Este Documento repasa el panorama de la adquisición de armamentos en Sudamérica mostrando un panorama que trasciende los casos de Colombia y Venezuela. Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia- Venezuela, etc.), por crisis político-sociales que impulsar a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales.

Seguridad
A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del sistema de
Vigilancia Amazónica SIVAM (compuesto por una sofisticada combinación de 19
radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia
electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de
parte sustancial de la zona amazónica (y en especial la fronteriza con Colombia
y Venezuela). La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a
la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1400 millones de dólares.
Durante el año 2003, el SIVAM detectó un total de 4128 vuelos ilegales. Todo
ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control
de amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico
de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país.


Dentro de ese esquema, cabe entender la sanción de la “Ley de derribo”
de aviones sospechados de realizar actividades ilegales, la reglamentación y el
desarrollo de planes operaciones para enmarcar un creciente rol de las Fuerzas
Armadas en tareas de respaldo a las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad
interior así como la decisión de reforzar fuertemente la presencia de fuerzas de
seguridad (con respaldo de las FF.AA) en la zona de la Triple Frontera. En este
sentido, ha decidido avanzar en un conjunto de medidas tendientes a reforzar la
seguridad en la zona de la Triple Frontera, calificada por fuentes nacionales e
internacionales como un espacio fuertemente ligado a tareas de contrabando,
narcotráfico, piratería, robo de autos y financiamiento del terrorismo
internacional. Entre estas medidas, se destaca la inauguración de una estación
modelo de la Policía Federal en Foz do Iguacu, la creación de un moderno núcleo
de la Policía Marítima y el patrullaje aéreo de las áreas consideradas críticas.
Asimismo, se coordinará con los sistemas de seguridad electrónicos y humanos con
que cuenta la represa de Itaipú.

No obstante el mayor énfasis en
confrontar las “nuevas amenazas” o “amenazas no estatales”, Brasilia ha buscado
lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de
la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos
blindados alemanes y de los Estados Unidos y la continuidad del programa del
submarino con propulsión nuclear, entre otros programas.

Con un
presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de
Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés
social y político por el tema. La situación crítica en Colombia en particular y
en la zona andino-amazónica en general influyen en esto. Asimismo, el
crecimiento económico y un marco de mayor estabilidad económica complementan
esta tendencia. No obstante, un punto no menor en la creciente consideración de
la opinión pública es la percepción del rol de las Fuerzas Armadas como sostén
logístico y operativo de las fuerzas de seguridad en una violencia interna que
presenta índices, según la UNESCO-Naciones Unidas, de 50 mil muertes anuales,
colocándose cuarta en el ranking mundial y solo superado (en la relación entre
bajas y cantidad de habitantes) por Colombia, El Salvador y Rusia.

La
exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro
de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de
liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas y la visión de ser
considerado por Estados Unidos como un actor moderador de males mayores en la
región. En este sentido, durante la reunión del Ministro de Defensa de Brasil,
José Alencar, con su par norteamericano Donald Rumsfeld en abril del presente
año, el funcionario brasileño enfatizó en la postura de Brasil de priorizar la
no-ingerencia en los asuntos internos de Venezuela y se negó a dar una opinión
sobre las recientes adquisiciones de material bélico por parte de Caracas. Por
último, criticó el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó
a calificar como terrorista el accionar de los mismos.

Cabe recordar que
la declaración final de la sexta conferencia de Ministros de Defensa del
hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador a fines del año pasado, terminó sin
incluir alguna de las propuestas impulsadas por el Secretario de Defensa de los
Estados Unidos. La brecha de visiones más grande se registró en el intercambio
de opiniones entre el Secretario de Defensa norteamericano y el Vicepresidente y
Ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con respecto a la posibilidad de
organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por
la conveniencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra
amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

La
postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y
Chile. La delegación argentina expresó la necesidad de reforzar el respaldo
político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención directa
en operaciones militares. Asimismo, el Secretario Rumsfeld llamó a juntar
fuerzas dentro de los países (por medio de una mayor cooperación interagencias)
y entre los países para hacer frente a amenazas sin fronteras como “el
terrorismo, el tráfico de drogas, los secuestros y las bandas criminales”,
argumentando que la interacción entre estos actores antisociales tienden a
desestabilizar las sociedades americanas

En cuanto a Perú, el gobierno
de Toledo ha firmado un acuerdo de cooperación con Rusia para avanzar en un
proceso de modernización de material aéreo de las Fuerzas Armadas. Parte del
programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares. También
se ha establecido un acuerdo con Francia tendiente a actualizar los aviones de
combate Mirage 2000 adquiridos en la década de los ´80. Todo ello complementado
por la decisión de adquirir fragatas provenientes de la Marina Italiana y la
decisión política y diplomática de desconocer la demarcación marítima
establecida con Chile a comienzos del siglo pasado. En octubre de 2004 la
Cancillería de Lima afirmó que no descarta recurrir al Tribunal Internacional de
Justicia para resolver el diferendo con Chile por la cuestión de la delimitación
marítima.

El caso de la Argentina se constituye en una excepción a la
tendencia antes descripta. Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las
últimas dos décadas se ha derrumbado al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace
20 años y el 2,5% promedio que existe a nivel mundial), el país se ha mantenido
ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o
un deseable cambio de tendencia, el Estado Nacional le ha asignado a la empresa
argentina INVAP desarrollar 11 radares bidimensionales dentro del nuevo plan de
radarización.

El costo estimado de los mismos sería de 54 millones de
pesos. Asimismo, la misma empresa fabricaría 3 radares tridimensionales de uso
militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares
tridimensionales que actualmente tiene el servicio de la Fuerza Aérea. El costo
total del plan alcanzaría a los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa
Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para
fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa. El mismo es una
versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado
de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra.

A su vez, durante la
reciente visita a la Argentina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos,
Donald Rumsfeld, se le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de
levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de
intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire.
Asimismo, el Pentágono facilitaría la participación de empresas argentinas en
ciertas licitaciones del sector de la Defensa en los Estados Unidos. La mayor
solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta
revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su
dirigencia, explicarían que las Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten, como lo
afirma Daniel Gallo en La Nación del 21/3/05, actualmente con el mayor
presupuesto operativo de los último diez años. El presupuesto asignado por el
presupuesto Nacional del año 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con
respecto al 2004 y representa el 6,51% del gasto federal. No obstante, ello solo
debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles
con el promedio regional.

Este repaso sobre el panorama de la
adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra un panorama que trasciende
los casos de Colombia y Venezuela. Tanto sea por la subsistencia de “rivalidades
duraderas” (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis
políticosociales que impulsar a algunos gobiernos a levantar banderas
nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con
su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus
cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la
seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.

Dependerá de la
madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva
influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia
agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y
una política constructiva y a largo plazo de los Estados Unidos, que esta
multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes
mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una
potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la
realpolitik del pasado.

Fabián C. Calle es Investigador Senior del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Es miembro de la
Carrera de Investigador del CONICET. Desarrolla actividad docente en la
Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y el Instituto
del Servicio Exterior de la Nación. Documentos / CADAL 6 de junio de 2005
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