José Piñera, fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, explica como se hizo la transición en el sistema de pensiones chileno, los beneficios obtenidos y las lecciones que deben tomar los países que no han realizado esta transición.

Políticas Públicas
Durante su visita a Chile el mes pasado, el presidente Bush destacó que el
modelo chileno de pensiones es un “excelente ejemplo” para la reforma del Seguro
Social en Estados Unidos. Por 24 años he promovido el sistema de pensiones
chileno, el cual está basado en la propiedad, la libertad de escoger y la
responsabilidad personal.
 
Habiendo discutido nuestra reforma con el
Sr. Bush en 1997 cuando era gobernador de Texas, y habiendo hablado en 1998 en
la Cumbre de la Casa Blanca sobre Seguridad Social durante la administración
Clinton, creo que existe ahora la oportunidad para un acuerdo bipartidista en
los Estados Unidos sobre este tema fundamental de política
pública.
 
El sistema de pensiones chileno estaba originalmente
basado en exactamente los mismos principios que guían el sistema de EE.UU. Se
originan en la Prusia del siglo 19, cuando Bismarck creo el sistema de reparto.
Pero un sistema como ese no solo es rehén de las tendencias demográficas,
también tiene una falla fatal: destruye el vínculo entre contribuciones
individuales y beneficios, es decir, entre esfuerzo personal y
recompensa.
 
La Ley de 1980 de Reforma al Seguro Social chileno
permitió a los entonces trabajadores decidir no participar en el sistema estatal
de pensiones, financiado por impuestos sobre los salarios, y en lugar de eso
contribuir a una cuenta personal de retiro. Lo que determina los beneficios de
jubilación de aquellos trabajadores es el monto de dinero acumulado en su cuenta
personal durante sus años de trabajo. Ni los trabajadores ni los empleadores
pagan un impuesto sobre los salarios.

Estos trabajadores tampoco reciben
una pensión del gobierno. En lugar de eso, 10 por ciento de su salario antes de
impuestos es depositado cada mes una cuenta de retiro personal. Los trabajadores
pueden voluntariamente contribuir mensualmente hasta un 10 por ciento adicional
de su salario antes de impuestos. Los montos invertidos crecen libre de
impuestos y los trabajadores pagan impuestos sobre este dinero solamente cuando
se hacen retiros para su jubilación. Al retirarse, los trabajadores pueden
escoger entre 3 opciones: adquirir una pensión vitalicia familiar, indexada a la
inflación, en una compañía de seguros de vida; dejar sus fondos en su cuenta
personal y hacer retiros mensuales, sujeto a límites basados en las expectativas
de vida (si un trabajador muere, los fondos restantes forman parte de su
herencia); o cualquier combinación de los dos anteriores.
 
En
cualquier caso, si el dinero excede el monto necesario para proveer mensualmente
un beneficio equivalente al 70 por ciento del salario más reciente del
trabajador, entonces el trabajador puede retirar todo el remanente. Un
trabajador que ha alcanzado la edad de jubilación y ha contribuido al menos por
20 años, pero sus fondos acumulados no son suficientes para proveer una “pensión
mínima” (definida por la ley), recibe ese monto del gobierno una vez que los
fondos en la cuenta personal se han agotado (aquellos sin 20 años de
contribuciones pueden obtener una pensión asistencial de nivel
inferior).
 
Los trabajadores pueden escoger cualquiera de varios
fondos de pensiones privados que compiten entre si para manejar las cuentas.
Aquellas compañías no se pueden involucrar en ninguna otra actividad y están
sujetos a una supervisión estricta por una superintendencia gubernamental. Los
trabajadores de mayor edad deben poseer fondos mutuos concentrados en bonos de
corto plazo, mientras que los trabajadores jóvenes pueden tener la mayor parte
de sus fondos en acciones. La ley alienta los portafolios diversificados, sin la
obligación de invertir en bonos del gobierno o cualquier otro instrumento
financiero. Cada trabajador recibe cada tres meses un estado de su cuenta, y
puede llevar el control del capital para el retiro en cualquier momento.
Trabajadores con suficientes ahorros en su cuenta para comprar una pensión
vitalicia “suficiente” (50 por ciento de su salario promedio, siempre y cuando
sea un 20 por ciento más alto que la pensión mínima) pueden dejar de contribuir
y comenzar a hacer retiros.
 
Pero no hay obligación de dejar de
trabajar, a cualquier edad, tampoco hay obligación de continuar trabajando o
ahorrando para el retiro una vez que el trabajador ha alcanzado el nivel de
beneficio “suficiente”. Debido a que las cuentas personales de retiro están
atadas a los trabajadores y no a la empresa en la que se trabaja, los
trabajadores pueden llevar sus cuentas consigo cuando cambian de trabajo,
manteniendo un mercado laboral flexible.
 
