La empresa española Uragua afirmó que la rescisión de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento que prestaba en Maldonado es una “maniobra” del gobierno para no pagarle compensaciones.

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“La pretendida ´rescisión de la concesión por incumplimiento del concesionario´ es una maniobra que pretende resucitar el contrato para luego rescindirlo, expropiando a Uragua sin la compensación que en justicia y conforme a la legalidad le corresponde”, señala Uragua en un aviso pagado que publican todos los diarios uruguayos.

Uragua, propiedad de las españolas Iberdrola, Aguas de Bilbao y BBK (la Caja de Ahorros de Vizcaya), ganó el año 2000 la licitación para la concesión de los servicios durante un plazo de 30 años con una oferta de US$ 523 millones y un pago mensual de un canon de US$ 600.000 al Estado uruguayo.

La empresa española entiende que la reforma de la Constitución aprobada en un referéndum el 31 de octubre, le impide seguir brindando los servicios a unos 50.000 usuarios del departamento de Maldonado.

La reforma, aprobada por el 65 por ciento de los uruguayos, establece que los servicios de agua potable y saneamiento deben quedar exclusivamente en manos del Estado.

Las autoridades llegaron a la conclusión que la reforma de la Constitución no tiene efecto retroactivo y hace dos semanas decidieron la rescisión del contrato con Uragua por incumplimiento de obras.

La empresa española entiende que el expediente de rescisión de contrato “adolece de gravísimas ilegalidades, irregularidades y omisiones, las que están documentadas y serán probadas en el curso de los procesos administrativos y jurídicos, algunos de los cuales ya están en marcha”.

Uragua inició una acción legal contra el Estado y para el 28 de junio está fijada la audiencia de conciliación.

Tras la decisión de rescindir, el gobierno se quedará con la garantía de contrato, que asciende a US$ 15 millones en bonos uruguayos.

La empresa destacó que “ha cumplido con sus obligaciones” y, además, destacó que “se encuentra sólidamente amparada por la normativa aplicable, razón por la cual ha presentado los oportunos recursos y hará cuanto en derecho proceda en defensa de sus legítimos intereses”.