Durante la presidencia en turno de la UE, España deberá diseñar un plan económico capaz de generar crecimiento y empleo los próximos diez años que sustituya a la fallida estrategia de Lisboa. Ese documento deberá acelerar la salida de la crisis económica y financiera que afecta a Europa desde hace dos años y medio. También será una prioridad para el Gobierno español avanzar en la creación de un Gobierno económico europeo y especialmente de la eurozona.

 

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero toma las riendas de la UE en una situación de debilidad desde el punto de vista económico. La recuperación en España va con retraso respecto a los grandes países de la eurozona como Alemania o Francia, debido al impacto de la burbuja inmobiliaria, de manera que el paro llegará en 2010 al veinte por ciento de la población activa, el doble que la media comunitaria, y el déficit público se situará en el 10,1 por ciento del PIB, según las previsiones de la Comisión Europea.

 

Al resto de países de la UE les espera en 2010 una recuperación débil (un crecimiento del 0,7 por ciento frente a una contracción del 0,8 por ciento en España), insuficiente para frenar el aumento del paro. Además, el déficit y la deuda continuarán disparándose debido a la caída de los ingresos fiscales, las medidas anticrisis y el gasto para las prestaciones por desempleo.

 

En ese contexto, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, deberá dirigir los debates sobre cuándo deben retirarse los estímulos fiscales y los planes de ayuda a los bancos. Una eliminación prematura podría asfixiar la recuperación, pero la continuidad de estas medidas amenaza con provocar problemas de solvencia como los que afectan a Grecia y que podrían contagiarse a otros países y poner en riesgo la estabilidad del euro.

 

De momento, “Los Veintisiete” están de acuerdo en que todavía no ha llegado la hora de suprimir las ayudas, pero ya han dejado claro que como muy tarde deberá hacerse en 2011 y algunos países, como Grecia o también España, deben adelantarse para evitar que se dispare más su déficit y su deuda. Su papel de árbitro en las discusiones en tanto que presidenta del Ecofin restará a Salgado margen de maniobra para defender las posiciones españolas.