Política

Ronda de Cartagena: Le llegó al libre comercio la hora de la verdad

“En Colombia, sectores específicos temen por su suerte en la montaña rusa de las últimas rondas de la negociación. Sin un acuerdo nacional previo, no es casualidad que el famoso “cuarto de al lado” esté vacío de empresarios y congresistas estadounidenses, pero atiborrado de colombianos.”


No es posible aplazar más los temas críticos del sector agropecuario y la propiedad intelectual en los que se juegan varias de las aristas más sensibles del Tratado. Los Estados Unidos vienen a tallar duro, como corresponde a su afán de asegurar su relación con Colombia: el aliado estratégico más importante que les queda en el Hemisferio. Pero quieren el Tratado de Libre Comercio (TLC) más barato posible. Cosechan, además, los frutos de haber construido confianza interna mediante la Ley de Comercio que, en el 2002, dispuso alrededor de 250 instrucciones detalladas a su gobierno en torno a los propósitos y umbrales de cualquier acuerdo comercial. Se presentan sólidos y unidos a la mesa. Pero en Colombia cunde el nerviosismo. Sectores específicos temen por su suerte en la montaña rusa de las últimas rondas de la negociación. Sin un acuerdo nacional previo, no es casualidad que el famoso “cuarto de al lado” esté vacío de empresarios y congresistas estadounidenses, pero atiborrado de colombianos.

En materia agropecuaria, no hay avances importantes en acceso real a su mercado. Sus aranceles, ya hoy bajos, cumplen el papel de cortina de humo. La verdadera muralla, la de sus reglas sanitarias y fitosanitarias, medidas administrativas y de seguridad, permanece intacta, en la medida en que no se obtiene la homologación de autoridades colombianas ni el manejo bilateral, objetivo y transparente de un entramado tan sofisticado.

El otro dique, el de las ayudas internas y los subsidios financieros con los que los EE.UU. apoyan su economía rural, ya se dejó para el incierto escenario de la OMC. Pero su permanencia no solo nos hace imposible competir en su mercado doméstico y en el mundial, sino que representa la mayor amenaza frente a nuestra producción agropecuaria. Nuestra raya roja debe estar en la garantía de instrumentos compensatorios tales como las franjas de precios para equilibrar sus subsidios en nuestro mercado. Y ojo: que sean permanentes. No que aceptemos su vigencia sólo durante el período de desgravación arancelaria, porque veinte años se pasan volando y, luego, quedaríamos desnudos, expuestos al inclemente acoso comercial de los Estados Unidos. Permitir la importación de bienes subsidiados, con arancel cero, sólo porque ya se absorbió la cosecha nacional, significaría la crónica de una muerte anunciada del respectivo cultivo en nuestro suelo.

Aun si desaparecieran los subsidios, Colombia debe mantener instrumentos discrecionales para proteger, por razones de orden público, algunos cultivos. El ejemplo es el arroz. Producirlo nos cuesta 270 dólares/tonelada. A ellos, antes de toda ayuda, 180 dólares… ¿Lo vamos a importar? Implicaría la pérdida de 500.000 hectáreas cultivadas (la novena parte del área sembrada en el país). Y de 750.000 empleos… Sólo una cláusula de paz bien negociada impediría que terminemos consumiendo comida extranjera, buena, bonita y barata, pero encerrados en las jaulas de oro de nuestras propias ciudades. En propiedad intelectual, todo aumento en los niveles de protección se gira contra el acceso de millones de colombianos pobres a medicamentos genéricos y del sector agropecuario a agroquímicos baratos. Ya la administración Uribe fue demasiado lejos con el decreto 2085 de septiembre del 2002, que ahora pretende petrificar en las cláusulas del Tratado. Los umbrales de protección, sostenibles socialmente, ya fueron fijados por el mundo en la declaración de Doha y el Gobierno no debería moverse de allí como si fuéramos Dinamarca, cuando todos sabemos que somos Cundinamarca.

En contraste, nuestro acceso real a ciencia, tecnología y bienes industriales, esenciales para nuestra industrialización, y una protección adecuada para nuestra riqueza biogenética, así como la garantía de compartir las ganancias que con ella se obtengan, deberían constituir las líneas rojas en esta materia.

Colombia podría obtener todo esto, y mucho más, si estuviera unida, usara el espejo y hubiera definido una buena estrategia política. Pero hoy, convertidos en una torre de Babel, ignorantes de nuestra singularidad e importancia en el mundo y con unas ganas no disimuladas por delante, nos aproximamos a la decisión más crítica de nuestra vida internacional confiando sólo en que San George nos haga el milagrito.

Fuente : El Tiempo (Colombia)

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