El Gobierno español está haciendo dejación de funciones al no proteger las fronteras frente a la entrada de ilegales. Las islas Canarias, el estrecho de Gibraltar y la Jonquera se han convertido en un verdadero coladero de inmigrantes ilegales ante la pasmosa indiferencia de José Luis Rodríguez y sus ministros.

Joan Valls
“No sé cómo explicar que no podemos permitirnos trabajar”, le dice un apesadumbrado ejecutivo a su esposa en una de las escenas de Canciones del segundo piso, de Roy Andersson; una crítica a los errores y fracasos de la socialdemocracia que sirve para ilustrar a la perfección la esquizofrenia del discurso de la progresía española. Un discurso que asume la existencia en España de cierto desempleo, pero que apuesta por la inmigración ilegal masiva, al tiempo que mantiene la ignominia del PER y nos hace creer que los españoles no queremos realizar ciertos trabajos.

La llamada ley Caldera, por la que se legalizó a 700.000 inmigrantes ilegales en un sólo día, a pesar de la disconformidad de los socios europeos y de la Oposición, significó para España, además de un claro efecto llamada a más inmigración ilegal, la renuncia al cumplimiento de la legalidad vigente. En unos pocos años, el país ha acabado asumiendo que, una vez llegados a la península, los ilegales no son expulsables y no hay porqué cumplir con la ley.

Un año después de la aplicación de la nefasta ley Caldera, España cuenta con 1.800.000 nuevos ilegales de cuya identidad no se sabe nada, además de una verdadera invasión de personas que arriban en cayucos a las islas Canarias, procedentes de Senegal y otros países subsaharianos y que son trasladadas días después, en su mayoría, a autonomías gobernadas por el Partido Popular.

España, de la mano del gobierno socialista de José Luis Rodríguez, se está convirtiendo en un foco de desestabilización de la Unión Europea. En Francia, ya han surgido voces en contra de la política del PSOE, como la del ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, quien ha asegurado que “no se le puede decir a Europa que yo decido sólo regularizar a quinientos mil inmigrantes clandestinos y luego pedir socorro cuando se trata de asumir las consecuencias de estas regularizaciones masivas”. Incluso se ha hablado ya de redefinir el espacio Schengen ante la inconsistencia de políticas como la de los gobiernos español e italiano.

Lo más chocante de todo este asunto es que los socialistas españoles, autoproclamados defensores de los intereses de los desfavorecidos, lideran un proceso de llamada a millones de desesperados de países en desarrollo para que pasen a engrosar la nómina de la economía sumergida, muchas veces en condiciones de trabajo infrahumanas y denigrantes. Y todo ello sin que sus votantes y simpatizantes muestren el más mínimo síntoma de disconformidad, a pesar de que la inmigración se haya convertido en la principal preocupación de los ciudadanos.

El Gobierno español está haciendo dejación de funciones al no proteger las fronteras frente a la entrada de ilegales. Las islas Canarias, el estrecho de Gibraltar y la Jonquera se han convertido en un verdadero coladero de inmigrantes ilegales ante la pasmosa indiferencia de José Luis Rodríguez y sus ministros. La opinión pública, por su parte, no exige a los gobernantes que se cumpla la ley. España parece haber caído en un abismo de apatía en el que el cumplimiento de las leyes ha quedado en el olvido. Este proceso se observa también en otros ámbitos, como en la impunidad del entorno etarra, de gobiernos autonómicos de signo socialista cuya incompetencia tiene graves consecuencias para el medio ambiente o en la imposición de Estatutos de autonomía que entran en contradicción con la Constitución.

España se está convirtiendo, desde marzo de 2004, en un país en el que no impera la ley. En tan sólo dos años, los tres poderes del Estado han entrado en conflicto y se han aprobado normas y leyes que contravienen a otras de rango superior sin que, hasta el momento, ningún organismo ejecutivo, legislativo o judicial haya hecho nada para aclarar o solucionar este caos, lo que ha llevado a una situación de impunidad.