La familia del expresidente de la Generalitat habría tejido una gigantesca maquinaria de lavado de capitales, también utilizada por otros políticos y empresarios para sacar dinero opaco al extranjero.

EL CONFIDENCIAL

La investigación sobre la presunta trama de blanqueo de la familia Pujol ya se ha saldado con la imputación de sus nueve integrantes, pero las pesquisas también pueden acabar provocando la caída de otros políticos y empresarios de primer nivel que hicieron negocios con el clan más poderoso de Cataluña y que hasta ahora han conseguido permanecer en un discreto segundo plano. Los expertos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional consideran probado que los Pujol crearon un complejo entramado societario con conexiones en los principales paraísos fiscales para lavar los fondos que obtenían mediante el cobro masivo de comisiones ilegales. Pero, según fuentes cercanas al caso, la saga del expresidente de la Generalitat también puso su maquinaria de blanqueo al servicio de otras grandes fortunas que buscaban una vía para evadir grandes sumas de dinero opaco.

El informe realizado por la UDEF a partir de la información remitida por Andorra el pasado junio con datos de las cuentas que los Pujol tenían desde 1990 en dos entidades del Principado, Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA), apunta en esa dirección. El documento revela que el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, no solo utilizó sus cuentas para ingresar el dinero de las comisiones. También realizó transferencias desde ellas a favor de otros empresarios. En noviembre de 1992, Jordi Pujol Jr. movió 60,8 millones de pesetas desde un depósito en Andbank con numeración 81511 a una cuenta controlada por el empresario Ramón Ubals Estregues. Los agentes subrayan la peculiaridad de esta salida de dinero desde una cuenta del entramado del clan Pujol y la atribuyen a una operación de blanqueo de capitales. De hecho, Ubals realizó posteriormente cuatro ingresos a favor de Jordi Pujol Jr. por un importe total de 87 millones de pesetas entre mayo de 1993 y junio de 1994. Se trata de movimientos cruzados que habrían servido al empresario para evadir dinero a la Hacienda española.

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