El empresario francés Pierre Lescure, ex presidente del Grupo Canal Plus, ha presentado un informe con el que responde al encargo que le hizo Francois Hollande de revisar la política de derechos de autor de productos culturales.

El informe busca el equilibrio entre evitar que la gente se acostumbre a no pagar por la cultura, de un lado, y relajar las medidas antipiratería, de otro.

Francia cuenta desde 2009 con una impopular ley destinada a evitar las descargas ilegales de contenidos online. Conocida como ley Hadopi (por el organismo que protege la propiedad intelectual en Internet), prevé una respuesta graduada en tres tiempos frente a las infracciones. Al tercer aviso, un juez puede imponer al internauta una multa de hasta 1.500 € y suspenderle la conexión a Internet durante un mes.

Aunque ha habido pocas condenas hasta la fecha, la ley se ha demostrado eficaz por su efecto disuasorio. No obstante, el gobierno de Hollande considera que esta ley aprobada en tiempos de Sarkozy supone un atentado contra la libertad de acceso a Internet, reconocida por el Consejo Constitucional. 

Una de las principales recomendaciones del informe Lescure, que contiene 80 propuestas, es precisamente relajar las medidas antipiratería (lo que incluye suprimir el organismo que ha dado nombre a la ley Hadopi). Entre otras cosas, propone rebajar el tope de las multas de 1.500 a 60 €, y eliminar el castigo de la desconexión.

Ahora bien, el informe también prevé cautelas para proteger a los creadores de contenidos culturales, a la vez que quiere evitar que los consumidores se acostumbren a no pagar por ellos. Para eso, propone crear un impuesto del 1% sobre la venta de los dispositivos conectados (ordenadores, tabletas, smartphones…). La lógica es sencilla: dado que los consumidores están gastando más dinero en los soportes que en los contenidos, parece lógico que los fabricantes de esos dispositivos compensen con parte de sus ventas a los músicos, cineastas y otros creadores.

Al dar noticia sobre el informe Lescure, muchos medios extranjeros se han referido solamente a esta tasa, presentándola como un pulso de poder entre el gobierno francés y los gigantes tecnológicos como Apple o Google. El diario Le Monde, en cambio, prefiere presentar esta revisión de la política de derechos de autor como “un equilibrio delicado” que refleja las contradicciones de la izquierda: el deseo de defender a los creadores, por un lado, y el de proteger a los jóvenes que ven en Internet un espacio de libertad, donde los derechos de autor importan más bien poco.