A pesar de los gestos amistosos entre los nativos y las autoridades gubernamentales, grupos radicales bloquean carreteras en su apoyo por diferentes ciudades andinas.

AMÉRICA / A causa del conflicto amazónico
Las protestas siguen causando problemas al gobierno del presidente Alan García Pérez. Desde el día de los enfrentamientos entre policías y pobladores amazónicos en la ciudad de Bagua (el 5 de junio), en muchas zonas del país se comenzaron a organizar marchas y bloqueos de vías de comunicación como manera de apoyar a los nativos de la selva.

En las zonas andinas de Cuzco y Andahuaylas se vienen llevando a cabo cortes de carreteras que afectan a los viajeros y a las mercancías. En Cuzco desde hace casi una semana la ruta hacia Sicuani está cerrada. En Andahuaylas desde hace cuatro días los manifestantes han tomado el control del aeropuerto de Huancabamba, a parte de no permitir el tráfico de vehículos por la carretera de salida a Abancay, Ayacucho y Lima.

Igualmente, en la selva central se viene realizando un paro que ha cerrado las vías de acceso a las ciudades de la Merced, San Ramón, Satipo y Chanchamayo, entre otras poblaciones aledañas. Justo en la localidad de San Ramón el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acordó con los manifestantes de las comunidades nativas el levantamiento de los bloqueos ofreciendo la derogatoria de los decretos legislativos que originaron las protestas.

Simon tuvo un auspicioso dialogo con los dirigentes de AIDESEP, sin embargo tal intercambio de buenas intenciones sólo se concretará en las próximas horas cuando las mencionadas disposiciones legales sean dejadas sin efecto. Recordemos que la promulgación de estas normas causaron la molestia de los nativos, lo que provocó más de 30 personas fallecidas, 24 de los cuales eran efectivos policiales. Si bien es cierto que oficialmente se ha dado hasta ahora la cifra de 34 fallecidos (4 de ellos nativos y 6 civiles), el sentimiento mayoritario fue de incredulidad ante el referido número de muertos. Sin mayor evidencia ni comprobación, ello ha causado que se hable de la “masacre” de decenas de nativos asesinados.

Esta cargada atmósfera social ha sido aprovechada por movimientos políticos que han visto estos hechos como un pretexto para lanzar ataques al gobierno aprista. Mientas el reclamo de los nativos se centraba ante la posibilidad de perder sus tierras por parte del Estado, los movimientos que se expresan en apoyo de los nativos plantean protestas contra la política económica en general y contra el Tratado de Libro Comercio (TLC) con los Estados Unidos en particular.

Este tipo de situación ha provocado que desde el propio presidente de la República se hable de conspiración internacional contra el Perú. Al respeto, el embajador peruano en Bolivia ha sido convocado en consulta por la cancillería de Lima. Ello sucede luego de que el presidente boliviano, Evo Morales, afirmara enfáticamente que la violencia desatada en Bagua el 5 de junio fue “un genocidio del Tratado de Libre Comercio” que Perú acordó con Estados Unidos. Ante tal declaración, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, calificó al presidente de boliviano como “enemigo del Perú”, además de “perturbador y agitador”.