El sistema no penaliza ni
subsidia a inmigrantes, los cuales reciben lo que ellos han contribuido, incluso
si ellos regresan a su tierra natal. Establecimos tres reglas para la transición
al nuevo sistema de cuentas personales: el gobierno garantiza a los jubilados
que sus beneficios no se verán afectados por la reforma; todos aquellos que ya
están en la fuerza laboral pueden quedarse en el sistema estatal o moverse al
sistema de cuentas personales de retiro (aquellos que deciden cambiarse se les
daba un “bono de reconocimiento” calculado para reflejar los derechos ya
adquiridos por el trabajador); y todos los nuevos trabajadores entran al sistema
de cuentas personales.

Con este sistema, terminamos la ilusión que tanto
el empleador como el trabajador pagan los impuestos sobre los salarios. Como
bien saben los economistas, todas las contribuciones son pagadas, en última
instancia, por los trabajadores debido a que el empleador toma en cuenta todos
los costos laborales al adoptar sus decisiones de contratación y salario. Para
proteger los salarios netos de los trabajadores, inicialmente recategorizamos
las contribuciones del empleador como un sueldo bruto adicional.
 
No
hubo costo “económico” en la transición, porque esta reforma no causa daño al
producto interno bruto (por el contrario, hay un enorme beneficio). Un tema
completamente diferente es como afrontar el costo de “flujo de caja” del
gobierno al reconocer y, por último, eliminar las obligaciones no financiadas
del sistema de pensiones de reparto. En 1980, la deuda implícita del sistema
chileno era del 80 por ciento del PIB. Utilizamos cinco “fuentes” para generar
ese flujo de caja: a) una emisión única de bonos gubernamentales a largo plazo a
tasas de interés de mercado de tal manera que el costo financiero de la
transición fuera compartido con futuras generaciones; b) mantuvimos por un
tiempo limitado un impuesto residual sobre los salarios; c) la privatización de
empresas estatales, lo cual incrementó la eficiencia, previno la corrupción y
propagó la propiedad; d) un superávit fiscal creado deliberadamente antes de la
reforma (por muchos años después, pudimos utilizar la necesidad de “financiar la
transición” como un argumento poderoso para contener incrementos en los gastos
gubernamentales); e) mayores ingresos fiscales que resultaron del mayor
crecimiento económico, impulsado por el sistema de cuentas personales de
retiro.
 
Desde que el sistema se inició el 1 de mayo de 1981, el
promedio real de retorno en las cuentas personales ha sido de 10 por ciento al
año. Los fondos de pensiones han acumulado recursos equivalentes al 70 por
ciento del PIB, ahorros que han ayudado a financiar el crecimiento económico y
que han creado un mercado de capitales doméstico líquido de largo plazo. Al
incrementar los ahorros y al mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el
de capitales, la reforma contribuyó a duplicar la tasa de crecimiento de la
economía entre 1985 y 1997 (de un histórico 3 por ciento a un 7.2 por ciento
anual) hasta la desaceleración causada por la errónea respuesta del gobierno a
la crisis asiática.

Las cuentas personales se han vuelto el “tercer
riel” intocable de la política chilena y el sistema ha sido aceptado, e incluso
marginalmente mejorado, por los tres gobiernos de centro-izquierda de los
últimos 14 años. Pero debe decirse que algunas distorsiones creadas por esos
gobiernos en el mercado laboral han incrementado el desempleo y los contratos
laborales de corto plazo, reduciendo la participación en el sistema y haciendo
que la red social futura sea más cara para el Estado. Cuando el sistema fue
inaugurado, un cuarto de la fuerza laboral elegible se cambió en el primer mes.
Hoy en día el 95 por ciento de los trabajadores cubiertos participan en el
sistema de cuentas personales.

Para los chilenos, sus cuentas de retiro
representan derechos de propiedad reales. Ciertamente, son esas cuentas, y no
las riesgosas promesas gubernamentales, la fuente primaria de seguridad para el
retiro. El principal activo del trabajador chileno típico no es su auto usado o
incluso su pequeña casa (probablemente todavía hipotecada) sino el capital en su
cuenta de retiro. Puesto que ellos tienen un interés personal en la economía,
los trabajadores se alegran de las alzas en el mercado accionario en lugar de
resentirlas, y saben que malas políticas económicas del gobierno dañaran su
jubilación.

Cuando los trabajadores sienten que ellos mismos son dueños
de una parte de la riqueza de su país, ellos se involucran y apoyan un mercado
libre y una sociedad libre.
 
José Piñera fue el ministro del Trabajo
y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del
Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y
presidente del International Center for Pension Reform
(www.pensionreform.org).
 
Este artículo fue publicado originalmente
en el New York Times el 1 de diciembre de 2004.
 
Traducido por
Nicolás López para Cato Institute