Política

Análisis sobre el contencioso hispano-británico de Gibraltar

Pudiera ocurrir que España no recuperase materialmente nunca Gibraltar –cosa muy probable- pero la reclamación coherente y constante sobre su soberanía habría mantenido al menos a nuestro país dignamente como dueño moral de un territorio que le fue usurpado por la fuerza hace tres siglos. Sin embargo, la decisión del actual gobierno socialista que concede al colono las llaves de cualquier futuro de la colonia deslegitima ya totalmente a España sobre su reivindicación de soberanía.

Altomira critica la decisión de España de conceder a los colonos las llaves del conflicto
1. Cualquier análisis sobre el contencioso hispano-británico de Gibraltar –sobre el hecho de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantenga en el siglo XXI una colonia en un territorio peninsular español ganado a España en un contexto bélico ocurrido tres siglos atrás- debe partir de la cabal identificación del significado profundo del fenómeno. La compresión de esa significación, aparte del debido conocimiento de los aspectos formales y materiales del conflicto, podría darnos los parámetros más convenientes desde los que abordar la amplia, delicada y compleja cuestión de Gibraltar.

2. Ha sido planteada en otra ocasión• la posible significación profunda de la existencia de la base-colonia británica de Gibraltar en el solar peninsular español como la representación simbólica del choque histórico de las dos principales modernidades occidentales, de las dos grandes cosmovisiones europeas que el mundo ha conocido en los últimos quinientos años: la hispánica -de raíz latina, católica, euromeridional, sincrética, utópica, humanista y universalista- y la anglosajona –de raíz germánica, protestante, euroseptentrional, puritana, realista, economicista y predestinada. En el contexto de este choque histórico de contrarios se había constatado cómo un país, España, había intentado en su momento de máximo poderío subyugar al otro, Inglaterra, y cómo este último, finalmente y más de un siglo después, acabó sustituyendo al primero como poder global. Todo ello, otros elementos psiconacionales, filosóficos e históricos, y determinados factores concretos más tangibles, daban explicación, no justificación, a la extraña y pintoresca existencia de una base-colonia extranjera en el solar peninsular español. Se podría concluir finalmente que tras el término del ciclo imperial británico, tras la pérdida del principal sentido económico o estratégico-militar de la base, y verificada, después de siglos, la presencia de ambos países en los mismos sistemas políticos, económicos y defensivos (particularmente en lo referente al proceso en marcha de construcción europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte), el pacífico reencuentro de las dos principales cosmovisiones europeas y de esos dos países occidentales pasaría por la devolución definitiva a España por parte de Gran Bretaña de la todavía hoy base-colonia de Gibraltar.

3. Más tangibles que las razones conceptuales o de fondo histórico y cultural del contencioso han sido siempre las consecuencias materiales negativas de la existencia de una base-colonia ubicada entre el territorio y las aguas de otro Estado. Consecuencias de orden económico vinculadas al contrabando, a los tráficos ilícitos, a la evasión de capitales, al establecimiento de sociedades ficticias o cuasi ficticias; consecuencias también relacionadas con la simple vecindad de un pequeño enclave de propiedad extranjera y de naturaleza en gran parte militar. Consecuencias netamente graves y negativas para España en todos los órdenes.

4. Se hace preciso determinar los contenidos de la reclamación y apuntar fórmulas y modos concretos de solución. La reclamación española tiene un contenido esencialmente territorial y simbólico-formal. España reclama en última instancia el elemento que representa la materialidad de la soberanía: el territorio. España no reclama nacionales. La necesaria retrocesión final y total del territorio y de la soberanía sobre el mismo –única solución que podría tener carácter definitivo- pasaría, seguramente, por un periodo de cosoberanía formal angloespañola. Con la readquisición del territorio perdido aparecerían los símbolos formales de soberanía.

5. Pobladores de Gibraltar, no “gibraltareños”. La población de Gibraltar, que no estrictamente “pueblo” pues el pueblo originario, español, fue expulsado por los británicos, fue instalada artificialmente en el Peñón procedente de todos los confines del imperio colonial británico. Se trata ésta de una cuestión fundamental. Estas personas son técnicamente colonos, colonizadores, y no habitantes originarios aunque los antepasados de algunos de ellos llegasen a la plaza hace más de dos siglos.

El colonizador, por principio, no puede votar sobre la descolonización o no descolonización de un territorio que de hecho él mismo coloniza y que Naciones Unidas declara como necesario objeto de descolonización. Esta falacia, más allá de su intrínseco carácter ilícito, es la que se quiso poner en práctica con el referéndum o consulta popular celebrada en la colonia en noviembre de 2002. También es de igual naturaleza el compromiso británico de no hacer nada en contra de la voluntad de los “gibraltareños”, esto es, en contra de los colonizadores británicos.

