Con frecuencia se habla del comunismo como de una ideología política desfasada y fracasada. Pero lo cierto es que el Partido Comunista está vigente y gobierna hoy en China, nación que tiene una población de 1300 millones de habitantes. El caso ruso es diferente.
Aquí gobierna el Partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin. Rusia Unida surgió en diciembre de 2001, definiéndose como un partido de “centro”, en el proceloso proceso soviético posterior a 1989. En 2009 adoptó un nuevo programa que se define como “conservadurismo ruso”. La herencia del siglo XX parece que pesa a la hora de conservar modos de proceder en política.
Según un reciente Informe de Human Rights Watch, desde el regreso de Vladimir Putin a la presidencia de su país, en mayo de 2012, el gobierno ruso ha introducido una serie de leyes de acoso e intimidación a quienes disienten del dictado oficial, incluso a los que podrían hacerlo a través de actividades no controladas por el Estado.
Una nueva ley exige a las ONG que reciben financiación de otros países y participan supuestamente en “actividades políticas”, que se registren como “agentes extranjeros”, término que en Rusia tiene una marcada connotación negativa. La definición de “actividades políticas” puede incluir desde tareas rutinarias de las ONG sobre recomendaciones acerca de tendencias políticas, a la elaboración de campañas de opinión pública. La citada ley deja amplio margen a los funcionarios para interpretarla y aplicarla contra personas que participen en foros sobre derechos humanos con sus homólogos extranjeros. El incumplimiento de tal ley conlleva fuertes multas y hasta dos años de prisión.
Nuevas leyes y libertad religiosa en Rusia
Nina Achmatova escribe un artículo en Asia News (30 de abril), en el que afirma que bajo la nueva “Ley de Agentes Extranjeros” las autoridades han realizado inspecciones exhaustivas a organizaciones religiosas, como son las asociaciones musulmanas, las parroquias católicas, las comunidades pentecostales y los testigos de Jehová. Quien se ha visto libre de inspección es la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Entre las organizaciones católicas ha sido recientemente inspeccionado el centro de Caritas de San Petersburgo, según informó su directora Natalya Pevtsova. La policía también visitó las oficinas de Caritas en Moscú. Informes no confirmados por la Conferencia de Obispos rusos indican que otras oficinas de Caritas también fueron inspeccionadas en quince ciudades más. Una parroquia en Novocherkassk, al sur de Rusia, fue multada por violar la normativa contra incendios. El párroco, el P. Alexei Polisko, tendrá que pagar 450.000 rublos (15.000 dólares EE.UU.). Según el Secretario General de la Conferencia Episcopal rusa, Igor Kovalevsky, otras iglesias católicas fueron inspeccionadas en Orel y Kirov. Por ahora, ninguna de éstas ha sido penalizada.
Otra nueva ley llamada “Dima Yakovlev” –nombre de un niño que murió pocos meses después de ser adoptado por una pareja norteamericana– prohíbe la financiación norteamericana para “actividades políticas” de las ONG; así como toda ONG cuyo trabajo esté dirigido “contra los intereses de Rusia”. Además, se ha aprobado la ley de “traición a la patria”, que prevé posibles penalizaciones para actos que quizás pueden realmente ser una defensa de los derechos humanos en el plano internacional. Una última legislación sobre manifestaciones públicas aumenta las multas por disturbios, subiéndolas de 5.000 a 300.000 rublos; siendo el sueldo medio mensual ruso de 26.489 rublos (880 dólares).
Ante este nuevo panorama legislativo Human Rights Watch insta a derogar estas nuevas leyes que quitan libertades al pueblo ruso y aconseja seguir las recomendaciones del Consejo de Europa y la ONU en materia de derechos de los ciudadanos.
China no progresa en derechos humanos
En China, la libertad religiosa continúa severamente amenazada. El proceso diálogo entre Pekín y el Vaticano respecto al desarrollo de la Iglesia Católica en China se encuentra actualmente estancado.
La agencia EFE ha informado que el obispo oficial de Shanghái y presidente honorífico de la Asociación católica Patriótica China, Aloysius Jin Luxian, murió el pasado 27 de abril. Jin Luxian sufrió 17 años de cárcel por oponerse a la injerencia del Estado chino en la Iglesia. En 1972, tras su liberación, buscó el modo de extender el catolicismo según los cauces permitidos por el gobierno. Luxian fue reconocido por el Vaticano en 2004; un año antes de que él mismo presidiera en la catedral de Shanghái, la consagración de su obispo auxiliar Joseph Xing Wenzhi, como el primero nombrado de común acuerdo entre Pekín y el Vaticano. Su sucesor debía ser el actual obispo Thaddeus Ma Daquin, que en su ceremonia de ordenación, en julio pasado, rompió públicamente con la Asociación Patriótica, por lo que el gobierno le retiró el cargo en diciembre. Se encuentra retenido en el seminario de Sheshan, según la comunidad católica local.
Respecto a la represión política, lo que resulta más novedoso es que las autoridades carguen ahora también contra los familiares de los considerados disidentes. Jared Genser, en un artículo en The Wall Street Journal (25 de abril), cuenta las presiones a las que está siendo sometida Lin Xia, esposa de Lin Xiacobo – Premio Nobel de la Paz 2010, actualmente en prisión. Lin Xia sufre un auténtico arresto domiciliario y, el pasado 23 de abril, cuando asistió al juicio de su hermano, acusado de presuntos delitos económicos, gritó a los periodistas: “¡Digan a todos que no soy libre!” El caso de Lin Xia no es único: Gao Zhisheng, abogado y defensor de derechos humanos, ha sido hecho desaparecer y torturado en varias ocasiones. Se sabe que en 2011 estaba en prisión. Su hija Grace, de 10 años, es escoltada diariamente a la escuela por unos guardias oficiales. Chen Guangcheng, otro promotor de los derechos civiles, consiguió huir de donde estaba detenido, en abril pasado, logrando asilo en la embajada de los EE.UU.. A los dos días unos matones saquearon la casa de su familia, golpearon a su madre y a su hermano y detuvieron a su sobrino.
Acerca de las restricciones a la natalidad, Ma Jian escribe un reciente y escalofriante artículo en The Guardian sobre la coacción ejercida sobre las mujeres y a sus familias para propiciar la política del hijo único, que se impone incluso con el aborto forzoso de fetos viables que nacen vivos. Esta política provoca también el aborto selectivo de fetos femeninos, esterilizaciones forzosas y el tráfico de niños.
El comunismo chino ha logrado un auge económico, aunque están por ver las consecuencias sociales del envejecimiento de la población. Pero lo que parece incompatible con la esencia comunista es el fomento de las libertades ciudadanas, que siguen siendo avasalladas. China tiene un presupuesto de seguridad nacional para 2013 mayor que el presupuesto de su ejército. El gobierno comunista gastará 123.600 millones de dólares para protegerse de su propio pueblo. Una cifra enorme, incluso para un país que experimenta más de 100.000 protestas anuales por problemas de corrupción, de degradación del medio ambiente y los salarios pendientes de pago, según informa el citado Jared Genser.
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