Para el autor Ibarra es el responsable y no puede alegar desconocimiento. No sólo porque el funcionamiento de las discotecas era público sino porque muchas de ellas eran dirigidas por “amigos del poder”.

Opinión: Luis Oviedo
Decenas de discotecas –incluidas algunas de las más grandes, notorias y
concurridas– funcionan sin habilitación municipal. Y no podrían obtenerla jamás
ya que se encuentran ubicadas en zonas prohibidas por el Código de Planeamiento
Urbano.

Muchas otras están abiertas con habilitaciones truchas, para
funcionar como bares y restaurantes. Los dedicados a estas actividades, además
de requerir condiciones de seguridad menores a las de las discotecas (lo que
significa un costo significativamente menor para los capitalistas), tienen la
“ventaja” de que no necesitan una inspección previa (es decir, la verificación
de las instalaciones antes de comenzar a funcionar); para abrir sus puertas les
alcanza una “habilitación en trámite”.

“Amigos del
poder”

Ni Ibarra ni su gabinete pueden aducir que desconocían
esta situación. El funcionamiento de las discos es público; hacen publicidad por
todos los medios; muchas funcionan desde hace años y a ellas concurren miles de
personas cada fin de semana.

Más aún, muchas de las discos en infracción
se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad (como Punta
Carrasco, Costa Salguero, Club de Golf).

Peor todavía, en algunos casos
sus titulares son personajes ligados al propio corazón del gobierno. En una
lista de discos no habilitadas denunciada por la Defensoría del Pueblo (
Resolución 2022, del 8 de mayo de 2003 ), figura “Follia”, que funciona nada
menos que dentro del propio Club Ciudad de Buenos Aires, en una zona donde se
encuentra prohibida la instalación de locales bailables. Su concesionario es
Pablo Batalla, ex director administrativo del Teatro Colón bajo la gestión de
Telerman, el actual vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


Gobierno paralelo

El funcionamiento
ilegal, pero público y conocido, de las discotecas sólo es posible gracias a la
directa complicidad de la más alta autoridad política del Estado. Su extensión a
todo el ámbito urbano y su continuidad en el tiempo indican que no se trata de
la responsabilidad de un funcionario subalterno o de una mafia particular de
inspectores.

El poder político que actúa para proteger esta actividad
ilegal es, por lo tanto, un gobierno ilegal. “Existe en el Estado comunal
–denunciaba la Defensoría del Pueblo en el informe citado– una estructura
informal que se mantiene a lo largo de los años (…) para mantener un orden de
cosas ilegal e ilegítimo (…) que no sería posible sin la connivencia de los
funcionarios de los cuales dependen estos agentes (los inspectores)”.

La
Ciudad de Buenos Aires es gobernada por un verdadero “gobierno paralelo” (en
verdad, una asociación ilícita), que viola las normas, no realiza controles,
deja pasar las infracciones y encubre a los infractores, y que, además, modificó
en el año 2000 el Código de Planeamiento Urbano para facilitar la instalación de
discos en zonas anteriormente prohibidas.

“Turismo”
y “cultura”

A la cabeza de ese “gobierno paralelo” se encuentra
el propio Ibarra, que ha convertido al “turismo” en el eje de su gobierno. Los
“boliches” y discotecas son parte de la “oferta turística”. Muchas de las
discotecas no habilitadas (o habilitadas en forma trucha) funcionan dentro de
hoteles. En los distintos “tours” que se venden para visitar Buenos Aires, se
incluyen entradas a distintas discotecas. El propio Chabán, el dueño de
República de Cromagnon, señalaba en un reportaje realizado poco antes de su
apertura: “¿Sabés qué quiero hacer? Como acá hay un hotel y los dueños del lugar
tienen una agencia de turismo, quiero que se pueda comprar el viaje, la estadía
y la entrada para un recital como si fuera un paquete”.

Cromagnon
funcionaba sin habilitación (había vencido hace más de un año). Durante todo ese
tiempo, nunca fue visitada por los inspectores municipales.

“Zona liberada”

En octubre del 2003, Ibarra
disolvió la Dirección de Habilitaciones e Inspecciones, alegando que era un foco
de corrupción. Los 300 inspectores despedidos fueron reemplazados por 87
pasantes; a Ibarra no le preocupaba la seguridad ciudadana sino el ´ajuste´ de
los salarios. Pero, por encima de ese disminuido cuerpo de inspectores, Ibarra
dejó intacta la estructura política que había permitido y alentado el
funcionamiento ilegal de los boliches. La denuncia, típicamente
centroizquierdista, “contra la corrupción”, le sirvió para crear una auténtica
“zona liberada” en beneficio de los infractores.

Evasión

Bajo el amparo de la complicidad
gubernamental, en las discotecas habilitadas como bares o restaurantes no sólo
se violan las condiciones más elementales de seguridad (salidas de emergencia,
protección contra el fuego, existencia de grupos electrógenos); además se
desarrolla una gigantesca evasión impositiva.

Los comercios habilitados
como discotecas pagan una alícuota del 15% de ingresos brutos; los bares pagan
el 3% y los restaurantes con espectáculo en vivo, el 6%. La “diferencia” son
cientos de millones por año. Hay, además, una segunda evasión. La habilitación
(cuando existe) establece un máximo de personas que pueden ingresar al local (en
función de su superficie, de su ventilación y del volumen de aire existente en
su interior, de las salidas de emergencia, etc.). Ninguna de las discotecas
–habilitadas o no– respeta este tope, con el consiguiente riesgo para los
asistentes.

En Cromagnon, cuya habilitación vencida permitía recibir
algo menos de 1.100 personas, había –el 30 de diciembre- entre 3.500 y 4.000.
Naturalmente, a la hora de pagar ingresos brutos, Chabán, como todos los demás,
pagaría sobre los 1.100 “habilitados”. Pero para que ninguno deje de pagar,
había clausurado la salida de emergencia a fin de “evitar colados”.

Esta
millonaria evasión, conocida, tolerada y permitida, no sólo va a los beneficios
de los capitalistas y a los bolsillos de los inspectores. Con estos fondos
negros, junto con los que provienen de la prostitución y el juego, se sostiene
el aparato político que los protege y la financiación de las campañas
electorales de los funcionarios que se encuentran a su cabeza.

Los niños

Uno de los aspectos más terribles de la
masacre de Cromagnon es la muerte de los niños que estaban dentro de la
discoteca. Las normas vigentes prohíben el ingreso de niños en horario nocturno.
Como todas las demás, ni se cumplen ni se controlan.

Fuera Ibarra

Ibarra es el responsable. No puede
alegar desconocimiento. No sólo porque el funcionamiento de las discotecas era
público, porque muchas de ellas eran dirigidas por “amigos del poder” y otras
tantas porque se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad.
Por si esto no bastara, 19 informes de la Defensoría del Pueblo entre 1999 y
2003 –es decir, bajo el gobierno aliancista en el cual Ibarra era legislador y
luego, bajo su propio gobierno-, denunciaron todas estas violaciones.


¡Un informe cada tres meses! Este solo hecho revela la directa
complicidad y la total responsabilidad del gobierno en la masacre.


“Buenos Aires, ciudad turística” es inseparable de las discotecas sin
habilitación, las “zonas rojas”, la prostitución y el juego. Esta mafia
capitalista –que entrelaza a funcionarios y “empresarios”– gobierna la ciudad y
es responsable de la masacre.El jefe de la mafia, Aníbal Ibarra, debe
renunciar.

Fuente: Ámbito Financiero