Tras el referendo, la tarea tanto del oficialismo como de la oposición, es reconducir el proceso de cambio constitucional.

Pamela Asturizaga

El proyecto de Nueva Constitución Política del Estado fue aprobado en Bolivia por un 60% del electorado nacional según resultados preliminares. Dichos resultados son un reflejo más de las fracturas regionales y culturales pervivientes entre los bolivianos. Si bien es cierto que Bolivia necesitaba reformar su marco jurídico e institucional luego de 42 años de una misma Constitución, el mandato principal de la reforma se sintetizaba en dos puntos principales; a) El reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y b) La implementación de un régimen de autonomías. La primera de carácter más social y la segunda inclinada  al aspecto político económico.

Si bien ambos elementos están incluidos, sin embargo cabe preguntarnos cómo y de qué manera serán aplicados éstos y otros puntos de la nueva Constitución, si ya en su redacción es ambigua y contradictoria en varios temas, como por ejemplo:

• La reivindicación de derechos de los pueblos indígenas acentúa diferencias étnicas, otorgando derechos privilegiados a estos grupos de la población, y dividiendo a los bolivianos en originarios y no originarios.
  
• No existen límites claros en las unidades territoriales ni en la jerarquía normativa de los cuatro tipos de autonomías; regionales, indígenas, departamentales y municipales. Lo cual puede derivar en serios enfrentamientos por el control de territorio y recursos naturales.
  
• Se incorporan las denominadas Circunscripciones Especiales Indígena Originario, que deriva en la subrepresentación de unos y la sobrerepresentación de otros, ya que 30 personas de una comunidad indígena podrán tener un escaño como circunscripción especial, al igual que 50.000 paceños del área urbana del departamento de La Paz.
  
• Se politiza el Sistema Judicial al elegir por voto directo a los miembros del Tribunal Constitucional, eliminando los criterios meritocráticos de elección, por lo tanto debilitando la credibilidad de la institucionalidad.
  
• Existe una dualidad en el Sistema Judicial al incorporar 36 sistemas de justicia de acuerdo a los usos y costumbres de las 36 naciones indígenas oficiales.

No se debe olvidar que cuatro departamentos de nueve le dijeron NO al proyecto de constitución. No es posible obviar a un 40% de población electoral en democracia, por lo cual queda entonces consensuar, negociar y convencer (vencer con) equilibrando las posiciones entre mayorías y minorías.

La nueva tarea tanto del oficialismo como de la oposición, es reconducir el proceso de cambio constitucional, la etapa de aplicación de aquel será mucho mas complicada dadas las circunstancias, y la responsabilidad de su viabilidad o no debe ser compartida por los diferentes enfoques políticos.

Por ultimo, cabe resaltar que lo positivo del proceso de reforma constitucional, fue sin duda la continuidad de Bolivia como un país democrático, donde el poder constituyente esta vigente y las posibilidades de hacer perfectibles a las leyes que lo rigen se mantienen abiertas.

Fuente: Centor para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)