La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución en la que invita a todos los países a abolir la pena de muerte que, habitualmente además, se suele aplicar en base a leyes discriminatorias y juicios ilegales.

A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN
Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución en la que invita a todos los Estados a “abolir la pena la muerte”. En caso de que los diferentes países se muestren reacios a aplicar la abolición de forma inmediata, la ONU recomienda, al menos, “instituir una moratoria sobre las ejecuciones”. Además, se pide a los países que aún tienen vigente la pena capital “que limiten progresivamente el número de infracciones sancionables” con esta condena. Asimismo, se insta a que se “hagan públicas las informaciones sobre la aplicaciones de la pena de muerte y de toda ejecución prevista”.

Por otra parte, Naciones Unidas solicita a los diferentes países que tienen la pena de muerte en vigor que no la apliquen a los menores de 18 años, a las mujeres embarazas y a las madres de niños pequeños. También deberían quedar al margen, recomienda la ONU, aquellas personas que padezcan algún tipo de deficiencia mental o intelectual.

Si el país encargado de presentar la resolución en nombre de la UE fue Luxemburgo, bueno es decir que venía copatrocinada por más de medio centenar de países. Del total de 53 Estados integrantes de la Comisión, la resolución fue aprobada por 26 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones.

Leyes discriminatorias

Además de lamentar que la pena de muerte suela aplicarse en virtud de “leyes discriminatorias” (en las que la mujer suele llevarse la peor parte), el texto muestra su preocupación por el hecho de que continúe aplicándose en todavía en muchos países. Mención aparte merece el hecho de que, en muchas ocasiones, la pena de muerte se produzca después de “juicios que no se celebraron con el respeto de las normas internacionales de igualdad”.

Entre los países contrarios a abolir la pena capital se encuentra EEUU, que basó su voto en contra alegando que se aplica como último recurso y sólo después de que se hayan agotado toda una serie de vías por parte de las personas condenadas. También votaron en contra China, Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Indonesia, Japón, Malasia, Mauritania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Suazilandia, Togo y Zimbabwe.

La realidad en cifras

El país que se sitúa a la cabeza en número de ejecuciones en el mundo es, según los datos que maneja Amnistía Internacional, China. De hecho, sólo en 2004 fueron sentenciadas a la pena máxima 3.400 personas.