El Plan Moto-E está dividido en tres tramos y condicionado a que los fabricantes e importadores realicen su propia aportación. Además, se establece un límite en el precio de 9.500 euros y será necesario achatarrar una motocicleta o ciclomotor, con determinados requisitos de antigüedad.

   Para los ciclomotores (de hasta 50 centímetros cúbicos) las ayudas sumarán 225 euros, de los que 75 serán aportados por el Gobierno y los 150 euros restantes, por las marcas. En el caso de las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, la ayuda asciende a 525 euros, 175 del Gobierno y el resto, del fabricante o importador.

   El máximo de las ayudas se sitúa en 750 euros, para motocicletas de más de 250 centímetros cúbicos. En este caso, el Gobierno aportará 250 euros, y el fabricante o importador deberá contribuir con los 500 euros restantes. Además, las comunidades autónomas podrán añadir sus propias aportaciones a estas cantidades.

   La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el plan tiene el doble objetivo de “incentivar un importante sector de la economía española, incluyendo el mantenimiento del empleo, y favorecer la renovación del parque de motocicletas y ciclomotores con vehículos más seguros y menos contaminantes”.