo estar investigando el caso
de Muñoz, llegó a la presidencia en diciembre de 2000 portando como uno de sus
estandartes la lucha contra la corrupción, mal que los gobiernos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de 1929 a 2000 transformaron en moneda
corriente, según lo indican diversos estudios.

“Desde el inicio de mi
gobierno establecimos tareas de recuperación de la confianza ciudadana en el
gobierno, una confianza que había sido destruida por un pasado de corrupción e
impunidad, por un pasado de ineficiencia”, señaló Fox en una conferencia que
dictó el martes ante estudiantes de Canadá, en el marco de una vista de dos días
a ese país.

En el último índice de percepción de corrupción divulgado
por la organización Transparencia Internacional, México recibió una calificación
de 3,6 sobre 10, la misma de 2003, lo cual lo ubicó entre los países donde ese
problema es considerado aún grave.

Estudios del capítulo local de esa
organización, con su sede mundial en Alemania, afirman que entre octubre de 2002
e igual mes de 2003 se registraron 101 millones actos de corrupción en el uso de
servicios públicos en México. Además, indican que por esa vía los ciudadanos
desembolsaron más de 950 millones de dólares.

Las estimaciones fueron
hechas por Transparencia Mexicana con base en el cruce de diversas encuestas y
estudios.

Aunque exista interés real de luchar contra la corrupción,
escándalos como el caso del director de PEMEX y otros anteriores, sobre los que
la presidencia mexicana no reacciona rápido ni con contundencia, desacreditan
los esfuerzos del gobierno, sostuvo Meyer.

Arturo González, jefe de la
estatal pero independientes Auditoria Superior de la Federación (ASF), declaró
que México no ha logrado avanzar en el combate contra la corrupción a pesar de
los esfuerzos del gobierno federal en los últimos cuatro años.

La
administración pública en México está sometida a prácticas que impiden la
modernización por inercias burocráticas, discrecionales de todo tipo e
ineficiencias “que alientan la corrupción en todas sus expresiones”, sentenció
González.

Para luchar contra la corrupción, en la gestión de Fox se puso
en marcha una ley para transparentar la información pública, otra que regula los
ascensos y permite evaluar a los funcionarios públicos y varios acuerdos para
obligar a que rindan cuentas todos los organismos del Estado y los que reciben
su dinero.

Además abrió en la red mundial de computadoras (Internet) una
sitio donde se pueden consultar todas las compras que hace el gobierno y se
suscribieron varios acuerdos internacionales para combatir la corrupción.


Hay un discurso correcto desde el gobierno contra la corrupción y es
posible que sí se esté atacando el problema, pero los escándalos que tocan al
círculo presidencial dejan un mal sabor de boca, dijo a IPS Norberto Carrillo,
consultor empresarial que asesora a firmas que hacen negocios con organismos del
Estado.

En junio de 2001, cuando el gobierno de Fox apenas cumplía un
semestre, medios de comunicación locales revelaron que como mensaje de la
presidencia de México se había comprado un juego de sábanas por 5.300 dólares y
de toallas por 400 dólares.

En medio de contradicciones de funcionarios,
entre ellas las del propio Fox, que admitieron que esas compras aparecían en las
cuentas del gobierno pero que no se habían concretado, el caso despertó un gran
revuelo.

Por ese caso, bautizado por la prensa local como “toallagate”,
renunciaron Carlos Rojas, a su cargo de presidente del Comité de Adquisiciones
de la Presidencia, y otros funcionarios menores. Las compras de toallas y
sábanas finalmente nunca se hicieron, según afirman funcionarios del gobierno.


A fines de 2003 saltó otro escándalo. Se trató entonces de las compras
onerosas de mobiliario para la sede en París de la misión diplomática de México
ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.


Según se supo, el entonces embajador mexicano ante ese organismo, Carlos
Flores, erogó 11.700 dólares para adquirir seis colchones y siete almohadas para
la residencia diplomática. A ello agregó una plancha eléctrica de 500 dólares,
un sacacorchos de más de 300 dólares y una máquina de lavar ropa de 6.000
dólares, entre otras compras.

Como en el caso precedente y otros, el
presidente Fox minimizó los hechos y dijo que se investigarían. Finalmente el
embajador fue removido del cargo, pero las compras quedaron hechas.

Un
caso en el que el gobierno sí reaccionó con contundencia fue el de Guido
Belsasso, ex comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones de la
Secretaría de Salud.

Belsasso fue despedido en agosto de 2003 tras la
publicación de un reporte en el que se señaló el presunto uso de influencia de
ese funcionario para conseguir negocios paralelos en beneficio suyo y de su
familia.

Fuente: Agencia de Noticias IPS