La rebelión contra la democracia en América Latina se debe a que los pueblos se sienten explotados por regímenes que se llaman democráticos pero no lo son. El fenómeno se complica cuando éstos son identificados como capitalistas donde imperan las prebendas, el nepotismo y el clientelismo político.

Democracia
La explotación, el abuso y el enriquecimiento ilícito provocan explosiones
populares que rechazan furiosamente la misma democracia que las permite y al mal
llamado capitalismo de sistemas corruptos que los oprimen. Aspiran ciegamente a
su desmantelamiento en lugar de afianzarlos racionalmente en un esfuerzo de
desarrollo.

Son muchos los abusos que cometen regímenes centralizados y
corruptos bajo la etiqueta democrática. Por ejemplo, en la pobrísima región
peruana de Chulucanas, en el noroeste aledaño al Ecuador, el gobierno de Lima
desarrolla la explotación de yacimientos de plata, oro, cobre y otros metales. A
falta de capital nacional ha invitado la inversión de consorcios mineros
extranjeros.

Estos consorcios acuden dispuestos a respetar leyes y
normas y negociar legalmente los contratos con el gobierno central. El gobierno
central vende tierras y llega a acuerdos con las empresas mineras que no tienen
en cuenta el bienestar ni el futuro de los habitantes.

En parajes remotos
tales como Huarmaca, los habitantes vienen a enterarse de los negocios
concertados en la capital cuando el equipo minero pesado irrumpe en sus predios,
se queman bosques, se desvía el agua de los ríos para la industria y se altera a
veces irreversiblemente el entorno natural.

Aunque estos consorcios
mineros proveen capital al país y empleos al nivel local o regional, esta
bonanza es de corta duración y las minas cierran cinco o diez años después sin
dejar beneficio permanente alguno a los pobladores y sí una herencia de
deforestación, tierras arrasadas y contaminadas que no sirven para la
agricultura. Al final, esos ciudadanos acaban más empobrecidos y la indiferencia
de los ´´políticos´´ los enardece y los conduce a la rebelión.

En esta
región, como en otras del mundo, los misioneros hacen una labor formidable. Los
agustinos de Chulucanas no se limitan a obras de caridad, sino que abarcan
proyectos de rehabilitación social y urbana, desarrollo cultural,
autosuficiencia, enseñanza y adiestramiento en 180 poblados de la zona. Empero
la labor de las instituciones de caridad es ejemplar, no basta.

La
democracia implica la consulta popular en todas las decisiones que afecten a la
población o a un sector de ella y corresponde al Estado aplicar sus mandatos. En
proyectos como el de Huarmaca, una democracia genuina consultaría a los
gobiernos municipales y convocaría a reuniones públicas para intercambiar
opiniones con los pobladores y conocer sus problemas y objeciones.

La
explotación minera estaría condicionada a programas de rehabilitación ecológica
posterior y proyectos de infraestructura y desarrollo local que revirtieran una
parte de las utilidades impositivas en beneficio de la zona y sus habitantes. Si
no se llegara a un consenso con los pobladores, el gobierno central convocaría a
un referendo que les permitiera escoger entre diversas opciones viables. Las
soluciones son muy distintas y siempre serán mejores que caer en las manos de
manipuladores extremistas interesados en destruir la democracia y el estado de
derecho.

Conscientes de que las empresas extranjeras están dispuestas a
invertir donde quiera que perciban utilidades razonables, hay que concertar
convenios beneficiosos para todos. Conscientes de la existencia de políticos
corruptos o incapaces que entorpecen o mancillan estos procesos, movilizarse
para reemplazarlos con otros mejores por medios democráticos.

Crear
organismos de acción política que supervisen las decisiones gubernamentales con
un propósito de afianzar y legitimar las instituciones democráticas y no de
destruirlas o desmantelarlas. Realizar reformas constitucionales que favorezcan
la participación ciudadana. Además, la defensa del régimen democrático es
indispensable porque es el único que garantiza la libertad y el estado de
derecho. Si lo que piden las turbas es un régimen de fuerza que imponga las
soluciones de unos pocos ´´iluminados´´, es deber de los pueblos hacerles
frente.

Fuente : Firmas Press