Un 56,43% de los franceses dijeron ayer ´no´ a la Constitución europea en el referéndum celebrado en Francia, una vez finalizado el recuento en un 90,77% de los colegios electorales. Según estos datos, 9.344.453 personas votaron sí, lo que representa un 43,57% por ciento, frente a 12.104.708 personas que votaron no, un 56,43 por ciento. La participación superó el 70 por ciento. Es un serio revés a los gobiernos actuales de Francia, España y Alemania pero no necesariamente para Europa o España.

El presidente Jacques Chirac declaró ayer por la noche, tras la derrota masiva de la ratificación de la Constitución europea, que "Francia sigue en la Unión" y "respeta sus compromisos" pero que toma "nota" de la decisión de los franceses. Con el cierre de los últimos colegios electorales, comienzan a hacerse públicos los sondeos a pie de urna.

"No nos engañemos (…) esta situación crea un contexto difícil para la defensa de nuestros intereses en Europa, advirtió Chirac en una breve alocución televisada, cuando los sondeos a pie de urna indican que el "no" ha ganado por entre el 54,5 y el 55,6% de los votos.

Un "no" acelera la que se da por segura marcha de Raffarin, tras tres años en ejercicio, y que podría ser sustituido por el ministro del Interior, Dominique de Villepin, o por el presidente de la gobernante y conservadora UMP, Nicolas Sarkozy.

Otro de los perdedores del bando del "sí" (UMP, UDF y las direcciones de los partidos Socialista y Verde) sería el líder socialista, Francois Hollande, que vería sus aspiraciones presidenciales cuestionadas y tendría que someter su puesto al aval del partido en el próximo congreso previsto a finales de año.

Por el contrario, el que recaudaría los mayores réditos sería el "número dos" socialista, Laurent Fabius, quien ha hecho campaña a favor del ´no´ y vería reforzadas sus aspiraciones al Elíseo, Sarkozy, pues seguiría su ruta hacia el Elíseo teniendo enfrente un Chirac debilitado; la líder comunista Marie-George Buffet, que trataría de atraer a su filas a la izquierda radical; y el soberanista Philippe de Villiers.

El rechazo anunciado es una bofetada para el presidente francés y su Gobierno, y augura consecuencias preocupantes para el proyecto de Francia en Europa y sus propios intereses como el mismo Chirac ha reconocido. El jefe del Estado desoyó las peticiones de dimisión que le lanzaron los partidarios del "no" y se limitó a anunciar "un impulso nuevo y fuerte" de la acción gubernamental. Chirac dijo que precisará "en los próximos días" esta remodelación del Gobierno.

El futuro próximo.

 

El profesor de Derecho Comunitario y vicedecano del Instituto Empresa, José María de Areilza, auguraba que un ´no´ en Francia y Países Bajos "desencadenaría una crisis política en una Unión ya en bajas horas, por la situación económica débil y la falta de un liderazgo político claro tras la ampliación y la guerra de Irak". "Los principales efectos a corto plazo serían de tipo económico, con un castigo de los mercados al euro y un aumento de la desconfianza de la inversión extranjera".

 

 

A su juicio, después del ´no´ se abren tres escenarios posibles, empezando por la posibilidad de convocar un segundo referéndum, como en los casos de Maastricht y Niza. Sin embargo, advierte de que "Chirac y Raffarin estarían deslegitimados" para convocarlo tras la derrota el 29 de mayo y, además, recuerda que las razones del ´no´ en Francia son de muy diverso tipo, por lo que "sería difícil ofrecer declaraciones políticas del Consejo Europeo que apaciguasen los rechazos antes de un segundo referéndum".

 

Una segunda opción sería "poner en marcha entre París y Berlín y un grupo de Estados afines una serie de medidas de integración diferenciada, para promover un núcleo duro que luchara contra el euroescepticismo", aunque esto supondría "abandonar la Constitución europea y suspender las ratificaciones en los demás Estados".

 

Además, este nuevo "núcleo" sería casi "simbólico", porque no podría afectar a cuestiones como la integración económica, el mercado interior o la moneda, aunque sí "designar un ministro de Asuntos Exteriores común, fusionar diplomacias, adoptar medidas de armonización en derecho civil y penal y lanzar una iniciativa común de defensa europea", opina De Areilza.

 

Como tercer escenario, apunta la convocatoria de una nueva Convención y una nueva conferencia Intergubernamental para pactar otra Constitución, "por ejemplo ´más social´", pero cree que "para ir por este camino" los Veinticinco carecen de "voluntad política, energías y consenso" para hacer algo "muy distinto" del Tratado actual.

 

Con todo, apunta el profesor, esta opción tiene la ventaja de que es compatible con la construcción futura de un ´núcleo duro´, aunque corre el riesgo de tener un precio económico "inasumible, ya que supondría reducir el perímetro del mercado interior".

 

A juicio de Sebastian Kurpas, analista del Centre for European Policy Studies (CEPS) es "poco realista" tanto repetir los referendos como emprender una "renegociación sustancial" de la Constitución. Por ello, consiera que la opción "más plausible es la de un ´Tratado de Niza Plus´", porque el Tratado de Niza, el que rige actualmente, seguiría siendo de aplicación y "los jefes de Gobierno intentarían salvar de la Constitución aquellos elementos que, por consenso, pudieran ratificar a través de respectivos procedimientos nacionales".

 

Este ´plan B´, no obstante, se enfrentaría a obstáculos políticos y legales si los Veinticinco tratan de salvar novedades importantes de la Constitución, como el nuevo sistema de toma de decisiones en el Consejo, el nombramiento de un presidente permanente y de un ministro de Asuntos Exteriores.

 

Además, Kurpas considera que la mayoría de los Gobiernos tendrían que "enfrentarse a una considerable presión política" para volver a someter los cambios a referéndum en sus países, y eso "sin el valor añadido de la Constitución" en términos de "coherencia legal" y "compromiso político".

 

El analista considera que otras novedades de la Constitución, como la iniciativa popular que permite que un millón de ciudadanos de varios países puedan pedir normas europeas en algún asunto, serían más fáciles de adoptar sin la necesidad de una Constitución.