La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, firmó un acuerdo con el jefe del Gobierno de Andorra,  Jaume Bartomeu, por el que la Agencia Tributaria de España podrá demandar a las autoridades andorranas acceso a datos bancarios y contables e identificar a los beneficiarios de cualquier tipo de transacción que implique a contribuyentes españoles.

 

En una rueda de prensa, Bartomeu precisó que el acuerdo no admite “expediciones de pesca” y explicó que España no podrá reclamar la lista de todos sus ciudadanos, sino que sólo se responderá en casos particulares tras un expediente abierto por las autoridades de Madrid.

 

Por su parte, Salgado celebró que el acuerdo supone un avance “muy importante muy apreciable” en la lucha contra el fraude fiscal y tendrá un relevante efecto disuasorio para la realización de operaciones que tengan por finalidad el fraude fiscal internacional. Explicó que las negociaciones han recibido su mayor impulso tras los acuerdos de la cumbre del G-20, países ante los que Andorra se comprometió a adaptar su legislación a los estándares de la OCDE. “Cabe recordar que Andorra es uno de los pocos estados de Europa que reconocía el secreto bancario en sus leyes”, incidió.

 

Para que el acuerdo se haga efectivo, los parlamentos de ambos países deberán ratificarlo. Después, deberán transcurrir un plazo de tres meses para ponerlo en práctica y no tendrá un efecto retroactivo.

 

Tras el visto bueno de las Cortes, España retirará a Andorra de su lista de paraísos fiscales, en la que entró en 2006, medida que Bartomeu calificó de “extraordinariamente positivo” para los ciudadanos y empresas del principado.