Numerosos países africanos han intentado, desde hace siglos, construir un derecho moderno más igualitario que las normas heredadas del periodo colonial. Sin embargo, todavía persisten principios discriminatorios en diversas legislaciones nacionales. En muchos sistemas jurídicos africanos, la mujer casada continúa estando formalmente subordinada a la autoridad del esposo, aunque las leyes contemporáneas reconozcan su capacidad para ejercer una profesión y realizar actos jurídicos. La realidad jurídica africana se caracteriza por la coexistencia de normas tradicionales y marcos legales modernos, especialmente en el ámbito comunitario, lo que dificulta los procesos de reforma.

Aun así, África ha realizado importantes avances en materia de derechos de las mujeres. La mayoría de los países de África Occidental han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Protocolo de Maputo, complementario de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este último constituye un instrumento jurídico fundamental para la protección de los derechos de las mujeres, ya que amplía y refuerza los derechos reconocidos en otros textos internacionales. El Protocolo garantiza un amplio catálogo de derechos económicos y sociales y, además, fue concebido desde una perspectiva africana, atendiendo específicamente a las realidades y necesidades de las mujeres del continente. Entre las cuestiones que aborda destacan el VIH/Sida, la protección del patrimonio de las viudas, la desposesión de bienes y el derecho al aborto medicalizado en casos de violación o riesgo para la salud de la madre.

Pese a estos avances normativos, las desigualdades de género siguen presentes en los ámbitos económico, social y político. Algunos países, como Senegal, han incorporado en sus constituciones referencias a instrumentos internacionales de protección de derechos, integrándolos así en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, no existe un estatus único y homogéneo de la mujer en la sociedad senegalesa. La posición social y jurídica de las mujeres varía según la etnia, la región geográfica y el modelo de organización social predominante, ya sea matrilineal o patrilineal. Mientras que el matriarcado se basa en estructuras políticas, sociales y económicas dirigidas por mujeres y articuladas en torno al linaje materno, el patriarcado atribuye el control del poder y de las instituciones a los hombres.

Senegal representa un ejemplo significativo tanto de los avances legislativos como de las dificultades en su aplicación efectiva. La Constitución reconoce la igualdad de género y el país dispone de un marco jurídico favorable a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, reforzado mediante la ratificación de numerosos instrumentos internacionales y regionales. La Ley de Paridad aprobada en 2010 permitió alcanzar una representación femenina del 43% en la Asamblea Nacional y favoreció una tendencia cercana al 50% de mujeres en las autoridades locales del país.

No obstante, la aplicación práctica de estas normas continúa siendo limitada. La armonización formal del derecho con los instrumentos internacionales no garantiza, por sí sola, la efectividad de las normas si no va acompañada de políticas de divulgación, formación y sensibilización. Resulta esencial capacitar a operadores jurídicos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y representantes comunitarios para asegurar tanto una adecuada atención a las víctimas como una aplicación coherente de la legislación.

En este contexto, la Asociación de Juristas Senegalesas (AJS), fundada en 1974 e integrada por mujeres profesionales del ámbito jurídico, desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de la infancia. Sus actividades se centran en la divulgación del derecho, la lucha contra la violencia de género, la asistencia jurídica, la formación de la población y la promoción de relaciones de género más igualitarias. La AJS ha traducido convenios internacionales a lenguas nacionales como el wolof, el puular y el mandinga, y ha impulsado campañas de sensibilización, como el proyecto CinemArena, sobre temas como la permanencia de las niñas en la escuela, la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces. Asimismo, ha puesto en marcha una línea telefónica gratuita destinada a víctimas de violencia de género, ofreciendo asesoramiento jurídico en línea. Además, organiza formaciones dirigidas a magistrados, policías, personal médico y juristas comunitarios con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y reforzar la aplicación efectiva de las leyes. Estas iniciativas se enmarcan en un proceso continuo de consolidación y efectividad de las normas armonizadas, todavía en evolución.

Rocío Sánchez Fuentes,

es graduada en Antropología Social y Cultural y estudiante del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares.

Asociación de Juristas Senegalesas (AJS). https://femmesjuristes.org/?page_id=61