El “Informe Global sobre la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (TI), ha desvelado que España “continúa con la tendencia negativa” que en los últimos ha mantenido y en el presente año se ubica en el puesto 28 con una nota de 6,5. Esa cifra, explicó el presidente de TI-España, pone de manifiesto que “la corrupción galopante y claramente alarmante”.

ECONOMÍA/ La corrupción es ya “alarmante”

AGENCIAS/EDE.- El presidente de Transparencia Internacional capítulo España, Jesús Lizcano, informó que el “Informe Global sobre la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado” refleja un alarmante aumento de la corrupción. Si hace cinco años se encontraba en el puesto veintidós con una clasificación de 7,1 puntos, en el presente año está en el puesto veintiocho con una nota de 6,5.

Lizcano remarcó que los datos “ponen de manifiesto que la corrupción es galopante y claramente alarmante”, sobre todo en lo que respecta a corrupción urbanística, un campo que aflora de forma especial “gracias a la actuación de jueces, medios de comunicación y Guardia Civil”. Sin embargo, y a pesar de que el informe señala como “síntoma positivo un previsible decrecimiento de la corrupción en el ámbito de las construcción”, el presidente de TI indicó que los datos muestran que “la permisividad de los españoles con la corrupción es más alta de lo normal”, en comparación con los datos globales.

En el ámbito internacional, el informe expone que en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan corruptamente habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares americanos por año, al mismo tiempo que los casi 3oo carteles descubiertos entre 1990 y 2005, que fijan precios al unísono, aplicaron a sus consumidores sobreprecios por unos 300.000 millones.

En declaraciones a Europa Press, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Mauel Villoria, indicó que  los cuestionarios revelan que “dos de cada cinco ejecutivos reconocen que han ofrecido o les han demandado un soborno”, a la vez que admiten que este tipo de prácticas incrementan “de media” el coste de los proyectos empresariales.