El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, ha anunciado que los inmigrantes cuya petición de regularización fue rechazada, más de 55.000 a fecha 15 de julio, tendrán que ser expulsados. Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí defendió las expulsiones: “se hacen de manera totalmente discreta igual que se va hacer con la persecución de todo aquel que no cumpla las normas”.

Pide a los no admitidos que se vayan “voluntariamente” para no ser sancionados

En rueda de prensa, Aibar ha indicado que estos inmigrantes pueden intentar legalizar su situación mediante las vías ordinarias que recoge el Reglamento de Extranjería (arraigo social o laboral, circunstancias de carácter humanitario y reagrupación familiar).

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que aunque aún no se han resuelto el total de los más de 690.000 expedientes presentados entre el 7 de febrero y el 7 de mayo (periodo del último proceso de regularización), la cifra tramitada hasta mediados de mes (504.786) es bastante alta. Los inmigrantes cuyos expedientes no sean admitidos, o resulten denegados o archivados, podrán recurrir.

El 50% de las 690.000 solicitudes procede de inmigrantes ecuatorianos, marroquíes y rumanos. Los ecuatorianos son los inmigrantes que más se han acogido al proceso de regularización en el conjunto del país y también son los predominantes en once provincias, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que los rumanos lo son en otras veinte.
        
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales referidos al proceso de normalización que se inició el 7 de febrero y finalizó el pasado 7 de mayo, los rumanos son la nacionalidad que encabeza las listas de demandantes en veinte provincias, entre ellas las cinco de Castilla-La Mancha y las tres de Aragón.

“Expusiones discretas”

Días atrás, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, había manifestado que los inmigrantes sin posibilidad de acogerse a las vías de regularización previstas en el Reglamento de Extranjería deberán dejar el país. A aquellos que lo hagan  voluntariamente no se les aplicará ninguna sanción y podrán volver en otros contingentes.