Cuando el asesinato ya no es asesinato, cuando la tortura deje de llamarse tortura en aras de un pretendido interés superior de defensa, ése es el momento en el que el mal contra el que pretendíamos luchar habrá conseguido vencernos, el momento en el que los terroristas habrán conseguido su propósito: la destrucción del cimiento de nuestras sociedades.

Celia Martín Baeza
El terrorismo se ha convertido en el problema endémico de nuestra sociedad. Cuando creíamos que la democracia era el valor en alza, y que las dictaduras habían abierto paso a una construcción común de un proyecto europeo, tendente a la creación de un espacio sin fronteras, cuando al fin era posible viajar más libremente y propiciar la integración, el terrorismo ha vuelto a sentar las bases de un miedo o, como se contiene en la propia palabra, de un terror, que por el mismo hecho de serlo es irracional.

La mayor parte de nosotros hemos crecido junto con un fenómeno que, si bien tiene antiguas raíces, se ha renovado y extendido, introduciéndose en nuestra rutina diaria, apareciendo todos los días en unas noticias en las que los muertos y los heridos se convierten en una realidad demasiado frecuente. Un solo acto, por su carácter indiscriminado, por escapar a toda lógica, por la sorpresa, en fin, por todo aquello por lo que el terrorismo nos repugna y nos entristece, es capaz de tener a países enteros en jaque. Sin querer llevar a cabo odiosas cuantificaciones materiales del dolor o sufrimiento humanos, la muerte de una sola persona puede, por sus efectos y por la forma en la que se lleva a cabo, ejercer una influencia mucho más poderosa que la de mil en un terremoto o en una de las numerosas catástrofes naturales que siempre parecen golpear en aquella parte del mundo más desfavorecida. Pero no se trata de que los terroristas maten a una, a dos o a un grupo de personas: se trata de que matan, de que lo hacen en todo tipo de regímenes, democráticos o no, y de que sus víctimas son en general personas anónimas, que se hallaban, en esos momentos, comprando el periódico, trabajando o paseando.

Qué duda cabe de que el terrorismo es, al margen de la frustración y del dolor y la rabia que causa, un acto totalmente prohibido por el Derecho. En efecto, además de su calificación como delito en los códigos penales de nuestros países, numerosas Convenciones internacionales tratan de los distintos medios a través de los cuales es posible perseguirlo y penalizan, aunque de forma sectorial, sus manifestaciones. De construcción errática e imperfecta, la cooperación en la lucha contra el terrorismo es, evidentemente, una aspiración legítima de la sociedad internacional, muy presente en nuestras sociedades.

Sin embargo, el terrorismo tiene quizás un efecto perverso del que no siempre se es consciente, un efecto quizás más poderoso que los ataques en sí mismos. El arma más importante de las sociedades occidentales donde vivimos, la fuerza, en definitiva, de nuestra democracia se halla en que no se trata de un modelo puramente formal, en el que la celebración de unas elecciones sea su único requisito. España y de forma más amplia Europa y el llamado “mundo occidental” se inscriben en un modelo de democracia material que ha sido conquistado a lo largo de los siglos, y que implica no sólo la existencia de comicios periódicos, sino también el respeto de una lista de derechos fundamentales, reconocidos en todas las Constituciones de los Estados así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ratificado por los 46 Estados miembros del Consejo de Europa.

La democracia se apoya, pues, en la preeminencia del Derecho y en los derechos humanos, que corresponden a todos aquéllos que se hallen bajo la jurisdicción de uno de los Estados europeos. El terrorismo pretende minar las bases de esa democracia, usando de la libertad y de los derechos que todos poseen para destruirla desde dentro. Pero la democracia, nuestra democracia, no está indefensa ante este tipo de acciones, sino que se ha dotado de un mecanismo de defensa para luchar contra sus propios enemigos, tratando de aprender de los errores de una guerra mundial en la que quedó patente que el acceso al poder a través de elecciones libres no era suficiente para conseguir un régimen realmente libre. La figura del abuso de derecho permite así privar a todos los que pretenden usar alguno de los derechos enunciados en las Constituciones o en el Convenio para fines distintos de los previstos de su ejercicio.

