El “NO” a la reforma tuvo, no obstante, menos apoyo que la planteada por la izquierda gobernante. El 55,8 % de los votantes rechazaron el texto, frente al 62 % que lo hizo en 2022. Así las cosas, no parece que el gobierno izquierdista quiera intentar una tercera reforma.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el domingo por la noche que su gobierno no intentará un tercer intento de cambiar la Constitución. Admitió que no fue capaz de “canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución escrita para todos” y dijo, después de dos referendos, que “el país se polarizó, se dividió”.
La propuesta de reforma de la Constitución chilena actual, que fue propiciada en las postrimerías de la dictadura de Pinochet para facilitar una transición pacífica a la democracia y que había basado su estabilidad de años en un amplio consenso entre la izquierda y la derecha, nació después de la violentas protestas callejeras que en Chile sucedieron en 2019 contra el gobierno conservador de Sebastián Piñera. Fue el propio Piñera, en un intento de calmar las algaradas callejeras, quien prometió e inició el proceso para la reforma constitucional.
Aquel proceso tuvo como resultado la victoria electoral de una amplia coalición de partidos izquierdistas, inspirados en las propuestas populistas del Grupo de Puebla triunfantes en buena parte del continente, frente a un centro y derecha muy divididos.
Hoy, sin embargo, parece que en Chile- probablemente el país de América Latina que tenía más estabilidad política y los mejores ratios de desarrollo- es evidente el agotamiento y cansancio de los ciudadanos, después de 10 elecciones de diversa índole en menos de dos años y medio.
Incluso el propio gobierno ha llegado a admitir, al igual que la oposición, que Chile tiene hoy otras prioridades y la principal, a decir de muchos, una creciente y galopante inseguridad confirmada por las estadísticas estatales que muestran un aumento desmesurado en los robos y delitos violentos.
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