El autor sostiene que las leyes de inmigración de EEUU no allanan el camino legal para que los ilegales puedan ocupar, aunque sea temporalmente, los trabajos que los nativos rechazan. El resultado es una inmigración ilegal generalizada.

Inmigración
Al final de la cumbre de la APEC realizada el mes pasado en Santiago de Chile,
el presidente Bush dejó en claro que planea usar una porción del “capital
político” acumulado en el día de las elecciones para persuadir al Congreso que
establezca reformas migratorias reales. Hacer la reforma migratoria una
prioridad durante su campaña y su primer periodo presidencial fue un cálculo
sagaz. Su reelección provee un mandato a presionar por cambios que ayudarán a
muchas personas que desean trabajar en los Estados Unidos y, si la historia nos
sirve de referencia, aliviar el verdadero problema de la inmigración ilegal.


En enero pasado, bajo cierto riesgo político, el presidente pidió al
Congreso reformar el sistema disfuncional migratorio de EE.UU. Específicamente,
el presidente propuso una visa temporal de trabajo para trabajadores nacidos en
el extranjero que deseen llenar puestos de trabajos que los estadounidenses
típicamente evitan, y a la vez legalizar millones de inmigrantes indocumentados
pacíficos y trabajadores que se encuentran actualmente en EE.UU. El presidente
reafirmó su apoyo durante los debates presidenciales.

La propuesta no
fue simplemente una estratagema política para ganar votos hispanos. Desde los
días en que era gobernador de Texas, Bush ha alabado las contribuciones sociales
y económicas de los inmigrantes mexicanos. Por supuesto, la política juega un
rol importante. Las reformas migratorias son populares entre los hispanos, un
segmento de alto crecimiento en la población, que se ha vuelto la minoría más
grande en EE.UU. Mientras que los hispanos tienden a votar por los demócratas,
republicanos astutos tales como Karl Rove, desde hace tiempo se han dado cuenta
que los republicanos necesitan atraer a los votantes hispanos si desean
mantenerse competitivos en las elecciones nacionales.

Los conservadores
opuestos a la inmigración ven peligro en lugar de oportunidades en el voto
hispano. Por años ellos han alegado que millones de nuevos inmigrantes hispanos
se volverán inevitablemente en leales votantes demócratas, relegando al partido
de Reagan a un estatus minoritario permanente. Durante gran parte del 2004,
ellos rechazaron la iniciativa presidencial sobre inmigración como un fracaso
con los hispanos que solo va a alienar a la base de apoyo del presidente.


Otra vez, los restriccionistas se han equivocado. No hay evidencia que
el presidente Bush pagó un precio político por su apoyo a un sistema migratorio
más justo y compasivo. Su base conservadora salió con fuerza para apoyarlo,
mientras que la evidencia muestra que la reforma migratoria ayudó a Bush entre
los hispanos. En una noticia del Wall Street Journal posterior a la elección
concluyó que “su interés de antaño por los hispanos en temas como la inmigración
lo ayudó a obtener 42 por ciento de esos votos a nivel nacional—comparado con el
35 por ciento en el 2000—y una mayoría en Florida. Eso le ayudó a alcanzar una
victoria cómoda en la crítica arena estatal”.

El fuerte desempeño del
presidente en otros estados de alta concentración de hispanos tales como
Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México indican que a él le fue tan bien con los
hispanos como en el 2000. Cualquier otro analista político fuera del circulo de
restriccionistas está de acuerdo con esta postura.

En este caso, lo que
es bueno en política para Bush y los Republicanos también es bueno en políticas
públicas. Nuestras leyes de inmigración necesitan desesperadamente reformarse.
Hoy en día un estimado de 9 millones de personas están viviendo ilegalmente en
EE.UU., aumentando esa cifra en un estimado neto de 350,000 por año.