Se recomienda incidir siempre en esta cuestión y recordar a los medios y a los políticos y diplomáticos españoles que no deben referirse a ese contingente colonizador o a sus componentes como “gibraltareños” sino como colonos británicos de Gibraltar. En este sentido convendría apoyar activamente movimientos como el de la asociación denominada “Herederos de Gibraltar” integrada por los descendientes de los verdaderos y originarios gibraltareños. Ésos son, hoy, los gibraltareños de iure.

6. Giro del actual gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El 27 de octubre de 2004 se hace público el comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, del Foreign & Commonwealth Office del Reino Unido y del Gobierno de Gibraltar en el que se confirma el establecimiento de un nuevo foro de diálogo a tres bandas, separado del Proceso de Bruselas.

En este foro:

-Cualquiera de las partes puede plantear cualquier asunto relacionado con o que afecte a Gibraltar

-Cada una de las partes tendrá su voz propia y separada y cada una participará sobre la misma base;

-Cualquier decisión o acuerdo alcanzado en el foro deberá ser acordado por cada uno de los tres participantes. Si las tres partes desean adoptar una decisión en el foro respecto a un asunto sobre el que el acuerdo formal debiese ser, de forma apropiada, entre España y el Reino Unido, se entiende que el Reino Unido no prestará su correspondiente acuerdo sin el consentimiento del Gobierno de Gibraltar.

Es decir, el actual gobierno español ha concedido a la colonia británica de Gibraltar voz y voto, y por lo tanto veto, sobre cualquier cuestión que le afecte incluyendo la sustancial del contencioso, la de la soberanía.

Se ha quebrado la línea de coherencia histórica y diplomática de la propia España trabajada durante decenios en la Organización de Naciones Unidas. Se obvian o contradicen las resoluciones de Naciones Unidas sobre el contencioso promovidas y trabajadas precisamente por la diplomacia española durante muchos años. Se han contradicho seguramente declaraciones y proposiciones a ese respecto de las Cortes españolas, de la máxima representación y expresión de la soberanía popular.

La decisión del gobierno coloca a la colonia extranjera de Gibraltar, instalada sobre suelo usurpado a España, al nivel de un Estado soberano –al nivel de la misma España- con la única intención explícita en el comunicado señalado de “crear una atmósfera constructiva de confianza mutua y cooperación en beneficio y para la prosperidad de Gibraltar y la región en su conjunto, en particular el Campo de Gibraltar”. No se menciona siquiera la soberanía ni la reclamación de la misma. Esto es, España hace prácticamente una dejación o renuncia implícita a la soberanía del territorio.

La intención expresada por el gobierno socialista de ganarse de este modo la voluntad de la población de la colonia, y muy especialmente en lo que se referiría a una hipotética retrocesión futura de la soberanía a España, es absolutamente ilusoria. Ni la facilitación de las relaciones de la colonia con su entorno adyacente, ni el aumento del nivel de vida de sus habitantes provocará un deseo de estos de ser españoles o de aceptar la soberanía de España sobre el Peñón. Se trata de una cuestión cultural, de identidad protonacional y psicocolectiva y de prestigio de los habitantes de la colonia –que siempre preferirán ser británicos o gibraltareños- la cual hace absolutamente imposible la españolización de ese territorio o de sus pobladores si la decisión depende de ellos. Por ello es preciso incidir en el hecho de que España reclama un territorio, no nacionales ni las personas que lo habitan.

Pudiera ocurrir que España no recuperase materialmente nunca Gibraltar –cosa muy probable- pero la reclamación coherente y constante sobre su soberanía habría mantenido al menos a nuestro país dignamente como dueño moral de un territorio que le fue usurpado por la fuerza hace tres siglos. Sin embargo, la decisión del actual gobierno socialista que concede al colono las llaves de cualquier futuro de la colonia deslegitima ya totalmente a España sobre su reivindicación de soberanía y sólo puede ser interpretada, tristemente, como una renuncia implícita a la misma. Gibraltar tiene una profunda significación, sintetizada en el segundo punto de este documento, que trasciende el concepto de mera cuestión de política exterior. Pero Gibraltar también es, o era, uno de los últimos elementos y puntos de encuentro del imaginario nacional español. Su renuncia o su simple desconocimiento vienen a ser un síntoma más y un reflejo del momento histórico de objetiva deconstrucción conceptual y real que vive España en los inicios del siglo XXI. Momento de deconstrucción que, tal vez, pueda ofrecer la oportunidad de plantear nuevas bases para una refundación y reorientación de España como sociedad política.

