Francia, Alemania, Italia o Países Bajos, piden que las decisiones se adopten por mayoría cualificada.

Principal obstáculo para el acuerdo

Londres mantiene sus reservas a la reforma porque quiere limitar al máximo los poderes de mediación de las tres nuevas autoridades europeas (bancaria, bursátil y de seguros) que se crearán para arbitrar cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Las tres nuevas autoridades europeas se encargarán de elaborar normas comunes para las entidades financieras y supervisarán a las agencias de calificación de riesgos. Además, dispondrán de facultades decisorias vinculantes en caso de desacuerdo entre los supervisores del Estado de establecimiento y los de acogida de una entidad transfronteriza.

Para responder a las preocupaciones de Londres, la propuesta legislativa de la Comisión, según Europa Prees,  deja claro que las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de supervisión no deberán incidir en modo alguno en las competencias presupuestarias de los Estados miembros, es decir, no les pueden obligar a inyectar dinero en una entidad con problemas. Pese a ello, Reino Unido quiere restringir todavía más los casos en los que puedan decidir las nuevas autoridades.

El Gobierno británico pretende además reforzar la cláusula de salvaguarda que ya preveía la propuesta de Bruselas, según la cual, si un Estado miembro considera que sus responsabilidades fiscales han resultado afectadas por una decisión de las autoridades, existe un mecanismo para recurrirla, de forma que la decisión final queda en manos de los Veintisiete. Londres exige que haya una mayoría cualificada en el Ecofin para ratificar la decisión de las autoridades, mientras que el resto de países creen que la mayoría cualificada debería ser para tumbarla.