Los ejemplos se multiplican en los casos de terrorismo: las decisiones sobre la prohibición de partidos políticos que hagan apología o representen a alguna forma de organización terrorista, o la privación de la libertad de expresión de todos aquéllos que compartan esas ideas, se basan en el abuso de derecho y en la necesidad de la defensa de la democracia a la que aludimos. Pero intentar que la democracia ampare o justifique otro tipo de acciones en su lucha contra el terrorismo, lesivas de unos derechos que constituyen una victoria histórica, es un peligro demasiado grande. Abu Ghraib, Guantánamo y ahora el informe sobre la existencia de detenciones ilegales llevadas a cabo por la CIA con la aquiescencia de muchos de los Estados europeos, que pone de relieve la creación de cárceles secretas donde no existe ningún respeto de los derechos de hábeas corpus ni control judicial alguno sobre lo que allí sucede no es sólo una aberración, sino una amenaza a la base misma de nuestra sociedad.

Parece que la lucha contra el terrorismo nos ha familiarizado con las profecías orwellianas del gran hermano, sin que el hecho de estar vigilados en las calles, metros o transportes públicos, el registro de todos nuestros datos personales en bancos compartidos internacionalmente o los férreos controles a la hora de tomar un avión nos hagan reflexionar sobre la cuestión. Que la aplicación de todas estas medidas, justificadas en aras de la seguridad nacional e internacional, es algo que aceptamos incluso de buen grado si con ello se evita a los terroristas campar a sus anchas, tiene su lógica; el que en algunas de estas nuestras democracias occidentales el simple hecho de ser extranjero pueda ser un indicio suficiente para que la policía lleve a cabo un seguimiento de las acciones del individuo en cuestión comienza ya a ser de más difícil justificación, pero aún en ese caso, podemos decirnos que al fin y al cabo, el que no tiene nada que esconder no tiene por qué ser molestado. Pero cuando las detenciones bajo sospecha de terrorismo se traducen en días de incomunicación sin tener derecho a ser llevado ante un juez, si los mecanismos de prevención en la lucha antiterrorista despojan al individuo de sus libertades civiles más básicas, deberíamos ponernos en guardia y reaccionar, antes de llegar a una situación en la que oímos hablar de “interrogatorios intensivos” o de “ejecuciones extrajudiciales” (sin que en ningún momento las palabras tortura o asesinato salgan a relucir) sin inmutarnos.

Las libertades “políticas“, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión o los derechos de sufragio, pueden restringirse si es por la preservación de un interés superior legítimo; pero la tortura, totalmente prohibida, siendo imperativa su persecución y prevención, no puede admitir justificación alguna, ni tampoco todo ataque al derecho a la vida que corresponde a todo ser humano. Los sucesos ocurridos en la prisión de Abu Ghraib, las “confesiones” arrancadas a los presos por delitos de terrorismo, lo que sugiere la existencia de las cárceles secretas a las que se refiere en su informe el Secretario General del Consejo de Europa, que sugieren precisamente el querer escapar del control del Estado de Derecho, es el ejercicio de una práctica detestable que creíamos desterrada en democracia, una práctica contra la que se debe luchar con tanto ahínco como el empleado en destruir a los grupos terroristas.

Cuando el asesinato ya no es asesinato, cuando la tortura deje de llamarse tortura en aras de un pretendido interés superior de defensa, ése es el momento en el que el mal contra el que pretendíamos luchar habrá conseguido vencernos, el momento en el que los terroristas habrán conseguido su propósito: la destrucción del cimiento de nuestras sociedades, una democracia que, aunque imperfecta, se basa en un rechazo frontal de la tortura y en una protección efectiva de los derechos fundamentales y las libertades básicas.