Las políticas gubernamentales no contribuyen a combatir en serio este delito. La permisividad del Gobierno nacional con la producción de coca excedentaria en Chapare ocasiona que la misma invada todas las áreas vecinas, como ya sucedió en el mismo departamento de Cochabamba con Colomi, en el departamento de Santa Cruz con Yapacaní y en el departamento de Beni con el Parque Nacional Isiboro Sécure. La triste y lamentable realidad es que aunque los cocaleros de esta zona no participen directamente en la producción de droga, es inevitable que provean la materia prima a quienes sí lo hacen, pues como todos los bolivianos sabemos solo la coca de Yungas, en el departamento de La Paz, se destina al consumo humano.

El descontrol del narcotráfico es, junto con la pobreza, el mayor desafío que nuestra sociedad debe enfrentar, y quizás la peor herencia que dejemos a los jóvenes y a las futuras generaciones.

Los costos que sufre el pueblo boliviano son muchísimos. Vivimos en un medio espantado por la violencia de los ajustes de cuentas que a diario se producen, así como por el drama que genera el creciente consumo de drogas entre los jóvenes, que los atrapa en un círculo vicioso de dependencia y delincuencia, generando así mayor inseguridad ciudadana.

Igualmente, la expansión de las áreas destinadas a la producción de coca destruye los parques y reservas nacionales, y las fábricas de droga contaminan los cauces de agua, afectando a la gente y a la fauna. Llamativamente, en los discursos de nuestros gobernantes no se encuentran referencias de la destrucción de la madre tierra por parte del narcotráfico.

Hechos como la llegada de los más peligrosos grupos del crimen organizado a Bolivia, la detención en Panamá del Gral. René Sanabria, responsable de la Inteligencia antidroga, autor confeso de dirigir la exportación de más de seis toneladas de cocaína a Estados Unidos, y el anuncio del retiro de nuestro país de la Convención de las Naciones contra las Drogas, solo nos dan razones para ser cada vez más pesimistas.

La sensación de bonanza económica que hoy experimentamos no nos pagará nunca el costo de caer en la violencia que hoy sufren muchas naciones latinoamericanas. Como hace poco declaró la Conferencia Episcopal Boliviana: “La lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad del Estado que requiere la corresponsabilidad de los sectores sociales y de la sociedad civil, en general, para no caer en un grave deterioro y desintegración de la misma”.