La semana pasada, la Corte Suprema de EEUU se abocó a tratar los argumentos vertidos en el marco de la causa “Ashcroft c. Raich”, un caso que toca aspectos fundamentales que conciernen tanto al federalismo como a la libertad individual.

Estado
La Corte debe pronunciarse respecto de sí la Cláusula del Comercio de la
Constitución faculta o no al Congreso, a través de la Ley de Substancias
Controladas, a prohibir el uso medicinal de la marihuana.

La causa
incidirá también sobre la calidad de vida y la longevidad de dos mujeres
californianas gravemente enfermas. Angel Raich padece de parálisis, de un tumor
cerebral no operable quirúrgicamente, de ataques, de dolo crónico, de una
pérdida de peso que amenaza su vida, y de muchas otras dolencias. Diane Monson
se encuentra afectada de un dolor de espalda crónico y de espasmos musculares
causados por una enfermedad degenerativa de la espina. Sus facultativos—tras
concluir que los padecimientos de las mujeres no podrían ser aliviados con el
empleo de los medicamentos comunes, les recetaron marihuana tal como lo permite
la Ley del Uso Piadoso del estado de California.

Ambas mujeres han
experimentado resultados benéficos tras utilizar la marihuana. Raich, quien en
una oportunidad estuvo confinada a una silla de ruedas, es capaz de caminar
nuevamente. Sin el uso de la marihuana, sin embargo, su condición se verá
deteriorada. Uno se ve fuertemente obligado a caracterizar a la utilización
medicinal de la marihuana por parte de Raich y de Monson como si se tratase de
“comercio inter-estadual.” La marihuana en cuestión es cultivada utilizando
solamente tierra, agua, nutrientes, utensilios de labranza, y provisiones
fabricadas u originadas en California.

En otras palabras, es una
actividad agrícola intra-estadual. Pero en el mundo de la jurisprudencia
existente actualmente sobre la Cláusula del Comercio, si una actividad local
afecta o pudiese afectar a la economía nacional, el Congreso detenta la facultad
de reglamentarla al amparo de sus facultades sobre el comercio. La Cláusula del
Comercio faculta al Congreso para “regular el Comercio con las naciones
extranjeras, entre los diferentes estados y con las tribus indígenas.” Al
momento de su redacción, el comercio era entendido como un intercambio o la
comercialización; el mismo no era considerado como comprensivo de actividades
locales tales como la agricultura.

Al permitirle al Congreso reglamentar
el comercio inter-estadual, los redactores de la Constitución no contemplaron
las restricciones sobre la marihuana o cualquier otro tipo de cultivo hogareño.
En cambio, procuraban crear una gran zona de libre comercio dentro de los
Estados Unidos mediante la remoción de las barreras al comercio interno, tal
como Alexander Hamilton y James Madison lo puntualizaron en Los Papeles
Federalistas. Una zona de libre comercio a lo largo y ancho de la nación,
concordaban casi todos, les permitiría a los estados aprovechar la división del
trabajo y morigerar las tensiones en la medida que los bienes atravesasen
libremente las fronteras. Hamilton señalaba específicamente en el Federalista
Nro 17 que la Cláusula del Comercio no tendría efecto alguno sobre “la
administración de la justicia privada . . ., la supervisión de la agricultura y
de otros asuntos de naturaleza similar.”

Aparte de la pauta
interpretativa de Hamilton y Madison, como una cuestión textual la “agricultura”
no puede ser leída como “comercio.” Obviamente, el Congreso no puede reglamentar
las cosechas que crecen en los países extranjeros ni en los territorios de los
indios. Y en virtud de que a “comercio” debe otorgársele un idéntico significado
cuando se trata de los estados, el Congreso tampoco puede reglamentar a la
agricultura estadual. (No obstante ello, la reglamentación parlamentaria del
tráfico inter-estadual de productos agrícolas o de la importación de tales
productos desde otros países, sería consistente con el énfasis de Madison y
Hamilton sobre los bienes que atraviesan las fronteras)

