La discrecionalidad, aunque es inherente y esencial al ser humano, no deja de ser delicada, particularmente cuando se aplica a lo ajeno y más si se delega a burócratas.

Opinión: Fundación Libertad (Panamá)
Partamos del principio que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté
expresamente prohibido por la ley, mientras que los funcionarios públicos sólo
pueden hacer aquello que expresamente les señala la ley. Es decir que, en
principio, al funcionario, en el ejercicio de sus funciones, le hemos
restringido severamente la discrecionalidad porque le hemos encomendado cierto
manejo de nuestros asuntos. No tiene sentido darle las armas, el poder
coercitivo, y encima darles la discreción de usar ese poder y nuestra plata como
les venga en gana.

El asunto de las partidas “discrecionales” o
“secretas”, como las llaman algunos, es un tema que si le halamos el hilo de su
madeja nos puede llevar al origen del problema del poder público;
veamos:

Hemos armado un bochinche en Panamá por lo de las partidas
“discrecionales” que algunos incorrectamente también llaman “secretas.” Sin
embargo, opinamos que casi todos los gastos que hacen los burócratas del
gobierno son “discrecionales”, y lo decimos con conocimiento de causa pues John
fue burócrata por mucho años.

La forma en que nuestros funcionarios
disponen de nuestro dinero resulta muy discrecional y aun secreta, en contra de
los principios de buen gobierno. ¿Cuántos están enterados de cómo se decide y
ejecuta el presupuesto de la Autoridad de Aviación Civil, Marítima, o de
cualquier otra institución? ¿Por qué no exigimos que se publiquen mensualmente
en sus páginas web? La experiencia demuestra que el crecimiento de las
instituciones gubernamentales es en gran medida vegetativo y discrecional y no
el resultado de un análisis exhaustivo y concienzudo; por que si así fuese,
seguramente que votaríamos por acabar con un 80% de todo lo que hacen nuestros
gobiernos, que más que nada es malgastar buen dinero. Esta discrecionalidad
conduce a la toma de decisiones arbitrarias e imprudentes que inhiben el
desarrollo y fabrican pobreza.

¿Cómo llegamos a caer en esta lastimosa
situación y cuáles son las alternativas? Un punto de partida es asemejar el
gobierno a una enorme piñata llena de dinero. Imagínense qué ocurriría si
armamos semejante piñata e invitamos a todo el que quiera a darle palo: tremenda
trifulca, ¿verdad? Pues ese es el problema: que la piñata, que llamamos
gobierno, usualmente atrae al vivo que ve en el “servicio público”, una
“piñata”.

Esta es una realidad inherente a cualquier puesto de gobierno y
por ello es de suma importancia que al delegar semejante responsabilidad —la de
ser quien parte y reparte— tengamos sumo cuidado en definir y limitar tan
delicada facultad. Como decía Lord Acton: “El poder corrompe, y el poder
absoluto corrompe absolutamente.” Lo mismo decimos de la
discrecionalidad.

Tomemos el caso de Bocas del Toro, en donde un
importante número de ciudadanos se toma las calles y exige energía, agua, etc.
¿Es correcto que los ciudadanos “exijamos” estas cosas si no se les puede dar a
todos? ¿Podemos dárselas a cada familia indígena y campesina que vive dispersa
en nuestras montañas? ¿Quién paga? Entonces, ¿sobre la base de qué se les da a
algunos y no a otros? Tengamos presente que lo que se le da a unos se le quita a
otros. ¿Quién decide a quien se le da y a quien se le quita? Lo justo está en un
cambio bastante radical en la forma en que hemos venido “gobernándonos”. Tenemos
que descentralizar y potenciar a los ciudadanos para que resuelvan sus propios
problemas y no se sienten a esperar que el gobierno les resuelva, con dinero de
otros. O peor, a violentar el orden público si no reciben. No perdamos de vista
que hoy el dinero que se usa en una comunidad es de todos los panameños, y si
les consultásemos, seguramente no estarían muy de acuerdo que fondos suyos sean
usados en sitios muy alejados de su fuente original.

Al señalar estas
cosas, muchos suelen preguntar: ¿y qué haremos con todos esos funcionarios
desempleados? ¡Ajá! lo importante es el funcionario desempleado y no la enorme
mayoría de panameños desempleados y pobres a quienes les estamos condenando a un
costo de vida insoportable. ¡Vaya forma de pensar!

Mientras tanto,
sepamos que las partidas discrecionales son eso, “discrecionales” y si un
gobernante las usa para comprar ropa y joyas, pues, ¿para qué le dimos semejante
facultad? No hay que darle mucha discreción a ningún burócrata, y si se la
tenemos que dar, que sea “transparente” y su naturaleza definida por
ley.

Originalmente publicado por la Fundación Libertad de Panamá