En Colombia, la extradición se formalizó desde 1984 como procedimiento para condenar delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y cualquier delito que afecte al sistema legal de Estados Unidos.

AMÉRICA / Mayor eficacia contra el terrorismo
El pasado 9 de junio el canciller colombiano Jaime Bermúdez declaró, tras la reunión que sostuvo el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio en Washington con el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, que el gobierno de Colombia quiere establecer parámetros más claros del alcance, selección y naturaleza del tratado de extradición con Estados Unidos.

En Colombia, la extradición se formalizó desde 1984 como procedimiento para condenar delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y cualquier delito que afecte al sistema legal de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el proceso de extradición “se ha venido desarrollando a través de políticas administrativas, y de las facultades legales que existen en cada país, pero no, a través de un tratado internacional concreto; ambos estados han tenido la facultad de acordar o no conceder la extradición”, y aunque ambos países han firmado un tratado de extradición, éste nunca ha sido ratificado por ambas partes.

Así mismo, el canciller explicó que “desde 1984, año en que se iniciaron las extradiciones de colombianos a Estados Unidos, 1.112 han sido enviados a este país, 883 de ellos desde que empezó a gobernar el presidente Álvaro Uribe”. Esto significa que ha sido una lucha muy eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo”. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza en la necesidad de encontrar un canal permanente mediante diálogos o memorandos bilaterales de entendimiento.

La necesidad de crear un tratado, con reglas de juego claras sobre la extradición, se debe a que Estado Unidos expresó recientemente preocupación porque la Corte Suprema colombiana ha negado algunas solicitudes de extradición en casos de secuestro y narcotráfico. Aunque aparentemente el tema quedó resuelto tras una serie de reuniones entre los gobiernos colombiano y estadounidense y los magistrados de la Corte, Valencia estima que sería preferible precisar algunos conceptos para evitar malentendidos futuros.

En la reunión en Washington, el ministro del Interior Valencia Cossio también le planteó a Holder la posibilidad de nombrar un “magistrado de enlace” en Washington, que contaría con estatus diplomático y que ayudaría a agilizar los procesos de justicia y paz que dependen de los testimonios de paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos el año pasado. También indicó que trató el tema de la lucha contra las drogas y le pidió a Estados Unidos más participación en el control del consumo, y en el control de precursores químicos y en el desarrollo de programas alternativos de desarrollo social, especialmente en el campo de la reforestación de los cultivos ilícitos y en los programas de protección a las comunidades que viven de estos cultivos.

Este acontecimiento, importante para Colombia, significa que en caso de que el proceso de extradición sufriera alguna limitación en su eficacia, el gobierno colombiano tiene la voluntad política y el país estaría listo para tomar medidas dentro de estos mismos procedimientos y, de ser necesario, incluso se contemplaría la posibilidad de llegar a un nuevo tratado. No obstante, un nuevo tratado de extradición tendría que ser aprobado por los legislativos en ambos países.