“El prófugo Alberto Fujimori Fujimori acaba de presentar a sus nuevos abogados y con ello pretende dar inicio a un nuevo capítulo de su estrategia de defensa político-legal. Para ello pretende sustentarla en algo que durante su gobierno elevó a la categoría de arte: la confusión de la opinión pública.”
Carlos Rivera Paz
La nueva defensa de Alberto Fujimori Fujimori tiene muy claro que sus objetivos
no son estrictamente procesales sino políticos. Por ello, antes de leer los
expedientes judiciales en los que se encuentra comprendido, ya está exigiendo
nada menos que la nulidad de todos los procesos. Los abogados saben
perfectamente que tal pedido es absolutamente improcedente, pero ellos quieren,
por sobre todo, convencer no a los jueces sino a la opinión pública que los
procesos son injustos, ilegales, irregulares y que en ellos no existen prueban
contra Alberto Fujimori. Fujimori, desde finales del año 2000, ha sido
comprendido como procesado en diversos procesos judiciales por delitos de
corrupción de funcionarios y violaciones contra los derechos humanos.
En
todos estos procesos el prófugo no solo ha tenido la todas las posibilidades
para defenderse, sino que además en muchos casos ha sido evidente la sospechosa
colaboración de algunos miembros de la Corte Suprema, como por ejemplo al
momento de elaborarse con sustancial retraso los cuadernos de extradición.
Tampoco debemos olvidar la defensa cerrada y cómplice que Japón hace del prófugo
bajo el inconsistente argumento de que es un súbdito japonés. A propósito, sería
muy conveniente que sus nuevos abogados aclaren si su patrocinado es peruano o
japonés.
Además de todo ello, es bueno remarcar que si algo ha
caracterizado al sistema anticorrupción es el respeto de las garantías básicas
del debido proceso y de los derechos fundamentales de los procesados, incluido
el del prófugo Alberto Fujimori Fujimori. Las órdenes de detención dictadas en
su contra se han dictado en mérito a la gravedad de los delitos cometidos y a
las pruebas de su participación criminal. No estamos, pues, ante una persecución
política como la defensa de Alberto Fujimori Fujimori pretende hacer creer a la
opinión pública, sino simplemente ante la acción regular de los órganos
jurisdiccionales ante hechos ilícitos, muchos de los cuales, como son los
crímenes de lesa humanidad, tienen la característica de ser
imprescriptibles.
Alberto Fujimori conoce perfectamente en qué delitos ha
participado y sabe también que ocupó la jefatura de una organización mafiosa
dedicada a cometer delitos de manera sistemática en agravio del Estado y contra
los derechos humanos. Sabe, por lo tanto, que existen pruebas que demuestran
ello y que estas están en los expedientes judiciales. ¿Si esto no fuera así por
qué entonces fugó del país mucho antes de que se le iniciara el primer proceso
judicial? En un año preelectoral este asunto es –sin duda– una de las
principales preocupaciones del prófugo Fujimori, puesto que lo que mantiene
alejado del Perú no es la inhabilitación del Congreso de la República sino los
procesos judiciales y las medidas cautelares que en ellos se han dictado.
Por ello es que su defensa apuesta a descalificar a los jueces
anticorrupción y a pretender asumir una posición de víctima del sistema de
justicia. Frente a ello, sería un grave error entrar al terreno político en el
que el prófugo Fujimori pretende definir su situación. Es el terreno judicial,
el terreno del caso concreto, el espacio en el que se debe producir las
definiciones.
Fuente: El Comercio –
Perú
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