Los seis primeros meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast permiten evaluar una
administración que ya superó la etapa inicial y debe demostrar capacidad de consolidación. A esta altura, los problemas ya no pueden explicarse exclusivamente por el proceso de instalación, la administración cuenta con decisiones legislativas y operativas que permiten identificar una orientación.
El cuadro de fondo es exigente: la aprobación presidencial se sitúa en el 36%1, la economía desplazó a la seguridad como prioridad ciudadana y el alza de los combustibles amplificó la percepción de pérdida de bienestar. A pesar de que el inicio del ordenamiento de las cuentas fiscales y la aprobación de la reforma económica son logros reconocidos, estas son medidas con resultados de mediano y largo plazo, por lo que es difícil convertirlas, en el corto plazo, en una respuesta integral a las emergencias que el Gobierno definió al asumir. La tensión es clara: existe valoración de medidas estructurales, pero la evaluación cotidiana está determinada por sus efectos inmediatos sobre el presupuesto familiar. Los avances puntuales todavía no configuran un balance satisfactorio ante el bajo crecimiento y el alto desempleo.
Para la ciudadanía ya no es suficiente identificar las causas del estancamiento, la baja inversión y el desempleo, sino que demanda soluciones a través de la ejecución de políticas públicas efectivas. La estrategia gubernamental debería, por tanto, combinar un diagnóstico de largo plazo con respuestas verificables en el corto plazo.
El Gobierno dispone de una base económica reconocible: Ley de Reconstrucción, reducción de impuestos, ajuste del gasto y proyecto de mercado de capitales con foco en vivienda. Se trata de instrumentos orientados a inversión, financiamiento y sostenibilidad fiscal, pero sus efectos maduran más lentamente que las expectativas sociales. La respuesta no debiera alterar esa dirección, sino complementarla con un programa de transición centrado en empleo formal, vivienda e inversión regional de rápida ejecución. La instrucción del mandatario de elaborar un plan de emergencia laboral, que incorpora a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subdere, ofrece una plataforma adecuada si se traduce en metas a corto plazo, responsables definidos y seguimiento público, pero el instrumento más importante para el logro de ese objetivo es la ley de presupuesto que define las prioridades del 2027. El Gobierno no solo debe lograr sacar adelante tan importante iniciativa, sino que lo debe hacer buscando el acercamiento con aquellos ciudadanos que esperan respuestas a sus problemas económicos, especialmente de empleo.
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Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org
