Alexander Guerrero E. sostiene que el ejercicio pleno de los derechos de propiedad constituye la institución fundamental de una sociedad democrática donde las preferencias de la gente se arbitren bajo un orden espontáneo, confiable, y justo.

Estado
La economía política de la revolución
1. El “estado de derecho” de los
derechos de propiedad

La actividad económica y el proceso de creación de
riqueza dependen de manera crucial de la existencia de un estable, creíble y
confiable orden jurídico que implemente, haga cumplir y refuerce los derechos de
propiedad y contratos de individuos entre si y entre estos y el estado; si no
ocurre de esa manera, ese proceso de creación de riqueza se pervierte en virtud
del continuo incremento de costos de transacción que impone en la economía un
marco jurídico inestable, el cual por sistémica inestabilidad haga peligrar los
derechos de propiedad y, hasta la propia propiedad privada.

El ejercicio
pleno de los derechos de propiedad, esencia de un estado de derecho, constituye
la institución fundamental de una sociedad democrática donde las preferencias de
la gente se arbitren bajo un orden espontáneo, confiable, y justo, no hay
economía viable intergeneracionalmente hablando que perdure en una sociedad
donde los derechos de propiedad sean inestables, bien por derecho o de facto. Es
el caso de los decretos sobre la propiedad de la tierra puesta en marcha por los
gobiernos, la politización de esos derechos de propiedad traerán aun mayor
inestabilidad institucional para el funcionamiento de la economía agrícola en
particular y con efectos perversos en la economía en general.

2.
Derechos de propiedad depredados incrementan costos de transacción.

El
inestable marco jurídico que rodea la economía de los derechos de propiedad
imputa un incremento sostenido en los costos de transacción, fenómeno este que
afecta severamente la actividad económica en virtud de que el incremento de esos
costos de transacción limita y restringe la rentabilidad esperada en cualquier
transacción económica.

La actividad privada de inversión y gasto,
funciones básicas para que una economía progrese se ven restringidas por la
incertidumbre y desconfianza que generan los mecanismos institucionales y
políticos que debilita el ejercicio de los derechos de propiedad. Queda claro
que el proceso de debilitamiento de los derechos de propiedad es tan perverso
como el fenómeno de expropiación, con o sin compensación, en otras palabras, el
debilitamiento de los derechos de propiedad produce las mismas deseconomías o
economías negativas que la propia expropiación, así esté amparada por normas e
instituciones jurídicas.

Este ultimo caso, además de las propias
prerrogativas que arrastra el sistema político sin contrapesos institucionales
que operen por defecto, caracteriza también el proceso político que vive
Venezuela de cambios institucionales en el régimen socioeconómico que conlleva
un sistema de depredación de los derechos de propiedad envuelto en leyes, normas
y decretos de gobierno, afecta la esencia misma de la sociedad capitalista
basada en la propiedad privada y el ejercicio pleno de los derechos sobre esa
propiedad y en consecuencia impondrá severos costos de transacción al progreso
económico que todos deseamos..

Es importante destacar acá que los costos
de transacción abarcan todos aquellos costos, distintos a los del proceso de
producción e intercambio; son generalmente costos de orden social generados por
ineficiencia e inestabilidad del marco jurídico que no promueve el cumplimiento
del orden y ley que rigen los contratos entre individuos y entre estos y el
estado; es decir no protege los derechos de propiedad. EN este orden se inscribe
una curiosa jurisprudencia que continuamente se genera en el TSJ bajo el amparo
del estado social de derecho, dogma constitucional que ha institucionalizado el
debilitamiento de los derechos de propiedad.

3. Revolución vs. derechos
de propiedad: un nuevo régimen socioeconómico y un marco para depredar derechos
de propiedad Las revoluciones políticas en general suelen desmontar esas reglas
de juego que definen el cumplimiento de los derechos de propiedad, lo que en
consecuencia produce efectos perversos en la economía contrarios a las economías
positivas que el respeto, cumplimiento y fortalecimiento de esos derechos de
propiedad están destinados a generar.

La revolución bolivariana
pertenece a esta cosecha, el marco jurídico de respeto a los derechos de
propiedad que subyacía al régimen económico “pre-bolivariano”, aunque aun débil
para garantizar un crecimiento sostenible en el lago plazo, ha sido
desmantelado; un nuevo orden sobre una nueva constitución económica se
implementa en los últimos años, el estado ha dejado de ser laico en materia de
derechos de propiedad y mercado.

El Estado, y el gobierno han asumiendo
roles en la economía cuyo impacto inicial conduce a un desplazamiento de la
actividad económica de la gente, privada, con impacto de largo plazo en la
descapitalización del capital y el trabajo, con las consecuencias económicas y
sociales a la vista en materia de empobrecimiento y perdida de competitividad de
la economía en general. En lo específico, las primeras consecuencias se pueden
leer en la exacerbación de la dependencia petrolera tanto fiscal como de balanza
de pagos.

El impacto económico de esos cambios institucionales
producidos por la expansión del Estado y el gobierno en lo económico, marcan el
grado de hipertrofia fiscal, dado que la expansión del gasto publico se produce
como consecuencia del incremento de los precios –renta- del petróleo, fenómeno
que ocurre en condiciones de inestabilidad en el mediano plazo. Esa expansión
del gasto publico y otras agencias del Estado han desplazando la inversión
privada –efecto crawding out o desplazamiento.

4. Distorsiones de la
economía por el debilitamiento de los derechos de propiedad En general ambos
fenómenos han transformado considerablemente la estructura económica, lo cual es
visible por la contracción de la inversión neta; el sector moderno de la
economía se ha encogido y descapitalizado, dando paso a la expansión de
economías tradicionales y tecnológicamente rezagadas de tipo informal
mercantilista y hasta pre-capitalistas. Su importancia evidente se puede notar
en la data que muestra la evolución del mercado laboral en los últimos anos,
donde es visible la velocidad con que crecen las actividades económicas no
formales en relación a las formales.

Por otro lado, esas distorsiones de
la economía real, se reflejan de manera protuberante en el uso y destino de
fondos para la inversión y el gasto privado, donde el financiamiento de la
economía del Estado –por vía de transferencias parapresupuestarias y
parafiscales- y del gobierno –gasto corriente por expansión de la nomina del
gobierno- crece en base al ingreso petrolero.

En ese sentido, se
identifica claramente que una mayor porción de fondos bancarios – cerca de las
dos terceras partes- financia actividades estatales y del gobierno por vía del
crecimiento de la deuda pública, pasivos que posteriormente el gobierno deprecia
y licua al ritmo de la persistente inflación que el propio gobierno promueve
para financiar inflacionariamente el déficit fiscal; el efecto neto es la
depreciación y descapitalización del ahorro privado.

Es importante
destacar que esos cambios, pervertidos en mecanismos depredadores de los
derechos de propiedad son promovidos directamente por el gobierno y agencias
publicas –PDVSA, CVG, etc- con la creación de economías tradicionales informales
enmarcados en programas de gasto social que absorben una buena porción del
mercado laboral que se desprende del encogimiento del sector moderno, y del que
reflejan las estadísticas laborales de los jóvenes que recién se incorporan al
mercado laboral, coadyuvando el ya notable empobrecimiento del capital humano,
el cual se deprecia a la misma velocidad con que se desemplea o se emplea en
actividades informales.

Fuente: Venezuela Analítica