De esta forma,
sobre la base del sentido común, la interpretación originaria de la Cláusula del
Comercio debería permitirle a Raich y a Monson el cultivo y el empleo de
marihuana para propósitos medicinales. Pero aquí es donde el precedente de la
Corte Suprema desde la época del New Deal complica las cosas. En 1942, la Corte
consideró la constitucionalidad de la Ley del Ajuste de la Agricultura del
Presidente Franklin D. Roosevelt. En la causa “Wickard c. Filburn,” el Tribunal
debió expedirse sobre la cuestión de sí el Congreso podía reglamentar el cultivo
de trigo realizado por un granjero con la exclusiva intención de emplearlo para
el consumo de su granja. Una actividad local, manifestó la Corte, puede “ser
alcanzada por el Congreso si la misma ejerce un efecto económico substancial
sobre el comercio inter-estadual.”

A pesar de que los 11,9 acres
sembrados con trigo en cuestión no parecían afectar al comercio inter-estadual,
la Corte razonó que el trigo del granjero, “considerado en conjunto con el de
muchos otros situados de manera similar, dista de ser algo trivial.” Debido a
que el cultivo del trigo para el consumo hogareño por parte de cientos o de
miles de agricultores podría afectar la demanda y el precio de ese cereal, los
actos de un alma solitaria y bucólica caen dentro de la facultad del Congreso de
reglamentar el comercio.

No debe sorprender que la presentación del
gobierno en la causa de Raich recaiga fuertemente en el fallo pronunciado en el
caso Wickard. De acuerdo con el Letrado General, “el cultivo hogareño de la
marihuana desplaza a las drogas vendidas tanto en el mercado abierto de
estupefacientes como en el mercado negro de drogas reglamentado por [la Ley de
Substancias Controladas].” De aquí, el gobierno concluye que el “Congreso posee
la facultad de reglamentar el comercio inter-estadual de la marihuana en virtud
de ser una actividad que afecta de manera sustancial al mercado,
independientemente del uso deseado para la droga.” Bajo este razonamiento del
gobierno, ¡el Congreso podría regular la procreación en razón de que un
crecimiento de la población podría incidir sobre el mercado y el precio de la
marihuana! Si el argumento del gobierno prevalece, entonces el Congreso tendrá
un irrestricto poder de policía para reglamentar todas las facetas de la vida
estadounidense. El recordatorio de las facultades enumeradas del Congreso en el
Artículo I, Sección Ocho de la Constitución será reducido a algo superfluo. En
años recientes, la Corte Suprema ha intentado imponerles algunos límites a las
facultades parlamentarias sobre el comercio. En su fallo en la causa “United
States c. López” (1995), la Corte sostuvo que la posesión de un arma de fuego en
las zonas escolares no afecta a la economía nacional; de esta manera, el
Congreso no puede prohibir a las armas de fuego en estas áreas esgrimiendo a la
Cláusula del Comercio.

En el caso “United States c. Morrison” (2000), el
Alto Tribunal rechazó las afirmaciones del gobierno de que los crímenes
violentos motivados por el género afectan al comercio inter-estadual y de que
debía permitirse la creación de un derecho de acción privada federal. Mientras
que la tendencia es la de circunscribir a las facultades sobre el comercio,
ambos pronunciamientos de la Corte dejaron intacto al recaído en la causa
Wickard. El fallo en la causa Raich tendrá implicancias de mayor alcance.
California es uno de los nueve estados que permite el empleo de la marihuana
para propósitos medicinales. Y en estos nueve estados existen muchas personas
como Raich y Monson que dependen de la marihuana para aliviar sus condiciones de
salud crónicas.

Solamente podemos esperar que la Corte continúe
limitando el abuso por parte del Congreso de sus facultades sobre el comercio.
Los principios del federalismo, la libertad individual, y la compasión aconsejan
todos un fallo a favor de Raich y de Monson.

Originalmente publicado por
el www.independent.org. William J. Watkins, Jr. es Research Fellow en el
Independent Institute