El Ejecutivo nigeriano ha llevado a los tribunales al gigante farmacéutico Pfizer merced a ensayos ilegales con un fármaco contra la meningitis que provocó muertes y malformaciones a unos 200 niños, según informó ayer la prensa del país.

Experimentos con un medicamento

En su demanda, las autoridades nigerianas piden a la Corte Suprema Federal de Abuya 7.000 millones de dólares para compensar los daños del ensayo y para indemnizar a las víctimas y a sus familiares, según publica el periódico autóctono Guardian News.

Unas pruebas clínicas realizadas por la multinacional estadounidense en el estado nigeriano de Kano, el más extenso del país, durante una epidemia de meningitis en 1996, es el caso a que se refiere la denuncia.

Pfizer aprovechó presuntamente la epidemia para experimentar, en unos 200 niños enfermos, un nuevo fármaco en desarrollo careciendo de los permisos éticos del estado nigeriano y sin informar a las familias.

De los menores que participaron involuntariamente en los ensayos, once murieron y otros sufrieron sordera, ceguera, parálisis cerebral y otras malformaciones. Un caso que salió a la luz en 2000 tras una investigación del diario estadounidense The Washington Post sobre la administración del antibiótico Trovan en los niños de Kano, al que siguió una investigación del Ministerio de Sanidad nigeriano.

El dinero solicitado en el pleito se utilizará para indemnizar a las familias, junto a compensar al Gobierno por los costosos tratamientos de cura y apoyo a las familias en los años posteriores a los acontecimientos. Se incluye una cantidad para sufragar los costes de las campañas necesarias para recuperar la credibilidad del sistema sanitario de la región. En el proceso iniciado hace dos años por las autoridades de Kano se acusa a la firma de mala conducta, de conspiración criminal y de homicidio de inocentes.

El juicio se aplazó para el 26 de junio tras la petición del abogado de la defensa, Chiefe Afe Babalola, quien declaró que el caso era incompetente porque los documentes presentados por la acusación no habían llegado a sus clientes, tal y como estipula la ley. Aún así, el letrado no solicitó que se anulara el proceso.

“Mis clientes quieren tener el caso resuelto a favor lo más pronto posible”, dijo Babalola.