7. Posibles soluciones. La sorprendente cesión del gobierno socialista, que posiblemente no ha sido entendida todavía en toda su gravedad, tiene difícil remedio pues crea antecedentes y derechos para la parte, o ahora, las partes, colonizadoras. Cualquier solución, no obstante, pasaría por una denuncia o una reinterpretación casi absoluta de lo declarado en el comunicado conjunto de 27 de octubre de 2004 que, lógicamente y atendiendo a derecho, difícilmente sería aceptada por la parte/partes británica/colonial de Gibraltar.

La interpretación apuntada podría restringir el ámbito de las materias que tal foro pudiese tratar únicamente a aquéllas que no afecten directamente a la soberanía, atributo exclusivo de los Estados soberanos. Es decir, cualquier cuestión sobre el manejo de las simples relaciones vecinales entre la colonia y las comarcas adyacentes podría ser tratado, o incluso vetado, por las autoridades de Gibraltar. Pero nunca nada relacionado con el carácter esencial y sustantivo de la soberanía y, especialmente, de la reclamación sobre la misma.

La resurrección del Proceso de Bruselas –que parece no declararse extinguido formalmente pero del que el nuevo foro “tripartito” se declara “separado”- podría tener alguna mínima virtualidad en la medida en que contempla la cuestión de la soberanía como tema a discutir.

Tras la reinterpretación o eventual denuncia por España del foro tripartito debería retomarse el camino iniciado durante el mandato del ministro Piqué en pos, al menos, de un estatus de cosoberanía que diese paso, un día tal vez, a la soberanía plena española. Será necesario identificar y estudiar con rigor y precisión las causas que abortaron aquella posibilidad (la negativa del estamento militar británico a abandonar una base importante y la movilización de los pobladores de Gibraltar y de su lobby en Gran Bretaña) para poder diseñar una estrategia de contención y poder combatirlos adecuadamente.

El futuro de un Gibraltar reintegrado en España pasaría por la adopción de una fórmula política equivalente a las de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a los habitantes éstos podrían adoptar la nacionalidad española y conservar la británica, u optar por cualquiera de las dos. Lo esencial es el hecho, reiterado, de que España reclama el territorio y los símbolos de la soberanía sobre el mismo. No reclama nacionales aunque los acogería generosamente.

Tratándose el contencioso de Gibraltar de una cuestión de enorme y profunda significación simbólica habría que recurrir para su resolución a estrategias y soluciones de esa misma naturaleza. Como se planteó en el texto citado el mantenimiento por parte de Gran Bretaña de esa colonia en suelo legítimamente español respondería, en parte, al reflejo de un curioso y poco entendido complejo histórico que conserva ese país con respecto al nuestro. Gran Bretaña, subconsciente o inconscientemente, simbolizaría y escenificaría de ese modo su triunfo final y definitivo sobre el país-imperio que en la primera mitad de la Edad Moderna trató de invadirla y subyugarla. La Union Jack sobre una enorme roca de la costa andaluza tiene un contenido, en el fondo, mucho más simbólico y nacionalista británico, que militar, comercial y operativo.

Debería difundirse adecuadamente esta idea, tanto en España como en Gran Bretaña y en la colonia. Pero especialmente en Gran Bretaña de modo que las elites y la opinión pública británicas llegasen finalmente a interiorizar la devolución de Gibraltar a España como la “superación” de un complejo propio que procede de cuando aquella nación era un pequeño país pobre y aislado que trató de ser sojuzgado por la Gran Armada de Rey español Felipe II, monarca que ya fue formalmente Rey de Inglaterra mientras sólo aguardaba la titularidad de la Corona de España (este último factor, poco conocido y aparentemente anecdótico, hace mella todavía, sin embargo, en el imaginario nacional inglés/británico). Si la existencia de la colonia de Gibraltar ha constituido, y constituye, un motivo de humillación para el ser nacional español, debería, inteligentemente, transferirse ese sentimiento a la parte británica de modo que la devolución de la colonia significase para Gran Bretaña la final superación de los vestigios de un antiguo y poco conocido complejo de inseguridad británico. Esto facilitaría la solución o, al menos, dignificaría la posición española.

El formal traspaso de la soberanía podría hacerse a nivel, precisamente, de Coronas. El monarca británico devolvería el territorio al Rey de España y se sellaría de este modo la amistad de dos países que, tras haber constituido la quintaesencia de las dos grandes cosmovisiones occidentales y haber sido los centros imperiales y rivales consecutivos de la Edad Moderna, se encuentran ahora unidos en valores e intereses, en los procesos de integración política y económica, y en las alianzas militares.

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