El 11 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional de Senegal aprobó una modificación del artículo 319 del Código Penal que endurece las penas por mantener relaciones homosexuales, estableciendo condenas de entre cinco y diez años de cárcel, además de castigar la “apología” de los vínculos afectivos entre personas del mismo sexo. La medida salió adelante con 135 votos favorables, ninguno en contra y 3 abstenciones, tras un debate parlamentario que se prolongó durante diez horas. El Ejecutivo delegó en el ministro del Interior la defensa de la reforma, desplazando así una discusión centrada en derechos humanos hacia el terreno de la seguridad nacional. Durante la sesión, la diputada Diaraye Ba afirmó entre aplausos: «Los homosexuales ya no respirarán en este país.»
Promovida por el primer ministro Ousmane Sonko, conocido por su discurso anticolonial y por reivindicar la soberanía popular, la reforma también incrementa las multas hasta los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros) y sanciona cualquier forma de defensa pública de las relaciones homosexuales. La norma aún debe ser ratificada por el presidente Bassirou Diomaye Faye, a pesar de las solicitudes de ONUSIDA y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quienes le han pedido que no la promulgue. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, alertó de que este tipo de leyes profundizan el estigma, dificultan el acceso a tratamientos esenciales y obligan a muchas personas a vivir en la clandestinidad.
La jurista y afrofeminista Sylvia Tamale ha explicado que la persecución de la diversidad sexual en África tiene sus raíces en la herencia colonial: fueron las potencias europeas, especialmente el Imperio británico, las que implantaron normas destinadas a controlar la sexualidad como mecanismo de disciplina social. Lo que hoy suele presentarse como una defensa de la “cultura” responde, en numerosos casos, a la imposición histórica de una moral victoriana, tal y como han señalado distintos estudios sobre el legado colonial de la LGTBIfobia. En Senegal, por ejemplo, la tradición wolof reconocía figuras como el gor-digen, hombres con identidad de género femenina que ocupaban un lugar social aceptado; ese reconocimiento desapareció con la consolidación del Estado nación y el aumento de la presión religiosa. De este modo, la “cultura” invocada por algunos legisladores constituye, desde una perspectiva histórica rigurosa, una construcción política poscolonial que eliminó diversidades previamente existentes.
Las consecuencias de la reforma ya se perciben incluso antes de su entrada en vigor. En las semanas previas a la votación, la policía detuvo a doce hombres acusados de mantener relaciones homosexuales. Según testimonios locales, una denuncia anónima puede desencadenar registros policiales o incluso agresiones y linchamientos públicos. La nueva formulación del Código Penal coloca además a periodistas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos LGTBIQ+ bajo riesgo de persecución legal, convirtiendo la solidaridad y la defensa de derechos en posibles delitos. La fotógrafa y activista visual Zanele Muholi ha mostrado durante años cómo muchas comunidades negras LGTBI en África asisten a más funerales que a fiestas. ¿Qué tipo de proyecto emancipador deja fuera a parte de su propio pueblo? Un discurso anticolonial que persigue a las personas por su orientación sexual deja de ser realmente anticolonial. La interseccionalidad evidencia que las distintas formas de opresión se entrecruzan: quien experimenta racismo y homofobia al mismo tiempo no puede separar una lucha de la otra. Las personas LGTBIQ+ en Senegal también son senegalesas, y negarles el derecho a existir no protege ninguna tradición: constituye violencia de Estado, y nombrarla como tal también forma parte de la lucha por la igualdad.
Rocío Sánchez Fuentes,
es graduada en Antropología Social y Cultural y estudiante del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares.
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