Un nuevo fenómeno asomó con fuerza en Latinoamérica, el indigenismo. Apareció con actos de extrema violencia, como en Perú, o como actor político, tal el ejemplo de Bolivia y de su líder el cocolero Evo Morales, quien hoy tiene en jaque al presidente de ese país Carlos Mesa. Sin embargo, este movimiento, nacido de las entrañas de América Latina, también preocupa a gobiernos extranjeros.

Democracia

Específicamente al de la primera potencia mundial y vecino continental. A
tal punto, que en un informe dado a conocer recientemente, el Consejo Nacional
de Inteligencia de Estados Unidos menciona entre los peligros potenciales para
la seguridad hemisférica el indigenismo militante, asociado, según los espías
estadounidenses, al antiamericanismo.

Luis Esteban González Manrique, del
Real Instituto Elcano, explica que en muchos países latinoamericanos la
proliferación de nuevos “actores armados” se vincula a una progresiva
organización de grupos étnicos que reclaman una mayor cuota de autonomía
territorial y política. En Bolivia, cita, el Movimiento al Socialismo (MAS) de
Evo Morales, en Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y
en el Perú el Movimiento Etnocacerista (ME) denuncian la discriminación étnica
de “naciones originarias”.

Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez,
está a mitad de camino en relación a los países andinos vecinos. En este sentido
González Manrique sostiene que incluso en ese país algunos sectores del chavismo
hablan de una supuesta lucha de la oligarquía contra mestizos y mulatos. Punto
seguido, destaca que la analista venezolana Elizabeth Burgos define el proceso
“bolivariano” como un “nacional-populismo-etnicista con rasgos neofascistas”,
una especie de racismo invertido que Chávez promueve como parte de su revolución
continental. Y concluye que las consecuencias económicas podrían ser peligrosas
si ese fenómeno pone en peligro la explotación de recursos naturales (gas,
petróleo, oro) en territorios donde la presencia de comunidades indígenas es
importante.

Para el catedrático español, Chávez y Castro parecen haber
percibido el potencial “revolucionario” de las reivindicaciones indígenas. Y
explica que si bien los criterios usados en las definiciones étnicas varían de
país a país, se estima que existen más de 400 grupos indígenas identificables en
América Latina, con casi 40 millones de personas, que incluyen desde pequeñas
tribus selváticas amazónicas hasta las macroetnias andinas quechua y aymara.
México, dice, tiene la población indígena más numerosa de América Latina,
alrededor de diez millones, pero representa solamente entre el 12% y el 15% de
la población total. En contraste, los indígenas de Guatemala y Bolivia
constituyen la mayoría de la población nacional y en Perú y Ecuador llegan casi
a la mitad. Según estimaciones de la CEPAL y el BID, un 9% de la población total
de la región es indígena, pero representa el 27% en el mundo rural.

Es
cierto que también hay quienes aplican políticas para integrar a la población
indígena de su país y reducir, de esa manera, los peligros de radicalización que
terminan en actos de violencia. Gonzáles Manrique pone el ejemplo del presidente
de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, para quien, oomo en otros terrenos, Brasil
está tomando la iniciativa a través de medidas de discriminación positiva,
siguiendo el modelo de la affirmative action de Estados Unidos. “Con una
población de origen africano mayor que la de cualquier otro país americano, el
gobierno de Lula da Silva decidió disminuir las desigualdades sociales
estableciendo cuotas raciales para el acceso a universidades y las
administraciones públicas”, explica, y añade que Lula está empeñado en
reexaminar la noción idealizada de Brasil como una armoniosa “democracia
racial”, obligando a la sociedad a enfrentar la realidad de la exclusión social.


Entre los negros y mestizos –más de un 50% de la población se define de
ese modo– la tasa de desempleo duplica a la de los blancos que, además, ganan un
57% más que los brasileños no blancos que trabajan en el mismo campo. Los pardos
y negros tienen también mayores índices de delincuencia y un 50% menos de
posibilidades de tener agua potable en sus hogares.

González Manrique
recuerda que cuatro de los ministros de Lula son negros, incluyendo el de la
recién creada cartera de promoción de la igualdad racial, y también nombró al
primer juez negro del Tribunal Supremo. Si el Congreso aprueba su proyecto de
ley para la igualdad racial, las cuotas se aplicarán en todos los niveles de
gobierno, incluso en la programación de televisión y las listas de candidatos de
los partidos políticos, explica.

Relata que desde el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso, tres ministerios federales y la municipalidad de São
Paulo ya aplican una cuota del 20% de “afrobrasileños” en los principales
cargos. La Universidade Estadual de Río de Janeiro fue la primera institución
educativa que introdujo la discriminación positiva en sus procesos de admisión:
al menos un 40% de los estudiantes deben ser negros o pardos y un 50% provenir
de escuelas públicas. En pocos meses, afirma González Manrique, consiguió a
través de esas políticas duplicar y en algunos casos triplicar el número de sus
estudiantes negros o mestizos en facultades como las de medicina, derecho e
ingenierías.

Fuente: Periodismo
Latino