Con un breve ensayo, Andrés Villamizar, de la Fundación Seguridad y Democracia, invita al debate público sobre el tema de la inteligencia en el ámbito colombiano. El escrito titulado, “La Reforma de la Inteligencia- Un imperativo democrático”, contiene observaciones interesantes sobre las debilidades y fortalezas de la inteligencia en Colombia.

Seguridad

 Describe la
redundancia entre las funciones de las diferentes agencias, la confusa mezcla de
funciones del DAS, las dificultades en la coordinación entre inteligencia
militar, Policía y DAS, y otros problemas relacionados con el tema. El autor
hace una acertada distinción entre la función de inteligencia y la investigación
criminal. Le sobra razón cuando afirma que confundir las dos funciones lleva a
graves equivocaciones. Sin embargo, es necesario anotar que en un conflicto
interno como el nuestro, las funciones inevitablemente se sobreponen.

A
veces una entorpece la otra, pero se refuerzan en la mayoría de los casos. La
inteligencia produce indicios que facilitan la investigación criminal. Lo ideal
es que existan mecanismos para que ocurra también el efecto inverso: que la
investigación criminal arroje información de inteligencia. El problema, frente a
la opinión pública, es que los ciudadanos padecen frustración cuando la
inteligencia no produce efectos penales, y a la vez, los hombres de inteligencia
temen que los procesos judiciales pongan en riesgo sus informantes y sus
agentes.

Villamizar ha
acudido a fuentes y bibliografía diversas e interesantes. El problema del ensayo
es que no reconoce las dificultades que existen para legislar adecuadamente
sobre el tema en un país donde los simpatizantes de los grupos ilegales
agresores tienen amplia representación en el congreso, y muy especialmente en la
Corte Constitucional. Una cosa es legislar en Estados Unidos o Gran Bretaña, y
otra cosa, bien distinta, es legislar en Colombia. La falla más importante de la
propuesta del autor es su insistencia en la “transparencia” en la actividad de
inteligencia y su sujeción al control del “poder civil”, que él mismo define
como el Congreso de la República.

Cabe recordar que en Colombia, el
ejecutivo es elegido también, y no podemos desconocer su carácter de “poder
civil”. La inteligencia ha estado sujeta siempre al ejecutivo
civil.

Resulta interesante
contrastar los conceptos de Villamizar con algunos expresados por John F.
Lehman, miembro de la comisión que estudió los sucesos del 11 de Septiembre en
Estados Unidos. Esta comisión bipartidista concluyó, entre otras cosas que una
de las razones fundamentales para las
deficiencias en inteligencia frente al riesgo de terrorismo fue que el Congreso
no había permitido establecer un sistema competente. Existían tantas
restricciones normativas que las diferentes agencias no podían, legalmente,
complementar su información. Cada una de las agencias principales, el FBI y la
CIA logró descubrir la mitad del rompecabezas, pero no podían colaborar para
juntar las piezas. E

stas normas buscaban prevenir abusos, pero
resultaron entorpeciendo la labor de inteligencia. Los derechos de extranjeros a
la privacidad, por ejemplo, primaron sobre las consideraciones de seguridad
nacional. Se necesitó un desastre como el del 11 de Septiembre para que se
reversaran las limitaciones a las actividades de inteligencia impuestas
progresivamente por el Congreso.

¿Conviene que el
Congreso conozca la información de inteligencia, como propone Villamizar? El
ensayista ignora aparentemente los problemas que se han presentado en Estados
Unidos con los comités de inteligencia del Congreso. El senador izquierdista
Patrick Leahy, por ejemplo, tuvo que renunciar “voluntariamente” al comité de
inteligencia en 1988, porque filtró información secreta a la prensa . Se sabe
también que los servicios secretos ingleses (MI5 y MI6) ocasionalmente han
“protegido” información por desconfianza ante ciertos miembros del gabinete (que
son parlamentarios).

El ensayista peca por ingenuidad cuando dice,
refiriéndose a la comisión parlamentaria que ejercería control sobre la
inteligencia:

“Esta comisión
tendría acceso a información secreta y se encargaría de verificar que los
servicios de inteligencia en Colombia cumplan a cabalidad con las misiones y
objetivos trazados por el gobierno así como de velar porque estas actividades no
violen la ley o los derechos fundamentales de los
ciudadanos.” Más adelante dice: “Resulta importante señalar aquí la importancia
de que los miembros de esta comisión deben adquirir el inquebrantable compromiso
de garantizar la no divulgación de los secretos de Estado o de información
confidencial.

