Los ministros de Justicia de España y Argelia acordaron iniciar las negociaciones para la firma de un convenio de extradición entre ambos países, y un segundo de traslado de personas condenadas, como el que ya existe con Marruecos, con motivo de la cumbre bilateral hispano-argelina que se celebra en Madrid.

Además, los ministros han firmado un Convenio de Asistencia Judicial Civil y Mercantil que permita dar seguridad jurídica al creciente número de transacciones y actividades comerciales.

Este convenio es el primer fruto del reciente viaje que realizó el ministro español al país magrebí el pasado mes de diciembre, donde se acordó impulsar y relanzar las negociaciones en materia de cooperación. La firma se ha realizado hoy en el Palacio de La Moncloa, aprovechando la cumbre bilateral.

El acuerdo viene a sumarse al Convenio de Asistencia Judicial Penal, ya ratificado por los respectivos países, que desde hoy mismo está ya en vigor al haberse procedido al "canje de notas".

Al mismo tiempo, otro de los temas presentes ha sido la futura elaboración y ejecución de un programa de cooperación hispano-argelino en el ámbito jurídico y judicial, que englobaría la formación de fiscales y de jueces, así como la reforma y la modernización de la justicia (intercambio de programas informáticos), entre otros.

El ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar trató en el viaje del mes de diciembre sobre temas bilaterales y multilaterales y consiguió dar importantes pasos en la normalización de la relaciones entre ambos países, después de las reuniones que se llevaron a efecto con los ministros de Justicia, Tayeb Belaiz; de Interior, Yazid Zerhouni, y de Asuntos Religiosos, Bouabdellaj Ghlallah.

Cooperación antiterrorista

En la cumbre de este jueves se ha tratado extensamente sobre la cooperación bilateral en materia de lucha contra el terrorismo, y España ha insistido en la necesidad de crear un grupo de cooperación judicial y policial, a semejanza del creado con Francia en el año 2001 y más recientemente con Marruecos.

El Grupo analizaría en un primer momento el seguimiento de las relaciones de cooperación judicial y más adelante el diseño de nuevos instrumentos para reforzar esa cooperación. Asimismo, se contaría con un foro de encuentros periódicos de las autoridades judiciales y policiales implicadas en la lucha antiterrorista.