Las conclusiones de cada mesa arrojaron interesantes retos que Colombia debe asumir durante los próximos años.

Análisis sobre la realidad de Colombia
De manera conjunta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Consejo Privado de Competitividad y el Instituto de Ciencia Política – Hernán Echavarría Olózaga, lideraron el foro “Encontrando la ruta de la prosperidad colectiva”, que se realizó el miércoles 4 de junio en Bogotá, Colombia. El encuentro buscaba, a través del diálogo entre los principales actores y tomadores de decisión de la sociedad civil, evaluar el desempeño del país en diferentes áreas y sectores.

En la mañana, el debate inició por cuenta del ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga y de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de Chile. Los dos hicieron alusión a la situación actual de Colombia y en especial de América Latina. Posteriormente, la discusión se dividió entre 10 temas con igual número de mesas de trabajo, dirigidas por connotados especialistas. Las conclusiones de cada mesa arrojaron interesantes retos que Colombia debe asumir durante los próximos años.

El modelo de discusión de este encuentro, replicable en otros países de América Latina, centró su atención en la competitividad, el comercio exterior, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios, la institucionalidad democrática, la movilidad social, la política exterior, el sistema de justicia y la solución del conflicto interno. Muchos de los temas principales hoy son centro de atención por parte de observadores nacionales e internacionales, a propósito de diferentes temas que afectan al país y a la región.

Todos los temas sin excepción son un referente al momento de encauzar al país por la senda del crecimiento y la prosperidad. Sin embargo, actualmente cuatro llaman la atención por la importancia que tenido en la opinión internacional: las relaciones con Ecuador y Venezuela; el sistema de justicia colombiano, a propósito de la extradición de los jefes paramilitares y de la ley de justicia y paz; la institucionalidad democrática, y la solución del conflicto interno que motiva diferentes posturas sobre las alternativas para enfrentarlo.

El que fuera canciller del ex presidente colombiano Andrés Pastrana, Guillermo Fernández de Soto, resaltó la necesidad de normalizar las relaciones con los vecinos a partir de unos mínimos comunes, y el director de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Luis Carlos Villegas, sugirió, en esa misma línea y a propósito del caso venezolano, un manejo político prudente y un conocimiento exacto de las reales dependencias de ambos países. Actualmente, Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia, razón que ha impulsado a mirar nuevas alternativas de comercio con el ánimo de estrechar lazos comerciales con otras regiones y países. Fernández de Soto fue claro al afirmar que la política exterior debe basarse en el principio de Respice Omnia –mirar el universo– para no depender de unos pocos socios y aliados.

La extradición de 14 jefes paramilitares colombianos a Estados Unidos, suscitó apoyo y críticas al gobierno de este país. Las críticas vinieron de las víctimas de la acción paramilitar que veían cómo la extradición alejaba sus posibilidades de justicia y reparación. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, propuso la creación de una comisión nacional de la verdad con amplias funciones, entre esas que los paramilitares extraditados continúen siendo investigados y juzgados en Colombia de manera paralela; formalizar los acuerdos de cooperación y extradición con Estados Unidos con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia y la reparación ante eventuales futuras extradiciones; obtener versiones de la tropa paramilitar para garantizar la verdad y consolidar la reconciliación nacional, y evitar la globalización judicial del conflicto colombiano.

El ex vicepresidente de la república, Humberto de la Calle, resaltó que la llamada “parapolítica” representa “una deslegitimación del Congreso, de los partidos políticos y de algunos de sus miembros”, pero de ninguna manera podría pensarse o suponer que Colombia afronta una crisis institucional. Finalmente, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, a propósito del conflicto interno, aseguró que “debe mantenerse la presión militar y el uso de la fuerza dentro de los límites constitucionales”, sin renunciar a una futura negociación con grupos irregulares. Insistió en la necesidad de animar la presión social contra los métodos infames y resaltó la necesidad de generar los mecanismos para crear una “política que prepare a la sociedad para una futura negociación”.