La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que plantea el “Plan Almunia” constituye un profundo error. Autorizar mayores déficit públicos o relajar las medidas de estabilidad presupuestaria previstas en el PEC sólo se traducirá en mayores tipos de interés reales en la zona euro y en un euro menos atractivo como moneda de reserva internacional.

Opinión: Jaime García-Legaz
El Banco Central Europeo, el Bundesbank y los propios expertos de la Comisión
Europea han vertido duras críticas sobre la reforma propuesta. La moneda única
europea es el avance de mayor trascendencia real de las últimas décadas para los
ciudadanos de la Unión Europea y proponer reformas que tienen el serio peligro
de debilitar al euro es irresponsable. La postura del presidente del Gobierno
español, apoyar la reforma del PEC a cambio de un presunto trato favorable en
las próximas perspectivas financieras comunitarias, supone renunciar al
principio de estabilidad presupuestaria y hace explícita su debilidad
negociadora de partida.

El Pacto de Estabilidad y
Crecimiento

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se
consensuó en 1997 para velar por la disciplina presupuestaria de los Estados
miembros de la Unión Europea, sobre todo la de los países del “área euro”. Se
complementó, sabiamente, con la independencia del Banco Central Europeo con un
nítido objetivo: evitar el riesgo de que la indisciplina fiscal incubara la
enfermedad mortífera por excelencia para las monedas y las uniones monetarias,
la inflación.

La disciplina presupuestaria y la estabilidad de precios
facilitan un segundo objetivo: mantener los tipos de interés reales a niveles
reducidos, facilitando así la formación de capital, el crecimiento económico y
la creación de empleo.

Al contrario de lo que algunos afirman, el PEC es
muy flexible y admite a la perfección la aplicación de políticas presupuestarias
anticíclicas. El PEC reconoce y aprueba los déficit presupuestarios coyunturales
en las fases más débiles del ciclo económico. Ampara, por tanto, la actuación de
los estabilizadores automáticos, con el límite para el déficit presupuestario
del 3% del PIB, que además se puede traspasar en presencia de una recesión de
suficiente intensidad. La potencia estabilizadora del déficit público en la fase
baja del ciclo reside precisamente en las actuales reglas del PEC, que hacen
creíble que el desequilibrio presupuestario sea limitado, transitorio y
reversible.

Lo que el PEC buscó evitar fueron los déficit
presupuestarios elevados y persistentes, los déficit excesivos. Los déficit
presupuestarios presionan sobre la captación de ahorro en los mercados de
capitales elevando los tipos de interés. Si éstos son elevados y persistentes
generan expectativas de mayores impuestos, entre ellos, del impuesto
inflacionario. Los mercados reaccionan elevando adicionalmente los tipos de
interés. Este incremento del coste de la financiación perjudica no sólo a los
países que incurren en los déficit excesivos, sino también a los que respetan la
disciplina presupuestaria pactada.

De ahí que, como regla general, el
PEC establece un saldo presupuestario cercano al equilibrio o el superávit
presupuestario e incorpora procedimientos de corrección de los déficit
excesivos, que pueden culminar en elevadas sanciones pecuniarias a los países
fiscalmente irresponsables.

Qué pretende el “Plan
Almunia”

El Plan Almunia plantea la condescendencia con los
países irresponsables en su política presupuestaria. Se extiende el período para
corregir el déficit presupuestario excesivo (hasta ahora, un año), sin precisar
fechas.

Además, se pretende redactar de nuevo el PEC con la suficiente
ambigüedad como para que admita la arbitrariedad en la aplicación de sanciones.
Se comienza por la redefinición de las “circunstancias excepcionales” a la hora
de valorar la situación presupuestaria de cada país. Para ello se enumera un
conjunto de variables macroeconómicas de referencia, pero se rehúye
cuidadosamente cualquier objetivación de esas variables: se da carta blanca a la
arbitrariedad.

La reforma excluye, además, mejorar el régimen
sancionador para dotarlo de auténtica credibilidad, condición imprescindible
para ser capaz de disuadir la incursión en déficit presupuestarios excesivos, y
avala un procedimiento por el que el Estado que incurre en déficit excesivo
participe en la decisión de si se le deben aplicar sanciones o no. En
definitiva, el Plan Almunia pretende consagrar legalmente la posibilidad de
aplicar la política de “trato desigual” practicada en los últimos tiempos en la
Unión Europea. Si este “trato desigual” resulta inaceptable en la práctica
comunitaria (como ha señalado, además, el Tribunal de Luxemburgo), más aún lo es
intentar modificar la Ley comunitaria para así dar amparo a los incumplidores.


Otra opción que se ha barajado es excluir determinadas partidas de gasto
público en el cómputo del déficit excesivo. El gasto en políticas de I+D, el
gasto en defensa o incluso las transferencias netas al presupuesto comunitario
podrían quedar excluidas de la cifra de déficit público a efectos del PEC. Esta
opción es descalificable por su completa arbitrariedad y su nulo fundamento.
Además, plantea una pregunta: ¿los países con transferencias netas del
presupuesto comunitario computarán esas partidas de forma simétrica, como lo
harían los que transfieren fondos netos al presupuesto común?

