Durante años, Agbogbloshie, un barrio situado en el corazón de Acra, Ghana, fue conocido como uno de los mayores vertederos de residuos electrónicos del mundo. Miles de personas encontraron allí una forma de subsistir desmontando aparatos electrónicos llegados principalmente desde Europa. Sin embargo, detrás de ello se escondía una grave crisis ambiental y sanitaria que aún hoy continúa, incluso después de que las autoridades desmantelaran el asentamiento.
En 2021, el Gobierno de Ghana desalojó a la fuerza a miles de personas que vivían y trabajaban en este inmenso cementerio de chatarra electrónica. Las excavadoras arrasaron viviendas y talleres improvisados con el objetivo de recuperar el terreno, pero la intervención no fue acompañada de un plan de reubicación o alternativas laborales para quienes dependían de este trabajo. Dos años después, parte de los antiguos trabajadores han regresado. Muchos se han instalado en las inmediaciones del antiguo vertedero o continúan desarrollando la misma actividad en otros espacios cercanos. De esta forma, la demolición únicamente desplaza un problema existente sin solución real.
El caso de Agbogbloshie pone de manifiesto una realidad que trasciende las fronteras de Ghana. Según el Global E-waste Monitor, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en el planeta, una cifra que aumenta alrededor de 2,5 millones de toneladas cada año. Sin embargo, menos del 20% de estos desechos se recicla de forma adecuada. Gran parte de los aparatos que llegan a Ghana proceden de Europa bajo la apariencia de equipos reutilizables. No obstante, numerosas investigaciones han demostrado que muchos de ellos ya han alcanzado el final de su vida útil o son inservibles, convirtiéndose rápidamente en residuos una vez llegan al país.
Los efectos ambientales son alarmantes. Diversos estudios han detectado concentraciones elevadas de plomo, mercurio, arsénico, cobre y otras sustancias tóxicas en el suelo, el agua y el aire de Agbogbloshie. La Organización Mundial de la Salud advirtió que un solo huevo producido en la zona podía contener niveles extremadamente altos de dioxinas debido a la contaminación generada por la quema de residuos electrónicos. Las consecuencias también afectan directamente a quienes trabajan allí. Investigaciones realizadas por la Universidad de Ghana han constatado una elevada incidencia de problemas respiratorios, hipertensión y otras enfermedades crónicas entre los recicladores. Muchos describen dificultades para respirar después de pasar horas respirando el humo generado por la combustión de cables.
Diversas organizaciones internacionales han impulsado alternativas para reducir estos riesgos. La Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), por ejemplo, promueve la compra de cables antes de que sean quemados para enviarlos posteriormente a plantas de reciclaje especializadas. Sin embargo, los precios que ofrece son inferiores a los del mercado informal, por lo que muchos continúan recurriendo a los métodos tradicionales. Ghana cuenta desde 2016 con una legislación específica, la Ley de Control y Gestión de Residuos Peligrosos y Electrónicos, la cual regula la gestión de residuos electrónicos y obliga a fabricantes e importadores a contribuir económicamente a su tratamiento mediante una ecotasa.
No obstante, expertos y organismos internacionales coinciden en que el problema de Agbogbloshie no puede resolverse únicamente mediante desalojos o prohibiciones. Es necesario reforzar el control del comercio internacional de residuos electrónicos, mejorar la aplicación de la legislación vigente y ofrecer alternativas económicas a quienes dependen del reciclaje informal para sobrevivir. La historia de este vertedero refleja uno de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo: el creciente volumen de basura electrónica generado por el consumo mundial y la tendencia a trasladar sus costes ambientales y sociales a los países con menos recursos. Mientras no se aborde el problema desde su origen, lugares como Agbogbloshie seguirán siendo el símbolo de una economía global que externaliza la contaminación y deja que los más vulnerables asuman sus consecuencias.
es graduada en Antropología Social y Cultural y estudiante del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares.
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