Decidió dejar su puesto ganado de forma unánime y volver a su país para afrontar la justicia ante sus legítimos tribunales.

Carmen Soto
Fue Presidente de la República de Costa Rica en el periodo, 1998-2002, y electo por aclamación Secretario General de la OEA, el 6 de junio de 2004.

Inició el ejercicio de su cargo con un amplio programa de reforma administrativa para centrar los objetivos de la organización, resolver los problemas presupuestarios y fortalecer la OEA. Empantanada esa transformación, ahora en la Asamblea General en Panamá aún siguen buscando recursos.

Fue acusado por quien fue su asesor y posteriormente directivo de la empresa estatal de telecomunicaciones ICE, José Antonio Lobo, que fue imputado por recibir 2,5 millones de US$, por adjudicar una licitación de 400.000 líneas de telefonía móvil a la compañía Alcatel.

Este caso pone en evidencia el deterioro que ha sufrido el estado de derecho en Costa Rica, país que se creía inmune al abuso de violaciones al debido proceso.

Los problemas que genera para el estado de derecho y para el debido proceso, el procedimiento penal aprobado en 1996, lo expone Rodríguez en su libro: “Di la cara”, editado por Planeta. En su presentación, Enrique Ghersi, prestigioso periodista y abogado, Master en Derecho Civil, Doctor en Derecho y director del Centro de Investigación y Estudios Legales del Perú, ex diputado y profesor universitario, manifestó: “Porque ese libro distingue muy claramente lo que yo llamaría el Estado de Derecho, del Estado de Legalidad, que no es lo mismo. Los abogados y los políticos hemos sido educados en América Latina en los últimos 50 o 60 años en una perversión del concepto de la Ley, y creemos equivocadamente que la Ley es de suyo justa, y que cualquier Ley, aún sea la más atrabiliaria y abusiva es sinónimo de justicia y de equidad, y ese es exactamente el peligro en una democracia, en un estado contemporáneo, lindar y regular el poder, porque hoy día una persona puede ser la víctima, pero mañana cualquiera de nosotros puede serlo. Es la historia de la aplicación de la Ley a mis enemigos, sea quien fuere aquel que define quienes son mis enemigos.” A Ghersi le sorprende el deterioro del Estado de Derecho que ha sufrido Costa Rica, que fuera en otros tiempos ejemplo para los demás países. “Porque que pasara eso en Perú, pasa todos los días, o que pasara en Bolivia, que pasara en Ecuador; pero la sorpresa para un profesor de Derecho, peruano, es que le digan que también pasa en Costa Rica, donde creíamos inmune a la sociedad, a la experiencia y a las instituciones, de las tentaciones del abuso, de la inequidad y de la falta de igualdad.”

Tras más de dos años y medio de batalla legal, Rodríguez no ha logrado obtener un juicio justo. El Ministerio Público aún no ha encausado acusación formal en su contra.

La Sala Constitucional aceptó el recurso de amparo interpuesto por el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, contra el Ministro de Seguridad Pública del gobierno anterior, por las transgresiones a sus derechos humanos a su llegada al aeropuerto de la capital costarricense, Juan Santamaría.

Sin siquiera acusación en su contra por el delito que se investiga, y solo por el dicho de un procesado confeso que buscó un acuerdo para rebajar su propia pena, fue presentado como culpable ante los medios de comunicación a su llegada voluntaria al país.

Lo detuvieron ilegalmente a su salida del avión, en violación de lo expresado claramente por una orden judicial. Lo exhibieron, lo trataron como un peligroso delincuente, siendo aún Secretario General de la OEA. Una vez exhibido, se le retiraron las esposas para encerrarlo en una perrera, normalmente utilizada para criminales peligrosos. Fue llevado a gran velocidad a un calabozo donde pasó la noche. La ruta, previamente anunciada, estaba repleta de personas que lo insultaban. Fue una violación evidente de sus derechos humanos.

A pesar de recibir el apoyo de los Embajadores de los Estados miembros de la OEA, decidió renunciar a su puesto, a fin de volver a su país, enfrentar su defensa y poder obtener un juicio justo.

Reconoció haber recibido un préstamo-ya devuelto- de su antiguo amigo, para poder sufragar parte de los gastos de su fructuosa campaña a la secretaría general de la OEA.

Sin condena y ni siquiera acusación fue enviado a un calabozo en la cárcel común donde se le mantuvo en aislamiento.

Esa acción pretendía ser ejemplarizante y generar notoriedad política.

El irrespeto al debido proceso, -desde la primera declaración indagatoria de Lobo- ha sido manifiesto. Cada vez que convenía a los fines de la acusación, los testimonios fueron de inmediato filtrados, a ciertos medios de prensa.

A la defensa, sistemáticamente, se le obstaculizó su accionar, se le ocultaron documentos durante la indagatoria, se retrasó la incorporación al expediente, de algunos, más de un año. Indiciados y testigos fueron interrogados sin informar a los abogados defensores, a pesar de sus reiteradas solicitudes, así como una interminable lista de anomalías.

Rodríguez afirma que: “El tema era político, y sus autores habían recogido muy buenos frutos, y, no iban a dejar que las cosas cambiaran. El Presidente con su incremento de la popularidad; el Fiscal había sido declarado “Hombre del Año 2004″; La Nación y Canal 7 vendían más, eran más poderosos y buscaban premios por sus actuaciones. La Corte encargaba al propio Fiscal General, investigar mis denuncias en su contra. Las investigaciones legislativas contra el Poder Judicial se habían prácticamente archivado.”

Próximo a los 3 años de regresar a su país, y ya cumplidos los 3 desde su unánime elección a la Secretaría General de la OEA, Rodríguez promete seguir luchando por un juicio justo. “Debo también trabajar en cambiar lo que deba cambiar, para asegurar que se me dé un juicio justo. ¿Será eso posible después de tantas violaciones al debido proceso, a mi inocencia, a mi libertad, a mis derechos humanos? El fin de la historia está aún por escribir, quiera Dios que sea un buen final: para mi familia, para mí, y ante todo para el bien del Estado de Derecho, y de las libertades, y dignidad de los costarricenses.”