De hacerlo enfrentarían graves sanciones de tipo
disciplinario y penal.” ¡Que ingenuidad! Esto en el país donde la Fiscalía del
Dr. Gómez Méndez filtraba lo que quería a la prensa, a pesar de la supuesta
“reserva del sumario” que estaba obligado a cumplir en muchos casos. Hay
necesidad de plantear las cosas para el país real, no para uno utópico. Aquí no
habría un sólo Patrick Leahy, sino muchos.

El terrorismo es
un enemigo difícil, y trátese de Al Quaeda o de las FARC, los organismos de
inteligencia necesitan el secreto y mucha discrecionalidad para enfrentarlos. En
nuestro caso, los narcoterroristas no sólo tienen inmensos recursos, sino que
tienen aliados o simpatizantes ideológicos en el Congreso y en la Corte. Es
insensato en estas circunstancias sugerir un control político parlamentario a
los organismos de inteligencia. No podemos ignorar, sin correr grave riesgo, la
profunda infiltración del Estado mismo, ni los postulados del marxismo leninismo
y su doctrina de utilizar todos los medios de lucha para llegar al poder.
En
el ensayo de Villamizar se critica con razón el problema de la diversidad de
funciones del DAS: inteligencia, servicio de escoltas, policía judicial,
investigación criminal y extranjería. Hacer tantas cosas bien es
imposible.

La invitación
del ensayista a desarrollar un debate público es, sin embargo, desatinada. Si
existe algún campo en el cual se necesita discreción y secreto es el de la
inteligencia, pieza fundamental en la defensa de
Colombia frente a la agresión de la subversión y el narcotráfico, por una parte,
y también frente a las actitudes de vecinos difíciles. El marco legal de la
inteligencia debe ser estudiado dentro del secreto debido por expertos para
determinar que se requiere para mejorar su funcionamiento.

Muchos
cambios requieren simples decisiones del ejecutivo. Si se requiere ir más allá
de las posibilidades del ejecutivo, es necesario sopesar los beneficios que se
piensan obtener al recurrir al Congreso, frente a los riesgos del proceso
legislativo (incluida la revisión de la Corte Constitucional) en el ambiente
real de nuestro país.

No cabe duda de
que en el momento actual Colombia necesita, más que nunca, los mejores servicios
de inteligencia en todos los órdenes. Uno de los campos que es indispensable
fortalecer es el
internacional. La subversión utiliza los países vecinos para sus fines y allí se
requiere un especial esfuerzo. No sobra anotar que se han logrado éxitos
importantes, como la captura de Simón Trinidad y de Rodrigo Granda, alias
Ricardo González, éste último jefe importante del aparato internacional de las
FARC. Es indispensable reforzar los vínculos con las autoridades policiales y
militares de los países vecinos. También es indispensable
fortalecer la inteligencia
política y estratégica en Europa y Estados Unidos. Mucho se puede hacer desde
Colombia en este sentido, utilizando y analizando información de fuentes
abiertas.

Pero no todo se puede hacer sin tener agentes en el exterior
que conozcan bien el funcionamiento de la sociedad que se pretende analizar y
estén en contacto con las autoridades de policía e inteligencia del respectivo
país. Se supone que ésta es una de las misiones de los agregados militares, pero
estos no permanecen suficiente tiempo en el cargo, y muchas veces desconocen la
cultura y el lenguaje pertinentes. Otro riesgo nuevo que el país necesita
enfrentar es el gobierno Chávez, tan amigo de Fidel Castro e ideológicamente
cercano a las FARC y el ELN. El costo de tener un servicio de inteligencia que
opere en el extranjero es alto, pero las actuales circunstancias ameritan el
esfuerzo. La inteligencia en el exterior requerirá la participación de varias
agencias. Es necesario establecer un plan de acción para organizarla.

Tampoco se puede
obviar la necesidad de una coordinación entre las agencias en el ámbito
nacional. Es lo que se está haciendo en Estados Unidos. Eso no necesariamente
implica supeditar alguna de las agencias actuales a otras. Vale la pena estudiar
con detenimiento lo que se ha hecho tanto en Estados Unidos, como en otros
países, para lograr esta coordinación sin detrimento de las capacidades y
responsabilidades de los diversos servicios.

Fuente: Centro
de Análisis Sociopolitico