Los peligros de la propuesta de reforma del PEC

El
Plan Almunia abrirá la mano para incurrir en déficit presupuestarios
persistentes o estructurales en la Unión Europea. El resultado será un
incremento de los tipos de interés a largo plazo. Los bancos centrales
independientes suelen tomar muy en cuenta la evolución de los tipos de interés a
largo plazo, porque contienen información valiosa sobre las expectativas de
inflación, que son inflacionistas en sí mismas. El Banco Central Europeo, en un
contexto de mayores tipos a largo plazo, acabará por elevar los tipos a corto
plazo. El resultado será una subida generalizada de los tipos de interés reales,
menor crecimiento de la formación de capital y del consumo, menor crecimiento y
menor creación de empleo en toda la “zona euro”.

Al mismo tiempo, una
moneda contaminada por mayores expectativas de inflación se resiente en su
función de depósito de valor. El euro perderá posiciones frente al dólar como
moneda de reserva internacional y los Estados europeos perderán ingresos
públicos por señoriaje.

Por todo ello, el Banco Central Europeo, el
Bundesbank y los propios expertos de la Comisión Europea han vertido duras
críticas contra el Plan del Comisario socialista. El BCE afirma que el Plan
“reduce los incentivos para aplicar políticas presupuestarias sensatas, aumenta
el riesgo de discrecionalidad y dificulta el marco en el que debe aplicarse la
política monetaria única”. Los expertos de la Dirección General de ECFIN, de la
Comisión Europea, afirman que “para conseguir mayor flexibilidad fiscal en la
UME, la obligación de cumplimiento del PEC debería ser reforzada, no relajarse”,
hasta el punto de recomendar al Consejo de la Unión rechazar la propuesta de su
Comisario.

Cómo podría reforzarse el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento

Lo primero que conviene subrayar es que
el PEC ha funcionado bien hasta ahora. Europa no ha regresado a los niveles de
déficit presupuestarios de los noventa. Esto no hubiera ocurrido si el PEC no
estuviera en vigor.

Si hubiera que modificar el PEC, en todo caso habría
que avanzar en la dirección contraria a la que plantea el Plan Almunia, para
hacer más creíble el régimen sancionador. Sería deseable establecer reglas más
automáticas y criterios menos interpretables de forma arbitraria. También sería
muy saludable excluir de la decisión sobre la aplicación del régimen sancionador
a los propios países incumplidores. Además, y a la vista del “escándalo griego”,
con la falsificación de las cuentas públicas griegas para poder acceder al euro,
habría que reforzar los mecanismos del PEC para prevenir dichas prácticas.


El problema de fondo es que lo que subyace al Plan Almunia es una
combinación de tres errores fundamentales: a) la confianza en la vieja doctrina
keynesiana del déficit fiscal, pero erróneamente interpretada y aplicada; b) las
tradicionales políticas socialistas de incremento del gasto público
(especialmente, gasto en transferencias a diversos colectivos) con evidentes
objetivos electoralistas; y c) el rechazo encubierto de un grupo minoritario de
países a la Estrategia de Lisboa, que propugna el equilibrio presupuestario, las
políticas de oferta y las reformas estructurales.

La conclusión es muy
clara: el déficit presupuestario no es “el instrumento” para crecer. Quienes,
incumpliendo la Estrategia de Lisboa, han rechazado las reformas estructurales y
han incrementado su gasto público son los países que han registrado
estancamiento e incremento del paro. Los que han aplicado las recetas de Lisboa
y han optado por las reformas y el equilibrio presupuestario son los países que
más han crecido y más empleo han creado. En todo caso, el déficit presupuestario
se ha convertido en un indicador de política económica fracasada por la falta de
voluntad de aplicar reformas estructurales.

La
criticable posición del Gobierno español

El presidente del
Gobierno ha afirmado estar dispuesto a apoyar la reforma del PEC a cambio de un
presunto trato favorable en la próxima negociación sobre las perspectivas
financieras comunitarias. Esta postura resulta lamentable por dos razones: a)
hace explícita la renuncia a la estabilidad presupuestaria europea y acepta el
intercambio de principios y convicciones a cambio de un “maletín”; b) revela su
debilidad negociadora de partida, una pésima estrategia negociadora. No es que
esto deba sorprendernos, porque lo mismo ocurrió con motivo de la negociación de
la Constitución Europea, pero no por ello debe dejar de ser criticado.


Conclusiones

La reforma del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que plantea el Plan Almunia plantea serios peligros
sobre la credibilidad y la estabilidad del euro a largo plazo. Relajar las
medidas de estabilización presupuestaria previstas en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento e incrementar aún más la arbitrariedad de sus reglas sólo se
traducirá en mayores tipos de interés reales, en menor crecimiento económico, en
menor crecimiento del empleo y en un euro más débil y menos atractivo como
moneda de reserva.

La moneda única europea es el avance de mayor
trascendencia real y práctica para los ciudadanos de la Unión Europea de las
últimas décadas (la mayor “realización concreta”, en la terminología de Robert
Schuman), y ha costado cuarenta años hacerla realidad. Y si es una realidad y
goza de salud es precisamente porque su creación vino avalada por las garantías
contenidas en el PEC. La Unión Monetaria Europea es todavía muy joven, y
proponer reformas que sólo debilitan al euro es irresponsable.

Por si lo
anterior fuera poco, el Plan Almunia dará argumentos a los euroescépticos, y
hará más difícil que los Estados miembros que voluntariamente permanecen fuera
de la Europa del euro (Reino Unido, Suecia y Dinamarca) se sumen a la moneda
única.

Jaime García-Legaz es Técnico Comercial y Economista del
Estado. Director de Economía y Políticas Públicas de FAES

Fuente:
FAES