Un grupo independiente de 30 personalidades de Canadá, EEUU y México ha venido trabajando en un ambicioso y controvertido proyecto para la creación de una “comunidad económica y de seguridad para América del Norte”, la que debería constituirse antes del año 2010.

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Este esfuerzo es auspiciado por organizaciones no gubernamentales ni partidistas: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; el Council on Foreign Relations de Nueva York, y el Canadian Council of Chief Executives.

Presiden el grupo de trabajo un nacional de cada país: John Manley, anterior viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Canadá; William F. Weld, ex gobernador de Massachusetts y subprocurador de Justicia de EEUU, y el ex secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, secundados por otros vicepresidentes del grupo que son, en el mismo orden por país de origen: Thomas P. d`Aquino, Robert A. Pastor y Andrés Rozental.

El proyecto completo para lograr “una nueva” y peculiar comunidad será presentado por sus autores en abril próximo, pero el lunes pasado se lanzó una declaración tripartita, suscrita por los presidentes del grupo, contenida en un documento de 11 páginas. El objetivo de este anticipo es obvio: hacer llegar públicamente a los presidentes Fox y Bush, así como al primer ministro Paul Martin quienes se reunirán en Texas el 23 del mes en curso, la idea de que se construya una “comunidad económica y de seguridad (de América del Norte) antes de 2010”, que tendría el objetivo de “aumentar la seguridad, la prosperidad y el bienestar de todos sus habitantes”.

Es poco probable que tal declaración tenga repercusión evidente en los resultados de la cumbre de Texas, pero el documento prometido para esta primavera recogerá también lo que de allí salga. En su declaración del lunes, los ex funcionarios públicos que encabezan las deliberaciones del grupo señalan que los países de América del Norte tienen tres desafíos comunes básicos: amenazas a la seguridad que, por la interdependencia existente, exigen el cuidado conjunto de las fronteras externas de la región; la necesidad de elevar regionalmente la competitividad y el interés compartido en el desarrollo de la región, lo que significa no permitir la existencia de un socio pobre al lado de dos ricos, pues ello acentúa el problema migratorio, con sus secuelas de criminalidad y violencia.

“Como América del Norte escriben los promotores del proyecto es muy distinta a otras regiones del mundo”, el tipo de comunidad que se pretende es también diferente al de otras experiencias, por ejemplo la de la Unión Europea, ya en camino de la integración supranacional. Su visión es la de una América del Norte compuesta por “tres estados soberanos cuya colaboración refleje su interdependencia mutua y el respeto a sus diferencias”. Se trata de crear “un solo espacio económico” y “una zona de seguridad” mediante la cual se proteja a la región de amenazas externas; ello sin entorpecer el legítimo tránsito “de bienes, personas y capital”.

Para lo anterior se hacen “seis recomendaciones clave”: crear instituciones mínimas, pero necesarias para sostener una comunidad de América del Norte; un plan de acción único para las fronteras de la región, que incluye armonizar las políticas de visa, asilo y otras similares, ampliar la cooperación en la aplicación de la ley (contra terrorismo, adiestramiento conjunto de policías, etcétera) y en los temas de defensa; adoptar un arancel externo común (es decir, crear una unión aduanera); estimular el desarrollo económico de México (no puede haber comunidad si el ingreso de EU es casi seis veces mayor que el nuestro); desarrollar una estrategia conjunta de seguridad energética y de recursos naturales, y fortalecer los vínculos educativos.

Es una idea que provocará controversias y cuya viabilidad política se antoja escasa. Por ejemplo, el gobierno de EU ratifica cada día sus señales en cuanto a dar marcha atrás a sus compromisos internacionales, incluso aquellos que antes avalaba, promovía y desde luego aprovechó, como el caso del protocolo opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que permite a la Corte Internacional de Justicia de La Haya establecer jurisdicción cuando hay disputas entre signatarios de la misma. Cuando ganaba las controversias, o si le servían como en el caso de los rehenes estadounidenses en Teherán (1979), EEUU no protestaba, pero ahora alega que se abusa del derecho de detenidos extranjeros de acudir al auxilio de sus consulados, y que eso abre la puerta a fallos internacionales para que se revisen sentencias, en particular las de pena capital.

Esta “pequeña” denuncia de un protocolo que no de la Convención es muy grave para los emigrantes mexicanos a EEUU y hace ver la casi imposibilidad de que los estadounidenses aprueben una comunidad donde haya libertad de movimiento de mano de obra.
En México habrá muchos reparos a este proyecto, pero es peor que no haya ideas para el largo plazo; y aunque la izquierda rechaza el TLCAN, no logra articular otras opciones, ni siquiera la de una ilusoria integración con Latinoamérica.