“Evo, a pesar de su discurso, no es un outsider de la política: fue candidato a presidente y su partido es una fuerza importante en el Congreso. Agitando la amenaza de reeditar la Revolución de Octubre y exigiendo la renuncia a Mesa primero, y la toda la línea sucesoria después, no hace más que precipitar un vacío institucional que fuerce a elecciones anticipadas, donde se siente seguro ganador. “

Rubén Benedetti

La renuncia del Presidente Mesa no
solo no ha logrado pacificar al país sino que ha intensificado la presión
sobre  los retazos del poder
político, que no sabe encontrar solución a la creciente violencia. Sumidos en un
autismo agudo los funcionarios no encuentran caminos para destrabar la
situación, aunque  es difícil dar
respuestas cuando ya ni siquiera está claro qué es lo que se peticiona.

 

En general hasta ahora,  el conflicto se ha leído de una manera
bastante primaria, reduciéndolo al reclamo contrapuesto de un pueblo
pauperizado, contra los intereses de una oligarquía enquistada en el poder, en
los que se mezcla el reclamo de autonomía de los territorios del sur y oriente.
Esta simplificación da cabida a la esperanza de encontrar soluciones
institucionales, como las que aún pretende la acosada clase política, que se
desespera en hallar una línea de sucesión alternativa.

 

Pero esta visión ha ignorado que
aún entre los sectores que han motorizado las protestas los proyectos son
disímiles en extremo. Aunque diferenciados en sus objetivos hasta ahora
indigenistas y campesinos se han amalgamado en el reclamo primario de llamar a
asamblea constituyente y nacionalizar los recursos naturales, un pedido
irreconciliable con el proyecto de las asambleas del Sur y Oriente, que
pretenden encauzar su futuro mediante un proyecto económico más o menos
racional.

Muchos analistas han condicionado la resolución de la crisis a
la actitud que tomaran las fuerzas armadas, minimizando el hecho que las mismas
reflejan en sus cuadros las mismas fisuras y los mismos enfrentamientos que la
sociedad boliviana, lo que lejos de colocarlas como árbitro de la disputa puede
por el contrario convertirlas en protagonistas principales de un desenlace
violento.

 

Morales y Quispe, protagonistas
principales del levantamiento popular sostienen en última instancia concepciones
políticas muy diferentes. Evo Morales no parece ajeno a las pretensiones del eje
Castro-Chávez: es suficiente revisar lo que expresan los medios oficiales
cubanos y venezolanos para apreciar que la figura del cocalero se proyecta como
un nuevo foco para expandir el socialismo del siglo XXI y la expansión del
proyecto bolivariano.

 

Evo, a pesar de su discurso, no es
un outsider de la política:  fue
candidato a presidente y su partido es una fuerza importante en el Congreso.
Agitando la amenaza de reeditar la Revolución de Octubre y  exigiendo la renuncia a Mesa primero, y
la toda la línea sucesoria después, no hace más que precipitar un vacío
institucional que fuerce a elecciones anticipadas, donde se siente seguro
ganador.

 

Mientras tanto mantiene el
crescendo de la estrategia confrontacional. Los cortes de ruta y los bloqueos
con su secuela de desabastecimiento y escasez son empleados como arma contra la
 menguada clase media urbana.
Remedando el sitio de una ciudad medieval, pretende forzar la aceptación de
cualquier solución que permita reencausar una vida medianamente normal. Sin
embargo, en las últimas horas la violencia de los mineros, la virulencia de las
protestas, y las amenazas sobre empresas e instalaciones militares hace pensar
que en una pacificación es poco probable. Las  declaraciones de odio hacia los blancos,
mestizos y  “cambas”  permite imaginar que no sería una
posibilidad descabellada que la escalada revolucionaria desemboque  en  represalias fatales o limpiezas sociales
a lo Khmer Rouge.

 

Felipe Quispe sueña con otro
proyecto, que no precisa del congreso, de elecciones ni de la clase media. El ya
ha tenido su elección,  desde que la
etnia  aimará le confirió el título
de  Mallku (príncipe) en un proceso
en que las comunidades indígenas le delegaron la representación ungiéndolo como
único interlocutor.

Quispe reclama el derecho a la
autonomía de lo que el llama románticamente “pueblos originarios”, reclamando el
territorio y proclamando la supervivencia de una nación aymara, con sus propias
leyes, religión, idioma, hábitos y costumbres. Desde ésta visión niega cualquier
fidelidad al estado, y alza su propia bandera, la wiphala, en reemplazo de la
tricolor boliviana.

 

El Estado Aymara se ha venido
organizando lentamente, mientras el boliviano se iba desmantelando perfilando su
condición de estado fallido. En el proceso la gente de Quispe ha avanzado en la
redacción de una Constitución Política del Estado de Kollasuyo, y ha iniciado la
preparación de códigos y legislación propio. En las áreas abandonadas por el
poder central se reconstruyeron los Ayllus, comunas indígenas estructuradas
según el modelo preincaico. 

 

Sin embargo, el modelo del
Kollasuyo parece ser autoexcluyente y no considerar ni a las poblaciones
urbanas, ni a quienes no comparten la etnia aymara: al blanco se los considera
sucesor de la expoliación y la conquista española, y no tiene cabida en la nueva
organización. Desde éste punto de vista el planteo de autonomía indígena parece
en realidad un proyecto de independencia para una sociedad utópica, pero no
comprende únicamente a  Bolivia,
sino que pretende irradiarse a otros países para recomponer el desaparecido
Tahuantinsuyo.

 

La tercera fuerza en danza es la
que se alza en las provincias del Sur y Oriente (Santa Cruz, Tarija, Pando,
Beni)  que sin líderes visibles pero
con la fuerza de sus sectores productivos comenzó con un tibio pedido de
autonomía para manejar sus propios recursos en respuesta al centralismo
constitucional, y los desmanejos del gobierno de La Paz. Este reclamo fue
incrementándose al crecer la presión de los grupos indigenistas y cocaleros
sobre el poder central, y desembocó con el llamado unilateral al plebiscito
autonómico, luego ratificado por decreto por el Presidente Mesa. A las
pretensiones autonómicas de Santa Cruz, se les ha vinculado la posibilidad de
asociarse a Brasil, como se ha mencionado que la voluntad autonomista de Tarija
recurre a la afinidad histórica entre la región con la República Argentina, que
integró hasta  bien entrado el siglo
XIX. En los últimos días, el reclamo se reemplazó por un pedido de constituirse
en Cabildo Abierto, remedando la asamblea que dio lugar en el antiguo virreinato
a la proclamación de la independencia.

 

El resultado inmediato que resulte
de la voluntad autonomista, las presiones de una revolución socialista y la
utopía regresiva indigenista es imprevisible, aunque sin duda el desarrollo de
los acontecimientos va a afectar profundamente la región, que va a sentir la
influencia boliviana de manera mas intensa que en sus  180 años de sufrida existencia
independiente.