Tirar más dinero y mano de obra al problema simplemente no soluciona el
problema. Desde principios de los noventa, hemos quintuplicado el gasto y
triplicado el personal en la frontera Mexicana. Hemos construido murallas
triples a lo largo de 60 millas del desierto. Por primera vez en la historia de
EE.UU., hemos impuesto sanciones a los empleadores. Hemos realizado redadas en
tiendas de descuentos y plantas procesadoras de pollo en un intento inútil de
anular las leyes de la oferta y la demanda.

Una consecuencia no
intencionada ha sido la fatal desviación de la migración desde unos cuantos
puntos de entrada urbanos a regiones poco pobladas tales como la frontera de
Arizona. Cada día miles de inmigrantes ilegales cruzan la frontera, ocasionando
molestias a los propietarios de tierras locales. Desde 1998 más de 2000
inmigrantes hombres, mujeres y niños han sufrido, agonizado y muerto por
deshidratación y asfixia. Eso es un precio muy alto para buscar un mejor
trabajo.

La razón del fracaso es simple. Las leyes de inmigración
existentes están chocando con dos poderosas realidades: la economía
estadounidense sigue produciendo oportunidades para trabajadores poco
calificados en sectores importantes como el comercio al por menor, servicios,
construcción y turismo. Mientras tanto el grupo de norteamericanos deseosos de
ocupar esos trabajos, continua reduciéndose a medida que la población se hace
más vieja y mejor educada. A pesar de eso, nuestro sistema migratorio no tiene
un camino legal para que trabajadores de México y otros países puedan venir a
los EE.UU. a ocupar, aunque sea temporalmente, esos trabajos. El resultado es
una inmigración ilegal generalizada.

Los críticos de la inmigración
demandan más de las mismas políticas fracasadas: más murallas y alambres de
púas, divisiones enteras de tropas en la frontera, deportaciones masivas de
trabajadores indocumentados a un costo económico y humano muy alto. La propuesta
del presidente Bush, en contraste, reemplazaría un flujo migratorio inseguro,
desordenado e ilegal con uno seguro, ordenado y legal.

A principios de
los 50, la creciente inmigración ilegal desde México enfrentó a los EE.UU. con
una disyuntiva similar en políticas públicas. La respuesta en ese entonces fue
un incremento dramático en las visas para trabajadores temporales bajo el
programa Bracero; el resultado fue igualmente una reducción dramática en la
inmigración ilegal.

La legalización mejoraría el destino de millones de
trabajadores. Los nuevos trabajadores legalizados tendrían mayor poder de
negociación en el mercado porque ellos podrían cambiar fácilmente de trabajo
para mejorar su salario y condiciones laborales. Sería más probable que ellos
puedan calificar para un seguro médico y podrían invertir en habilidades
laborales y de idioma.

Legalización no sería igual a una “amnistía”. Los
trabajadores legalizados no obtendrían automáticamente la ciudadanía o incluso
la residencia permanente. Ellos recibirían solamente una visa temporal renovable
por tiempo limitado. Ellos tendrían que pagar una multa que no sería poco dinero
para los trabajadores poco calificados. Y ellos tendrían que ponerse en la fila
junto a todos los demás para aplicar a un estatus permanente bajo las leyes
vigentes.

La Legalización también incrementaría la seguridad nacional.
Empezaría por reducir drásticamente la inundación de contrabando humano y fraude
de documentos que facilita la inmigración ilegal. Sacaría de las sombras a
millones de personas y permitiría saber quienes son. Liberaría recursos para la
guerra contra el terrorismo. Esa es la razón por la que el secretario saliente
del Departamento de Seguridad Nacional, Tom Ridge, expreso su apoyo a la
propuesta del presidente durante una visita reciente a México.

Una
verdadera reforma migratoria sería una buena política pública y buena en
política. Cuando su segundo periodo inicie en enero, el presidente Bush debería
de trabajar con los líderes del Congreso en ambos partidos para hacerla
realidad.

Daniel T. Griswold es Director del Centro de Estudios de
Política Comercial del Cato Institute.
Traducido por Nicolás López para Cato Institute.