Gobierno y Partido Popular han mantenido una nueva reunión para acercar posturas al respecto. En ella, el PP ha propuesto que la futura regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados se saque del reglamento. Caldera acusa a los populares de no presentar alternativas.

SOBRE EL RESTO DE LA REFORMA PROPUESTA PODRÍA HABER ACUERDO
Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un encuentro entre el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el portavoz popular en esta cámara, Eduardo Zaplana, y la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor. El fin de este encuentro era intentar alcanzar un acuerdo en torno al reglamento de la Ley de Extranjería.

Tras la reunión, el propio Caldera reconoció que se habían producido avances y que ve posible alcanzar un acuerdo, lo que permitiría contar con una política de Estado en materia de inmigración. Sin embargo, hay un aspecto de la reforma que encuentra el pleno rechazo del PP. Se trata de la apertura de un proceso de regularización, aspecto denunciado desde las filas populares desde que empezó a hablarse de la reforma.

Concretamente, Zaplana cree que tendrá graves consecuencias al no poderse concretar el número de posibles beneficiarios. En su opinión, no se puede iniciar esa regularización, que podría beneficiar a “más de 800.000 inmigrantes”, sin conocer las previsiones concretas, qué consecuencias puede tener para el empleo y qué “nivel de resistencia” tiene el país, porque en su opinión existe un límite y se corre el peligro de desbordar la capacidad de acogida y de “no poder soportar en el futuro el coste del proceso”.

Zaplana, que ha asegurado que apoyarían sin reservas el texto si se retirara la Disposición Transitoria Tercera que contempla ese nuevo proceso extraordinario de regularización, ha citado entre las gravísimas consecuencias que tendría este proceso los costes, el efecto llamada o el impacto en el empleo y los servicios sociales. Igualmente, aseguró que este tipo de medidas son contrarias a la política de Extranjería defendida en la UE, ya que España es el único país que va a desarrollar un proceso de esta naturaleza.

Considera, además, que el proceso transitorio puede crear “más problemas de los que queremos resolver”. Ha asegurado que Francia y Alemania ya han expresado su temor ante el efecto llamada y el incremento de la actividad de las mafias.

No obstante, el portavoz parlamentario popular no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo al margen de esta regularización y de seguir acercando posiciones, especialmente en lo que se refiere al arraigo social y laboral. “El proceso de regularización es la parte fundamental de nuestra discrepancia”, insistió.

El Gobierno insiste

Pese a este desencuentro, Caldera explicó que el Ejecutivo no separará del Reglamento lo que denomina como “proceso de legalización” porque “todo el mundo está de acuerdo en que a los inmigrantes que ya están trabajando en España de forma irregular hay que darles un cauce para que ese trabajo sea legal”.

“El PP discrepa del proceso de legalización, pero no da ninguna alternativa. En este punto está solo. El Gobierno lo va a mantener y lo va a mantener dentro del Reglamento”. Sin embargo, el titular de Trabajo reseñó que el principal partido de la oposición sí coincide en grandes líneas con el resto del texto del Reglamento, lo que califica de “avance” importante.

Por ello, tras esta segunda reunión, el Gobierno está dispuesto a volver a mantener contactos las veces que sean necesarias para acercar posturas porque, si finalmente el PP apoya el Reglamento (al margen de la regularización), “estará apoyando los principios inspiradores de la política migratoria española”.

Así, el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar propuestas de enmiendas del PP que, en gran parte, van dirigidas hacia la regulación de las futuras figuras del arraigo laboral y social, ya que los populares se oponen firmemente a la posibilidad de que el trabajador extranjero en situación irregular pueda denunciar al empresario para obtener una autorización de residencia.