El atentado de Barajas debe ser el final de un proceso que, a todas luces, cuestionaba la supremacía del estado de derecho y sometía a la sociedad democrática al chantaje terrorista.

Aunque el gobierno español se empeñe en decir que el proceso está liquidado, muerto y enterrado, no podrá encubrir el (finalmente) trágico error de negociar con una banda terrorista que, ante la menor posibilidad, no duda en aplicar su ira ejecutoria. El gobierno socialista pareció desconocer, sólo basta seguir sus contradicciones, que se enfrentaba a una banda criminal, sostenida en el mesianismo más anacrónico, y sólo fortalecida por quienes reconocen su existencia.

El gobierno de Aznar había puesto a estos criminales, literalmente, contra las cuerdas. Había amordazado su discurso violento, había declarado la ilegalidad de su brazo político y de sus fuentes de financiación, y había dejado en claro que lo que rige en España –o regía- era el estado de derecho. La negociación abierta por el gobierno de Zapatero deslegitimó en gran medida lo actuado por Aznar y dio a la banda el aire necesario para sobrevivir.

Los hechos de Barajas, pero también la violencia urbana vivida en el País Vasco, reflejan la desafortunada lectura del gobierno sobre la situación de ETA, y la insensatez histórica con la que este grupo ha pretendido imponer sus ideales trasnochados. Las disculpas del Rubalcaba aparecen como penosas ironías de la política española, como quien no sabe, ni sabrá, explicar el gravísimo error en el que la política de su partido ha metido al gobierno.

En la detonación de esta última aparición desaparecieron dos ciudadanos ecuatorianos. Dos personas que jamás imaginarían que se desplomaría por sobre sus cabezas el parking entero de la flamante T4. Las condolencias oficiales resultan vergonzosas cuando parte de los esfuerzos del gobierno fueron destinados a "dialogar" con semejantes criminales.

Lo grave de la situación es, en definitiva, el profundo desconocimiento que mostró el gobierno de la lógica terrorista. De su ánimo y su forma de proceder, impulsando una negociación frente a quienes sólo negocian con la muerte.

Encierra esta decisión un profundo desconocimiento de lo que significa gobernar, y entender que lo que prima en una sociedad democrática es el estado de derecho, sin excepción para nadie. El terrorismo de ETA pareció disfrutar de un status distinto. Como atenuado por las conversaciones que se estaban manteniendo y que ignoraban que, en cualquier momento, la ira terrorista produciría otra tragedia.

Pues ello ocurrió y se espera que el gobierno abandone, ya mismo, la inexplicable aproximación que supuso "el proceso de paz", y que, lamentablemente, defendió hasta último momento.