“La ineficiencia del sistema político y del gobierno tiene una dimensión estatal ineludible. Cuando ésta no se atiende en el análisis y en la práctica, se va haciendo más visible que el orden de la política pierde significación y las conductas de sus practicantes parecen las de muñecos disparados por resortes de mecanismos que desconocen, más que acciones con propósitos genuinos.”

Políticas Públicas
CON frecuencia se olvida que el propósito de reformar el Estado va más allá de simples arreglos parciales del régimen político o de algún ordenamiento legal. La ineficiencia del sistema político y del gobierno tiene una dimensión estatal ineludible. Cuando ésta no se atiende en el análisis y en la práctica, se va haciendo más visible que el orden de la política pierde significación y las conductas de sus practicantes parecen las de muñecos disparados por resortes de mecanismos que desconocen, más que acciones con propósitos genuinos.

La distinción semántica entre gobernanza y gobernabilidad puede ayudar a entender la diferencia. Según el Diccionario de la Lengua Española, la primera consiste, en el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”, la segunda es simplemente la “acción y efecto de gobernar o gobernarse”. En el lenguaje cotidiano utilizamos la segunda idea casi de modo privativo y olvidamos a menudo que las características del efecto de gobernar dependen de la manera como está articulado el orden institucional al que alude la primera.

Es posible obtener gobernabilidad aunque se disponga de una mala organización de la gobernanza. Este es el caso de México. A pesar de la proliferación del conflicto político e incluso de la aparición de algunos estallidos aislados o resistencias a acciones de gobierno, se asume que las instituciones garantizan gobernabilidad. El gobierno se ha situado en esta posición. Algunos personajes de la oposición han sostenido ocasionalmente lo contrario, pero a pesar de todo, no ha habido una interrupción grave del orden institucional digna de ser llamada ingobernabilidad.

El gobierno ha adoptado la tesis de que el número de asuntos sobre los que hay consenso en los poderes de la Unión y los partidos supera a aquellos en los que hay discrepancia. La Secretaría de Gobernación exhibe como prueba la cantidad de leyes aprobadas por el Congreso desde el año 2000 (más de 200), frente al menor número de iniciativas desechadas o estancadas en la congeladora de alguna de las cámaras. Empero, conseguir efectos de gobernabilidad no quiere decir que la gobernanza goce de buena salud.

El mismo indicador que se presenta como evidencia del buen funcionamiento de “nuestras instituciones” puede dar lugar al argumento contrario. A pesar de que iniciativas como las reformas estructurales o las transformaciones que se han propuesto al régimen político sean pocas, tienen tal envergadura que la discrepancia en torno a ellas no puede sino indicar que los problemas que buscan resolver seguirán presentes indefinidamente mientras no haya fórmulas para acordar cómo superarlos.

Estos asuntos abarcan temas como la situación de las finanzas públicas, la producción de energía, la productividad del trabajo, la organización del sistema federal, las relaciones entre poderes, el sistema de justicia, la política exterior, por mencionar algunos de los más relevantes. Considerando su importancia, no hay duda de dos cosas. Una es que aquello acerca de lo que hay acuerdo es, por lo regular, de importancia comparativamente menor. La otra es que los temas de discrepancia son asuntos mayores y que, bien mirados, atañen, todos y cada uno de ellos, a la gobernanza, al Estado, no a la gobernabilidad del país.

Desde esta óptica es inevitable afirmar que los actores de la política han fracasado en la conducción del rumbo del país por vía de la estructura de sus instituciones vigentes, y que en el orden de estas instituciones reside, en alto grado, la explicación de este fracaso.

Basta mirar el panorama actual. Las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y, en alta medida, las relaciones entre los órdenes de gobierno, están en manos del Poder Judicial. La pérdida del centro articulador que representaba la Presidencia de la República no ha sido sustituida por un método que compatibilice pluralismo y eficacia gubernamental. Los partidos se convirtieron en instituciones autocentradas, con más interés en proteger sus intereses financieros y de grupo que en representar a la sociedad.

De este modo, las instituciones políticas, que en teoría deben ser el ámbito del acuerdo y la decisión pública, han disminuido su capacidad de realizar esta tarea y la desplazan hacia el arbitrio de última instancia, que no puede, como es obvio, sino regresar a los actores en forma de sentencia su esterilidad para la negociación y el acuerdo legislativo que favorezca al país.

Todo esto muestra que se ha interrumpido el proceso de transformación y modernización democrática del Estado, paradójicamente cuando se alcanzó la democratización del sistema electoral y la alternancia política en todos los niveles de gobierno. Esta paradoja se hace aún más patente si observamos que los únicos que pueden tomar decisiones para desatorar el proceso son los mismos que representan el problema. ¿Acaso no habrá más que la proliferación de los desarreglos y el aumento de la presión social para inducir a los actores políticos a decidirse a construir una verdadera gobernanza democrática del Estado nacional?

Fuente: El Universal – México